Trump acusa: “Los cárteles gobiernan México” y anuncia ataques terrestres
El presidente acusa a los narcos de “gobernar” el país vecino y eleva el tono militar tras la operación en Venezuela
El discurso de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México ha cruzado un nuevo umbral. En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que “los cárteles gobiernan México” y advirtió que su país está preparado para “empezar a atacar a fondo” a estas organizaciones mediante operaciones que incluyen incursiones terrestres en territorio mexicano.
La amenaza llega en un momento especialmente delicado, con la región aún tratando de asimilar el reciente ataque terrestre en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y reabre el debate sobre los límites entre la cooperación en seguridad y la intervención directa.
Trump atribuye a los cárteles la responsabilidad de entre 250.000 y 300.000 muertes anuales en Estados Unidos por narcotráfico, una cifra que utiliza para justificar un giro de máxima dureza.
La reacción en México no se ha hecho esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum y otras voces políticas han rechazado de plano cualquier opción de intervención militar, recordando que la soberanía “no se negocia”.
La pregunta, de nuevo, es hasta dónde está dispuesto Washington a llevar su estrategia y qué coste puede tener para la estabilidad regional.
“Los cárteles gobiernan México”: una frase que desborda la retórica
La afirmación de Trump de que “los cárteles gobiernan México” no es solo un exceso verbal de campaña: implica negar en la práctica la autoridad efectiva del Estado mexicano sobre su propio territorio. En términos diplomáticos, es una declaración explosiva. No se limita a denunciar el poder real de las organizaciones criminales, sino que sugiere un vacío de gobierno que, a ojos de Washington, justificaría medidas excepcionales.
La frase encaja con un patrón discursivo que presenta a México como un Estado capturado por el crimen, donde las decisiones clave ya no pasan por la presidencia ni por las instituciones, sino por los jefes de los cárteles. Al trasladar ese diagnóstico al prime time televisivo, Trump prepara el terreno para una narrativa de “acción preventiva”: si un país está “gobernado” por grupos armados, cualquier operación contra ellos se presenta como legítima defensa, no como injerencia.
Este marco erosiona años de trabajo bilateral en materia de seguridad, donde la cooperación se había articulado bajo la premisa de dos Estados soberanos que comparten información, recursos y estrategias. Si uno de los socios retrata públicamente al otro como un cascarón vacío, la base de esa cooperación queda tocada.
La propuesta de ataques terrestres: un salto de escala
Más allá de las palabras, lo que alarma a analistas y gobiernos es el contenido de la amenaza. Trump habló de “atacar a fondo” a los cárteles y, en la práctica, avaló la idea de operaciones terrestres estadounidenses en México, un paso que rompería con décadas de reglas no escritas en la relación bilateral.
Hasta ahora, la colaboración en la lucha antidroga se ha movido en un equilibrio delicado: agencias estadounidenses operando en la sombra, intercambio de inteligencia, apoyo logístico y tecnológico, pero evitando, al menos de forma explícita, la presencia de tropas estadounidenses en combates en suelo mexicano. La alusión a ataques terrestres desanda ese camino y nos devuelve a un escenario que recuerda a las intervenciones armadas del siglo XX en América Latina.
El propio lenguaje utilizado por Trump —más cercano a la lógica de “enemigos armados” que a la del crimen organizado transnacional— refuerza la idea de un enfoque militarizado del problema. El riesgo es evidente: convertir la lucha contra los cárteles en un teatro de operaciones puede elevar el nivel de violencia, desplazar la inseguridad a nuevas regiones y reforzar la narrativa de guerra total que las propias organizaciones criminales explotan en su propaganda.
250.000 a 300.000 muertes al año: la guerra de cifras
Trump justifica su dureza apelando a un número que estremece: entre 250.000 y 300.000 muertes anuales en Estados Unidos atribuibles al narcotráfico procedente de México. La cifra, más allá de su precisión estadística, cumple una función política clara: presentar el fenómeno como una catástrofe nacional equiparable a un conflicto bélico.
En términos de opinión pública, el mensaje es muy eficaz. Frente a un problema complejo —adicciones, salud mental, pobreza, mercado ilegal, fallos regulatorios— se ofrece un responsable fácilmente identificable (“los cárteles mexicanos”) y una solución contundente (ataques directos). El matiz de que una parte significativa de las muertes por sobredosis se vincula a fentanilo de síntesis, redes internas y consumo doméstico queda en segundo plano.
Esta simplificación permite a la Casa Blanca desplazar la atención desde políticas de salud pública o regulación de opioides hacia un relato de guerra externa, donde el enemigo está al otro lado de la frontera y el instrumento privilegiado es el aparato militar. A corto plazo, moviliza apoyos. A medio plazo, corre el riesgo de cronificar un enfoque que no aborda las raíces internas del problema.
Venezuela como precedente: el mensaje a la región
El contexto hace que la amenaza suene aún más seria. Las declaraciones sobre México llegan poco después de la operación terrestre en Venezuela, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en una acción que muchos gobiernos han calificado como violación flagrante del derecho internacional.
Ese precedente envía varios mensajes. Uno, a los aliados: Estados Unidos está dispuesto a actuar sin esperar consensos multilaterales cuando considera que su seguridad o sus intereses están en juego. Dos, a los adversarios: el marco tradicional de “no intervención” en el hemisferio occidental vuelve a ser cuestionado en la práctica. Tres, a las opiniones públicas de la región: cualquier país señalado como “problema de seguridad” puede ser candidato a operaciones similares.
