Suiza acusa a Credit Suisse de blanquear dinero y señala a UBS por fallos graves en el control interno
La Fiscalía General de Suiza ha presentado cargos por blanqueo de capitales contra una responsable de cumplimiento normativo de la antigua Credit Suisse SA, hoy integrada en UBS, por no denunciar a tiempo una operación vinculada a corrupción en Mozambique. El Ministerio Público también apunta directamente a Credit Suisse y UBS, a las que acusa de no haber impedido la presunta actividad delictiva por “deficiencias organizativas” en sus sistemas de riesgo, cumplimiento y control interno. La imputación se basa en una transferencia de 7,86 millones de dólares realizada en 2016 por el Gobierno de Mozambique a cuentas de una empresa local en Credit Suisse, que solo fue reportada como sospechosa en 2019.
La Fiscalía suiza lleva a los tribunales el caso Mozambique
La Fiscalía General de Suiza anunció este lunes la presentación de cargos formales por blanqueo de capitales contra una directiva de cumplimiento normativo de la antigua Credit Suisse SA, entidad que hoy forma parte de UBS SA. La acusación sostiene que la empleada habría incumplido sus obligaciones legales al no informar a las autoridades de una operación que presentaba claros indicios de proceder de delitos de corrupción.
En paralelo, la Fiscalía también imputa a Credit Suisse y a UBS por no haber impedido la supuesta actividad delictiva, señalando que ambas entidades incurrieron en fallos de control “como resultado de deficiencias organizativas” en sus sistemas internos de riesgo, compliance y directrices internas.
Una transferencia de 7,86 millones de dólares bajo sospecha
El caso pivota sobre una operación ocurrida en 2016, cuando el Gobierno de Mozambique transfirió 7,86 millones de dólares a cuentas de una empresa mozambiqueña abiertas en Credit Suisse. Según el escrito de acusación, la responsable de cumplimiento ahora imputada sabía que estos fondos habían sido “obtenidos o facilitados a través de delitos cometidos en Mozambique”, entre ellos corrupción y mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.
Pese a esa información, la directiva no habría elevado la alerta a las autoridades suizas, como exigen las normas de prevención del blanqueo de capitales. Para la Fiscalía, esta omisión resulta crucial, ya que impidió una reacción temprana frente a fondos de posible origen ilícito.
Un aviso de blanqueo que llegó tres años tarde
La acusación subraya que Credit Suisse no presentó su comunicación de sospecha de blanqueo hasta 2019, es decir, tres años después de la transferencia. Durante ese periodo, los fondos pudieron permanecer operativos en el sistema financiero, lo que a ojos de los fiscales refleja una grave falta de diligencia.
Según la Fiscalía, el banco presentaba “defectos considerables” en su gestión de riesgos, en las estructuras de cumplimiento normativo y en sus directrices internas, lo que habría facilitado que una operación de alto riesgo pasara sin el escrutinio inmediato necesario.
Deficiencias organizativas en Credit Suisse y UBS
El comunicado del Ministerio Público no se limita a la empleada concreta, sino que extiende la crítica a la propia organización de Credit Suisse y, por extensión, a UBS, como sucesora tras la integración de la entidad. Las autoridades consideran que hubo fallos sistémicos en los procesos diseñados para detectar, escalar y reportar operaciones potencialmente relacionadas con delitos financieros.
Esas deficiencias, subraya la Fiscalía, se tradujeron en la imposibilidad de “evitar la actividad criminal” pese a disponer de información suficiente para activar los mecanismos de alerta. El caso vuelve a situar bajo foco el legado de escándalos de cumplimiento de Credit Suisse, ahora heredados por UBS tras la operación de rescate e integración.
Un nuevo capítulo en la relación entre banca y corrupción internacional
La acusación formal se suma a una larga serie de investigaciones sobre el papel de la banca internacional en operaciones ligadas a corrupción y mala gestión de fondos públicos en países en desarrollo. El caso Mozambique ya había saltado a los titulares por los denominados “tuna bonds” y otros instrumentos financieros supuestamente utilizados para desviar recursos.
La nueva imputación en Suiza reabre el debate sobre si los sistemas de compliance bancario son suficientes para frenar el flujo de dinero ilícito y hasta qué punto las entidades asumen una responsabilidad efectiva cuando fallan los controles. La evolución del proceso judicial marcará no solo el futuro reputacional de UBS, sino también el tono de las próximas reformas en materia de blanqueo de capitales y supervisión financiera en el país alpino.
