Pedro Sánchez ha lanzado una nueva carta a la ciudadanía tras la citación a su esposa para declarar como investigada. El presidente del Gobierno considera que se trata de un juicio político, que atribuye a «organizaciones ultraderechistas». Asegura que es un intento de interferencia ante las elecciones al Parlamento Europeo de este fin de semana. Sánchez se reafirma en su continuidad al frente del Gobierno pese a los intentos desestabilizadores, de los que responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
El próximo día 5 de julio, a las 10 de la mañana, Begoña Gómez tendrá que declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, ha levantado el secreto de las actuaciones y ha ordenado una ronda de declaraciones de testigos con el fin de arrojar luz sobre las actuaciones profesionales de Begoña Gómez. Será investigada, según el auto de imputación citado por varios medios, porque existen «indicios de elementos de hechos delictivos.
La citación podría haberse producido este mismo mes de junio; no ha sido así, según el auto, porque la Fiscalía, «con una diligencia inusitada y una celeridad escasamente frecuente» interpuso un recurso de apelación directo, y hubo que esperar al resultado de otras declaraciones de testigos.
El origen de la investigación parte de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que permitió la apertura de la causa; esta ya fue recurrida por la Fiscalía por considerar endebles los indicios, pero posteriormente la ratificó la Audiencia Provincial de Madrid, que sí apreció la concurrencia de indicios delictivos.
Tanto la esposa de Pedro Sánchez como varios testigos citados tendrán que responder sobre las cartas de recomendación de Begoña Gómez y su impacto en dos adjudicaciones para la empresa Innova Next, del Grupo Barrabés, en dos concursos públicos de Red.es, dependiente del Ministerio de Economía.
El juez Peinado ha incoado una causa separada para investigar si esos contratos afectan a fondos europeos, tras la petición de información de la Fiscalía Europea.