Trump pierde su fondo de 1.800 millones para indemnizar a sus aliados
El fiscal general en funciones revoca por escrito el polémico mecanismo para indemnizar a aliados del presidente y desbloquea su propia confirmación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cancelado formalmente el fondo de 1.776 millones de dólares concebido para indemnizar a quienes afirmasen haber sufrido una persecución política por parte de la Administración. La orden, firmada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, desactiva una de las decisiones más controvertidas del segundo mandato de Donald Trump.
El programa nunca llegó a repartir dinero, nombrar a sus responsables ni tramitar solicitudes. Sin embargo, su mera existencia había provocado un enfrentamiento dentro del Partido Republicano y amenazaba con bloquear la confirmación definitiva de Blanche al frente del Departamento de Justicia. La retirada revela hasta qué punto una operación presentada como reparación institucional terminó convirtiéndose en un coste político para la Casa Blanca.
Un fondo nacido de un acuerdo extraordinario
El denominado Anti-Weaponization Fund fue creado el 18 de mayo de 2026 como parte del acuerdo que puso fin a una demanda de Trump, sus hijos y la Organización Trump contra el Servicio de Impuestos Internos —IRS— por la filtración de sus declaraciones fiscales.
El pacto preveía una disculpa formal para los demandantes, pero no una indemnización directa. A cambio de retirar la demanda, valorada inicialmente en 10.000 millones de dólares, el Gobierno habilitó un mecanismo financiado con el Judgment Fund, la partida permanente del Tesoro destinada a pagar sentencias y acuerdos judiciales.
La cifra exacta ascendía a 1.776 millones, una cantidad superior al presupuesto anual de numerosas agencias federales pequeñas.
Una arquitectura con escasos controles
El diseño original concedía a una comisión de cinco miembros, nombrados esencialmente por el fiscal general, capacidad para aprobar compensaciones económicas y disculpas oficiales. El plazo para resolver reclamaciones se extendía hasta diciembre de 2028.
Aunque el Departamento de Justicia defendió que no existirían requisitos partidistas, los críticos alertaron de que podrían beneficiarse aliados de Trump, incluidos investigados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Lo más grave era la amplitud del concepto de «instrumentalización»: una categoría política difícil de convertir en un criterio jurídico objetivo. Sin reglas estrictas de valoración, el riesgo de discrecionalidad resultaba evidente.
Rebelión dentro del Partido Republicano
La oposición decisiva no procedió únicamente de los demócratas. Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis exigieron una revocación escrita y amenazaron con bloquear la confirmación de Blanche como fiscal general permanente.
En una comisión donde el respaldo republicano era imprescindible, dos votos podían resultar determinantes. Trump defendió públicamente el fondo y criticó a los senadores, mientras Blanche intentaba distanciarse de una iniciativa que él mismo había formalizado.
El contraste fue demoledor: el presidente pretendía conservar el programa y su candidato necesitaba eliminarlo para sobrevivir políticamente.
Ejecución cero antes de la retirada
La cancelación llega antes de que el mecanismo desarrollase actividad real. Según la información difundida tras la orden, no se nombraron comisionados, no se transfirieron fondos y no se procesó ninguna reclamación.
Este hecho limita el daño presupuestario inmediato, pero no elimina las dudas sobre el proceso que permitió comprometer una cantidad próxima a los 1.800 millones de dólares mediante un acuerdo judicial extraordinario.
La consecuencia es clara: la Administración evita ahora una transferencia multimillonaria, aunque deja abierta una discusión sobre los límites del poder ejecutivo para utilizar fondos federales en acuerdos que afectan directamente al presidente.
La batalla fiscal continúa
La retirada del fondo no cierra todas las controversias vinculadas al pacto con el IRS. El acuerdo incluía disposiciones relativas a auditorías y reclamaciones fiscales sobre Trump, su familia y sus empresas.
Blanche también ha tratado de acotar esas protecciones, aclarando que las declaraciones futuras podrán ser revisadas. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance de la inmunidad respecto a ejercicios anteriores y sobre la validez de modificaciones adoptadas sin la aprobación expresa de todos los firmantes.
Una victoria política con daños duraderos
La revocación despeja el camino para que el Comité Judicial del Senado vote la nominación de Blanche. No obstante, el episodio deja una erosión institucional difícil de ocultar.
Un fondo creado para combatir la supuesta utilización partidista de la justicia terminó cuestionado precisamente por su potencial uso político. El diagnóstico es inequívoco: la ausencia de controles independientes convirtió una promesa de reparación en una amenaza para la credibilidad del Departamento de Justicia.
Trump pierde una herramienta simbólica; Blanche gana margen para ser confirmado. El contribuyente, al menos por ahora, evita asumir una factura de 1.776 millones de dólares.