Vincular ahora esa demostración de fuerza con amenazas explícitas sobre México alimenta el temor a una “doctrina de intervención ampliada” en América Latina, en la que el narcotráfico, la migración o la corrupción se utilicen como palancas para justificar acciones militares. México, por su tamaño, fronteras y peso económico, sería un escenario muy distinto a Venezuela, con consecuencias imprevisibles.
La respuesta de México: soberanía y límites a la cooperación
En México, las palabras de Trump han sido recibidas con una mezcla de indignación y preocupación estratégica. La presidenta Claudia Sheinbaum y distintos actores políticos han subrayado que la lucha contra el crimen organizado es una tarea que el país debe afrontar “sin tutelas ni invasiones”, insistiendo en que México “se gobierna desde México” y no por órdenes externas.
La frase de que el país “tiene que ponerse las pilas” resuena como una exigencia unilateral, más cercana a la amenaza que a la cooperación. Y eso complica un terreno ya de por sí delicado: el de los acuerdos binacionales en materia de seguridad, intercambio de información y control fronterizo.
Si el discurso de Washington se endurece en clave de “o aceptáis nuestras condiciones o actuaremos solos”, la tentación en México puede ser recortar espacios de colaboración para evitar filtraciones, abusos de jurisdicción o percepciones internas de subordinación. Es un equilibrio difícil: el país necesita la cooperación estadounidense para perseguir redes financieras, armas y tráfico transfronterizo, pero no puede permitirse aparecer ante su ciudadanía como un protectorado.
Narcotráfico, Estado y sociedad: el tablero interno mexicano
Las palabras de Trump también reabren una herida sensible dentro de México: el debate sobre cuánto control real tienen los cárteles sobre territorios, instituciones y economías locales. No es un secreto que en amplias zonas del país estas organizaciones ejercen funciones de poder de facto: cobran extorsiones, deciden quién puede abrir un negocio, imponen toques de queda e incluso median en conflictos vecinales.
Sin embargo, equiparar esa realidad con la idea de que “gobiernan México” borra matices cruciales. El Estado mexicano mantiene capacidad efectiva en la mayor parte de su territorio, recauda impuestos, regula, presta servicios y sostiene un sistema político que, con todos sus déficits, no puede asimilarse a un vacío de poder absoluto. La narrativa de “Estado fallido” ha demostrado ser tanto o más útil para justificar injerencias externas que para entender la complejidad interna.
Para la sociedad mexicana, atrapada entre la violencia criminal, la corrupción y la presión internacional, el peligro es doble. Por un lado, la militarización interna permanente como respuesta a esa amenaza. Por otro, el riesgo de convertirse en escenario de una guerra ajena, en la que las decisiones se tomen en Washington y los costos humanos se paguen en Sinaloa, Tamaulipas o Guerrero.
¿Hacia una doctrina regional de mano dura?
Lo que está en juego no es solo la relación bilateral, sino el modelo de seguridad regional para la próxima década. Si la operación en Venezuela se consolida y las amenazas sobre México se transforman en medidas concretas —aunque sea en forma de sanciones ampliadas, presencia reforzada de agencias o incursiones “puntuales”—, otros países de la región tomarán nota.
Gobiernos de América Central y del Caribe, también golpeados por el crimen organizado, podrían verse forzados a alinearse con la agenda de seguridad de Washington bajo la amenaza implícita de intervenciones o medidas de presión. Al mismo tiempo, potencias como China o Rusia tratarán de aprovechar cualquier desgaste en la relación de Estados Unidos con sus vecinos para ganar influencia política, militar o energética.
En este contexto, la comunidad internacional —desde organismos regionales hasta la Unión Europea— se enfrenta a un dilema complejo: ¿respaldar sin matices la narrativa de guerra contra los cárteles, aun cuando implique operaciones unilaterales, o reivindicar un enfoque más multilateral, centrado en reducción de demanda, control de armas y fortalecimiento de instituciones? La forma en que se responda a las palabras de Trump marcará un precedente.
Mano dura, derechos humanos y la factura civil
Finalmente, la experiencia de décadas de “guerra contra las drogas” ofrece una advertencia que conviene no ignorar. Cada vez que se ha apostado por la mano dura militar como solución central, los costes en términos de derechos humanos, desplazamientos internos y violencia generalizada han sido altísimos. México lo sabe bien: los últimos quince años han dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos sin que las redes de narcotráfico se hayan desarticulado de forma estructural.
La promesa de Trump de “atacar a fondo” a los cárteles puede traducirse, en la práctica, en más enfrentamientos armados, más operaciones de alto impacto y más zonas en disputa, dentro y fuera de México. En ese escenario, la población civil —migrantes, comunidades rurales, jóvenes reclutados por la fuerza— vuelve a ser la variable de ajuste.
Las próximas semanas dirán si las declaraciones de la entrevista se quedan en retórica de máxima presión o si se convierten en el prólogo de una nueva fase de intervencionismo armado. Mientras tanto, el tablero de seguridad norteamericano ha quedado, una vez más, al borde de una escalada que nadie sabe muy bien cómo se detiene una vez puesta en marcha.
