Golpe diplomático: EE.UU. sanciona al presidente de Colombia en plena lucha contra el narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, dentro de una nueva ofensiva de Washington contra el narcotráfico. La medida, impulsada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marca un deterioro sin precedentes en las relaciones bilaterales.
La decisión de Washington de incluir al mandatario colombiano y a parte de su entorno familiar en su lista de sancionados sacude el panorama político latinoamericano y supone el punto más bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en décadas.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, las sanciones se enmarcan en la “continuación de la lucha contra las redes de narcotráfico transnacional” y afectan directamente a los activos, propiedades y transacciones financieras vinculadas a los sancionados en territorio estadounidense o bajo jurisdicción de empresas norteamericanas.
El presidente Donald Trump, al ser consultado sobre la medida, calificó a Colombia como “un antro de drogas” y a Gustavo Petro como “un líder pésimo”, en declaraciones que elevan el tono de la confrontación. La Casa Blanca añadió que el objetivo de las sanciones es “romper los vínculos entre estructuras gubernamentales y redes criminales que alimentan el narcotráfico internacional”.
Desde Bogotá, la respuesta del gobierno colombiano no tardó en llegar. Petro condenó las sanciones y acusó a Washington de “una agresión política injustificada”. En su declaración, el presidente advirtió que “Colombia no aceptará humillaciones ni imposiciones extranjeras” y criticó las recientes operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe, a las que calificó como “acciones unilaterales que no resolverán el problema”.
El conflicto diplomático escaló aún más tras el anuncio del envío del grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford al Caribe, una medida que el Pentágono justificó como parte de sus esfuerzos para “aumentar la presencia disuasiva en la región”. Analistas internacionales interpretan el movimiento como una señal de presión militar y política hacia el gobierno colombiano.
Las sanciones de la OFAC se suman a una serie de medidas adoptadas por Washington en los últimos meses contra funcionarios y empresarios latinoamericanos acusados de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, nunca antes un jefe de Estado colombiano había sido objeto directo de sanciones estadounidenses, lo que convierte este episodio en un precedente histórico con profundas implicaciones diplomáticas.
La oposición colombiana reaccionó con cautela, pidiendo explicaciones al gobierno y reclamando “transparencia total” sobre los supuestos motivos detrás de la medida. Mientras tanto, sectores del oficialismo denuncian un intento de “desestabilización internacional” y una “intromisión en los asuntos internos” del país.
El clima regional se tensa justo cuando América Latina enfrenta un repunte del tráfico de cocaína y una creciente presión de Estados Unidos por endurecer las políticas antidroga. En este contexto, las sanciones contra Petro y su círculo más cercano reconfiguran el equilibrio político regional y plantean un desafío sin precedentes para la diplomacia continental.
