Australia presiona a las ‘big tech’ con el veto a menores y un régimen sancionador millonario
Australia ha estrenado una de las regulaciones más estrictas del mundo sobre redes sociales y menores de edad: desde este miércoles, plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X o YouTube deben borrar las cuentas de usuarios menores de 16 años en el país y reportar cuántos perfiles han eliminado, so pena de enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (28,1 millones de euros). El Gobierno ya ha pedido a diez grandes plataformas los primeros datos y publicará los resultados en dos semanas, mientras otros países observan de cerca este experimento regulatorio y organizaciones de derechos digitales preparan recursos ante los tribunales.
Un nuevo frente regulatorio contra las redes sociales
Australia ha abierto un nuevo capítulo en la regulación global de las redes sociales al exigir que las principales plataformas demuestren, con cifras concretas, que están eliminando las cuentas de menores de 16 años. La norma, en vigor desde este miércoles, fija un listón muy claro: si las empresas no adoptan “medidas razonables” para borrar los perfiles de niños australianos, se exponen a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 28,1 millones de euros).
La ley afecta a gigantes como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads, Twitch y Kick, todas ellas consideradas “redes sociales con restricción de edad”. Según la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, las compañías han asegurado que cumplirán el marco legal, pero el Gobierno quiere evidencias medibles, no solo declaraciones.
Primer examen: cuántas cuentas de menores había y cuántas quedan
La responsable de supervisar el cumplimiento es la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, que ya ha enviado la primera ronda de requerimientos de información. Las plataformas deberán informar de cuántas cuentas de menores de 16 años tenían el 9 de diciembre y cuántas registran el 11 de diciembre, apenas unos días después de la entrada en vigor del veto.
Las respuestas se harán públicas en un plazo de dos semanas, y no será un ejercicio puntual: durante seis meses, las empresas estarán obligadas a remitir actualizaciones mensuales con el fin de demostrar avances sostenidos. El objetivo es medir si se trata de un cambio real en la base de usuarios o, simplemente, de un cumplimiento superficial.
Multas millonarias y riesgo de “cumplimiento de fachada”
La norma prevé sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos para aquellas plataformas que no puedan demostrar que han tomado medidas razonables para excluir a los menores de 16 años. No se limita, por tanto, a prohibir formalmente el acceso, sino que exige el uso de tecnologías de verificación y estimación de edad.
Inman Grant ha advertido de que su equipo está preparado para el escenario en el que algunas empresas opten por un “cumplimiento de fachada”: declarar que respetan la ley, pero aplicar herramientas de verificación tan laxas que, en la práctica, permitan que los menores sigan entrando sin grandes obstáculos. “Eso podría ser una estrategia propia”, alertó, en declaraciones a Australian Broadcasting Corp..
Un modelo observado por Europa y Asia
Más allá de sus efectos internos, la legislación australiana se ha convertido en un laboratorio regulatorio que vigilan otros gobiernos. Según Anika Wells, la Comisión Europea, Francia, Dinamarca, Grecia, Rumanía, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda están analizando medidas similares para restringir el acceso de menores a las redes sociales.
“Ha habido un enorme interés internacional y lo celebramos”, afirmó Wells, que asegura que Australia quiere marcar un precedente global y “poner un límite” a la situación actual, en la que millones de niños interactúan en entornos digitales sin control real de edad.
Choque con grupos de derechos digitales y batalla legal a la vista
El endurecimiento de la normativa no está exento de polémica. El grupo con sede en Sídney Digital Freedom Project ya ha anunciado que planea impugnar la ley ante el Tribunal Superior de Australia a comienzos del próximo año, alegando motivos constitucionales y alertando sobre el impacto en derechos digitales y privacidad.
Inman Grant, por su parte, admite que algunas plataformas han consultado a sus abogados y podrían estar esperando recibir un primer requerimiento formal de información o incluso una multa antes de lanzar un desafío judicial. El pulso entre reguladores y tecnológicas podría escalar rápidamente si las empresas consideran que la norma es desproporcionada o difícil de cumplir sin recopilar aún más datos personales.
El dilema de los padres y el miedo a la exclusión social
La propia comisionada ha puesto cifras al alcance actual de las redes entre los menores: su investigación indica que el 84% de los niños australianos de 8 a 12 años ha accedido a una cuenta de redes sociales, y que en el 90% de los casos lo ha hecho con ayuda de sus padres.
La razón principal no es tecnológica, sino social: muchos progenitores no quieren que sus hijos “queden excluidos” de la vida social de sus compañeros. Para Inman Grant, el valor de la nueva ley es precisamente “eliminar ese miedo a la exclusión” y fijar un estándar común: si las plataformas no permiten cuentas de menores de 16, la presión sobre las familias para acceder de forma prematura debería reducirse.
Australia abre así un debate de fondo que trasciende lo jurídico y lo tecnológico: qué papel deben jugar el Estado, las empresas y las familias en la protección digital de los menores, y hasta dónde se puede llegar en control y verificación sin sacrificar en exceso la privacidad y la libertad en Internet.
