Bruselas aprieta a Meloni: la Comisión Europea sanciona a Italia por bloquear la fusión UniCredit–Banco BPM
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Italia por el uso del llamado ‘poder dorado’ para frenar la opa de UniCredit sobre Banco BPM, al considerar que Roma está utilizando esa herramienta de seguridad nacional para condicionar fusiones bancarias por motivos económicos, vulnerando la libre circulación de capitales y solapando competencias del BCE. El Gobierno de Giorgia Meloni asegura que responderá con una reforma “constructiva”, pero el pulso con Bruselas ya está abierto.
¿Qué ha decidido Bruselas y por qué?
La Comisión Europea ha comunicado oficialmente la apertura de un procedimiento de infracción contra Italia por la “incompatibilidad de los poderes discrecionales en las fusiones bancarias con la legislación de la Unión Europea” en el ordenamiento italiano. El foco está puesto en la llamada “norma dorada” o ‘poder dorado’, utilizada por el Ejecutivo de Meloni para bloquear la adquisición de Banco BPM por UniCredit.
Según Bruselas, el Decreto Ley 21/2012, reformado y prorrogado en 2021 y 2022, otorga al Gobierno italiano amplias prerrogativas para examinar, vetar o imponer condiciones a operaciones corporativas en el sector financiero. Y el problema no es tanto la existencia de un mecanismo de protección, sino cómo se aplica.
Para la Comisión, la norma, aun amparándose en la seguridad nacional y el orden público, corre el riesgo de permitir intervenciones injustificadas por motivos puramente económicos, lo que socava los principios de libertad de mercado y libre circulación de capitales dentro de la UE. Además, Bruselas advierte de que el esquema italiano se solapa con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
El ‘poder dorado’ italiano, en el punto de mira
La ‘norma dorada’ italiana se concibió como un instrumento para proteger sectores estratégicos, pero su alcance se ha ido ampliando con las sucesivas reformas. Hoy permite al Gobierno intervenir en operaciones corporativas sensibles, imponiendo condiciones o, directamente, frenándolas.
En el caso de UniCredit y Banco BPM, el uso de este instrumento resultó determinante. El consejo de administración de UniCredit acabó retirando su propuesta de adquisición en julio, al considerarla “imposible de llevar a cabo” en un entorno en el que las limitaciones, plazos y condiciones marcados por el Gobierno impedían un diálogo fluido con los accionistas sobre los beneficios de la fusión.
UniCredit ha llevado la batalla al terreno jurídico. El banco ha recurrido ante el Consejo de Estado la sentencia previa del TAR (tribunal administrativo) que avalaba restricciones clave, como la obligación de abandonar Rusia antes de 2026 o el mantenimiento de las inversiones en Anima Holding. La entidad alega que esas condiciones minaron el apoyo inversor a la operación y, en la práctica, hicieron inviable su propuesta.
La respuesta de Meloni: diálogo, pero sin ceder soberanía
Italia tiene ahora dos meses para responder a Bruselas y corregir las deficiencias señaladas. Si la Comisión no recibe una explicación satisfactoria, podrá emitir un dictamen motivado, paso previo a un eventual recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, ha intentado rebajar la tensión:
“La Comisión plantea objeciones frente a la llamada regla dorada, reformada en 2022 bajo el Gobierno de Draghi. Sobre la base del dictamen responderemos a las objeciones planteadas en los foros competentes”.
Giorgetti insiste en que el Ejecutivo actuará con “espíritu constructivo y de colaboración” y ha avanzado que presentarán una propuesta regulatoria para aportar claridad y “superar las objeciones”, confiando en lograr un marco compartido de competencias entre Roma, Bruselas y el BCE.
Detrás de ese lenguaje diplomático, sin embargo, subyace una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar un Gobierno nacional para proteger su sistema bancario sin vulnerar las reglas del mercado único europeo.
Un pulso que va más allá de UniCredit y Banco BPM
Aunque el detonante inmediato es la frustrada fusión entre UniCredit y Banco BPM, el movimiento de la Comisión lanza un mensaje más amplio a todos los Estados miembros: el uso expansivo de los ‘poderes dorados’ tendrá límites cuando afecte a la competencia, al capital transfronterizo y a las competencias supervisoras europeas.
Para Italia, el caso es especialmente sensible. La operación habría convertido a UniCredit en el primer banco nacional, reforzando su peso en el mapa financiero europeo. El bloqueo, sumado al procedimiento de infracción, reabre el debate sobre si Roma está anteponiendo criterios políticos y económicos de corto plazo frente a la consolidación de un sector bancario más competitivo y robusto.
En los próximos meses, la clave estará en la capacidad del Gobierno de Meloni para ajustar su normativa sin perder margen de maniobra en su política industrial y financiera. Y, al mismo tiempo, en cómo Bruselas y el BCE dibujan las fronteras entre la legítima defensa del interés nacional y la integridad del mercado único.
Lo que está claro es que este episodio no es solo una disputa técnica: es un nuevo capítulo en la tensión entre soberanía económica y reglas comunes en el corazón de Europa.
