MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha publicado este jueves una consulta pública para preguntar a la industria cuál debe ser el formato que tenga la última subasta de 5G, la de la rama de 26 GHz, que tendrá lugar el segundo semestre de 2022.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital instado a los operadores de telecomunicaciones, fabricantes, industrias y asociaciones sectoriales a participar en el proceso, abierto hasta el 31 de enero.
La banda de los 26 GHz tiene múltiples particularidades que la diferencian de las otras bandas subastadas en España debido a la alta cantidad de espectro que posee. En una de las preguntas de la consulta, el Gobierno traslada que la licitación podría darse en bloques de 200 MHz con un ancho de banda por determinar.
Otro de los puntos de interés es la posible apertura de la licitación a empresas privadas que no tengan licencia de operador, ya que, por sus características, esta banda permite transmitir muchos datos pero a poca distancia, lo que la hace ideal para construir redes privadas o instalar dispositivos de red en zonas con alta densidad.
El Ejecutivo también pregunta por la posibilidad de regionalizar de alguna manera la licitación como se ha hecho en otros países europeos.
Así, en el texto de la consulta, el Ejecutivo pone varios modelos llevados a cabo en Europa sobre la mesa como el alemán, en el que se han dado derechos a nivel local usando una parte de la banda.
También ha hecho alusión al de Italia, donde se ha optado por el ‘club use’, según el cual los ganadores de la licitación podrán utilizar todo el espectro licitado (1 GHz) en una determinada área siempre que dicho espectro no estuviera ya siendo utilizado, y en ese caso además, deberán poner su red a disposición de terceros.
Por su parte, Grecia o Finlandia han sometido la banda a un proceso de licitación a nivel nacional y reservado parte del espectro para aplicaciones industriales y verticales.
En la última subasta de 5G, el Ejecutivo recaudó casi 1.000 millones de euros para las arcas del Estado, después de que Orange y Vodafone se adjudicaran espectro por 350 millones de euros y Telefónica por 310 millones de euros.
