Verifactu retrasa su lanzamiento hasta 2027: alivio para pymes y autónomos tras múltiples fallos
Un alivio para más de 3,5 millones de pequeños negocios, que ahora cuentan con más tiempo para afrontar el cambio hacia la facturación digital.
La espera se hace oficial y, a pesar del tiempo invertido en preparativos, el Gobierno ha optado por retrasar la entrada en vigor de Verifactu hasta 2027. Este sistema —pensado para ser obligatorio para pymes y autónomos— ha generado incertidumbre y preocupación desde su anuncio, entre errores técnicos, plazos poco realistas y una complejidad que muchos consideran excesiva. ¿Era inevitable el aplazamiento? Todo apunta a que sí. Los pequeños negocios, especialmente vulnerables a cambios abruptos, han mostrado una resistencia palpable, llegando a calificar la adecuación como casi imposible dentro del calendario original.
Dificultades técnicas y económicas detrás del retraso
Más de 3,5 millones de pequeñas empresas recibirán un alivio inesperado con el anuncio del retraso de Verifactu hasta 2027. La decisión no surge de la nada. La adaptación de los softwares de facturación no ha avanzado al ritmo necesario y las cifras lo evidencian: a finales de noviembre, más del 60% del tejido empresarial ni siquiera había iniciado la actualización tecnológica. Visto así, el calendario original pecaba, como mínimo, de excesivamente optimista.
A ello se suma el coste de implementación. Para muchos sectores tradicionales —como carnicerías, panaderías u otros comercios de barrio— el nuevo sistema no se limita a un cambio de programa: implica adquirir equipamiento específico, certificaciones digitales y asumir servicios de soporte que suponen una carga extra. En negocios donde el margen de maniobra económico suele ser estrecho, esta inversión puede marcar la diferencia entre seguir adelante o verse contra las cuerdas.
En la práctica, la puesta en marcha de Verifactu suponía mucho más que “instalar un software”. Hablamos de renovar equipos, integrar hardware certificado, revisar procesos de facturación de arriba abajo y formar al personal para usar correctamente las nuevas herramientas. Para numerosos establecimientos familiares, con estructuras reducidas y jornadas ya de por sí saturadas, este salto tecnológico se percibía como una carga difícilmente asumible.
No es casual que las reclamaciones de una prórroga hayan ido ganando volumen. Asociaciones como ATA o PIMEC han denunciado la imposibilidad material de cumplir con las nuevas exigencias dentro de los plazos previstos, alertando de que una implantación forzada podría terminar dañando precisamente a quienes se dice querer proteger: los autónomos y las pequeñas empresas que sostienen buena parte del empleo y la actividad económica local.
Problemas internos en la administración
Los obstáculos, sin embargo, no vienen solo del lado privado. Desde dentro de la propia administración se reconoce que Hacienda y otros departamentos implicados tampoco estaban completamente preparados para la “revolución” tecnológica que exige Verifactu. Falta de alineación interna, sistemas no del todo listos y procedimientos aún por afinar han contribuido a tensionar el calendario.
Resulta, como mínimo, llamativo: la administración que más presume de avance digital no tenía todo atado para liderar un cambio de este calibre. Por momentos, la sensación era casi irónica: antes de exigir el “kit digital” a las empresas, parecía que tenían que aplicárselo a sí mismos.
Una prórroga estratégicamente necesaria
La decisión de aplazar Verifactu hasta 2027 es mucho más que un simple retraso burocrático. Es una maniobra que busca evitar que la transición hacia la ley antifraude se convierta en un problema existencial para miles de pequeños negocios. El objetivo de controlar mejor la facturación y reducir el fraude no desaparece, pero se reconoce que el ritmo impuesto no era compatible con la realidad del tejido empresarial.
Durante 2026 se retomarán los preparativos para un despliegue gradual del sistema y la expectativa es que, para 2027, Verifactu pueda operar a plena capacidad sin poner en riesgo la operatividad diaria de los afectados. Eso exigirá mejoras técnicas, más claridad normativa y, sobre todo, un apoyo decidido en forma de ayudas, acompañamiento y soluciones adaptadas a los pequeños negocios.
La espera, en este caso, puede ser también una oportunidad: tiempo para corregir errores, simplificar procesos y construir un sistema que funcione de verdad para todos. De lo contrario, las mismas dificultades que hoy justifican el aplazamiento acabarán lastrando de nuevo un proyecto pensado, en teoría, para modernizar y reforzar el ecosistema empresarial.
