MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el organismo gubernamental encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados en Colombia, ha acordado un plan de descongestión judicial para evacuar la avalancha de demandas presentadas por los afectados por la crisis de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.
En concreto, esta estrategia busca hacer frente a las más de 34.300 demandas que se presentaron durante 2023 como consecuencia del cese de operaciones de ambas compañías ‘low cost’, que entraron en sendos procesos de reestructuración y quiebra en el pasado año.
El ‘Plan Integral de Descongestión Judicial: hacia una administración de justicia pronta, oportuna y eficaz en la SIC’ tiene como propósito garantizar que los usuarios tengan respuesta en el corto plazo a sus demandas de justicia en materia de protección al consumidor, propiedad industrial y competencia desleal.
La estrategia prevé la suspensión de términos judiciales entre el 24 de abril y el 10 de junio de este año. Durante este período, los 62 funcionarios que están encargados de ejercer funciones jurisdiccionales tendrán la misión de evacuar las demandas sobre esta materia.
Esta clase de medidas han sido tomadas en varias ocasiones en el pasado a causa de fallas en la plataforma tecnológica, inventario de procesos e insuficiencia de personal.
La suspensión de términos implica que se inhabilitarán temporalmente los canales de radicación de las demandas de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, tales como página web o ventanilla virtual, entre otros, hasta la reanudación de dichos términos.
No obstante, durante este lapso, los usuarios que sientan vulnerados sus derechos podrán acudir directamente a la justicia ordinaria para presentar sus demandas, según ha explicado la Superintendencia.