MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de EH Bildu para impedir la deslocalización de empresas y obligar a estas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen en caso de marcharse, después de que Ferrovial haya anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos.
En concreto, los independentistas vascos instan al Gobierno a impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. De este modo, la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas debería estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida.
Según el portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, el cambio de sede de Ferrovial es una herramienta para “camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen”.
Es por ello que el grupo incide en la necesidad de “elaborar, desarrollar y aprobar” la legislación necesaria para que, en caso de producirse un caso de deslocalización, las empresas estén sujetas a la obligación de devolver las ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años.
PODEMOS PROPUSO UNA LEY EN EL MISMO SENTIDO
En este sentido, se pronunció también Unidas Podemos. De hecho, la formación ‘morada’ registró una proposición de ley en la Cámara Baja para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.
Unidas Podemos justificaba esta propuesta en lo que consideraban una “piratería económica” por parte de Ferrovial. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, criticó además que esta y otras empresas hayan crecido a raíz de las ayudas y contratos públicos y ahora puedan irse a un “paraíso fiscal” sin “ninguna consecuencia”.
