EE.UU. prepara ataques sobre Venezuela en una operación que podría redefinir el mapa político de América Latina
La administración de Donald Trump estudia ejecutar bombardeos sobre instalaciones militares venezolanas presuntamente vinculadas al narcotráfico, en un movimiento que reaviva las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y podría alterar el equilibrio diplomático en la región.
El gobierno de Estados Unidos ha puesto nuevamente a Venezuela en el centro de su estrategia de seguridad hemisférica. Según reveló el Miami Herald, la Casa Blanca evalúa una intervención militar limitada contra objetivos estratégicos en territorio venezolano, sospechosos de colaborar con redes de narcotráfico que Washington ya ha catalogado como organizaciones terroristas internacionales.
Fuentes cercanas al Ejecutivo estadounidense señalan que la operación, de concretarse, tendría un doble propósito: desmantelar las rutas del tráfico de drogas en el Caribe y debilitar la estructura de poder que mantiene a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. El objetivo final, explican, sería forzar un aislamiento político del régimen e impedir cualquier vía de escape al mandatario venezolano.
El contexto regional no podría ser más delicado. Desde comienzos de año, el Pentágono ha intensificado su presencia en el Caribe, bajo el argumento de frenar el auge de las redes de contrabando. Los movimientos de buques y aeronaves estadounidenses frente a las costas venezolanas se han multiplicado, lo que ya había provocado protestas formales del Gobierno de Caracas y advertencias del propio Maduro sobre una “escalada imperialista”.
La posible acción militar se enmarca además en un escenario global de alta tensión. Con el foco internacional centrado en Oriente Medio y Europa del Este, un conflicto abierto en Sudamérica podría redefinir las prioridades estratégicas de Washington. Analistas consultados por medios estadounidenses advierten que cualquier ataque, incluso selectivo, reactivaría el sentimiento antiestadounidense en la región y pondría a prueba a gobiernos aliados como Colombia o Brasil, obligados a posicionarse ante una eventual ofensiva.
Para el régimen venezolano, la amenaza estadounidense puede tener un efecto paradójico. Por un lado, consolidaría el discurso de resistencia frente al “enemigo externo” que el chavismo ha utilizado durante años; por otro, podría acelerar fracturas internas en las Fuerzas Armadas si el temor a un conflicto real se materializa.
Mientras tanto, los equipos de inteligencia de EE. UU. mantienen bajo vigilancia a embarcaciones y aeronaves sospechosas de transportar estupefacientes desde el norte de Sudamérica hacia Centroamérica y el Golfo de México. Fuentes militares confirman que el incremento de operativos marítimos ha sido “notable” en las últimas semanas, en un intento de cortar la financiación de grupos asociados al crimen organizado y, supuestamente, a sectores del ejército venezolano.
La relación entre Washington y Caracas, ya deteriorada desde hace más de una década, entra así en una nueva fase de incertidumbre. La posible ofensiva no solo pondría a prueba la capacidad de respuesta militar venezolana, sino también la postura de la comunidad internacional, especialmente de la ONU y la Unión Europea, que en los últimos años han apostado por vías diplomáticas y sanciones económicas antes que por la acción armada.
Si se confirman los planes, el golpe no solo sería militar, sino político: un mensaje directo de la Casa Blanca a todos los regímenes que, en su opinión, faciliten el narcotráfico o desafíen abiertamente su influencia en el continente.