Derechos Humanos y lucha contra la corrupción, áreas con menor transparencia, frente a clientes, medio ambiente y riesgos laborales
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Las empresas del Ibex 35 tienen aún mucho margen de mejora en la transparencia sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), según se desprende del informe anual ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35’, referente al ejercicio 2021, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y presentado este jueves.
El informe analiza, a través de 657 indicadores, la calidad de la información no financiera publicada por las empresas del selectivo y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la ley 11/218 en materia de información no financiera y diversidad.
Así, el estudio concluye que desde que entró en vigor esta ley en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información ha progresado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 41,80 en 2021. No obstante, añade que la puntuación no llega al aprobado y tanto la calidad, la exhaustividad y la comparabilidad de la información reportada se encuentran lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma. La mejor puntuación del ranking la obtiene Iberdrola, con 57 puntos sobre 100, seguida de Endesa, Acciona, Redeia y Enagás.
Por áreas de análisis, las empresas del Ibex aportan la información más completa en clientes y consumidores (59,22), seguida de aspectos laborales (56,51) y medio ambiente (44,64). Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos (26,63) y lucha contra la corrupción (32,36). En el medio se encuentran las áreas de fiscalidad (36,57) y buen gobierno (36,36).
“El avance en transparencia de la responsabilidad social es muy lento. Las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento”, ha asegurado en la presentación el coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez.
Para el coordinador del Observatorio de RSC, “las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la propuesta de directiva de debida diligencia que responsabiliza a las empresas por los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente en las cadenas de suministro”.
El estudio analiza aspectos como la sostenibilidad en los consejos de administración y constata “luces y sombras”, ya que subraya que la incorporación de temas de sostenibilidad en la gobernanza corporativa están en el punto de mira de diversas iniciativas regulatorias a nivel nacional y comunitario en los últimos años.
En este sentido, indica que las 35 empresas del selectivo informan sobre la realización de una evaluación anual al consejo de administración, sus comisiones y sus consejeros en 2021, aunque solo dos empresas mencionan haber incluido aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en la evaluación anual del consejo de administración, a pesar de que la directiva (UE) 2017/828 señala que el rendimiento de los administradores debe evaluarse usando criterios de rendimiento financiero y no financiero.
Como aspecto positivo, 33 empresas mencionan la implicación del consejo (directamente o a través de alguna de sus comisiones) en la evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, mientras que 28 empresas informan sobre la identificación de riesgos sociales y/o ambientales, principalmente de impactos relacionados con el cambio climático. No obstante, el observatorio lamenta que la perspectiva de doble materialidad (cómo impacto en el exterior y qué impacto tienen los riesgos en la compañía) sigue siendo asignatura pendiente para las empresas del selectivo.
Sobre la remuneración de los consejeros, 28 empresas informan sobre objetivos ASG en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, el informe califica de “anecdótica” la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia profesional en los ámbitos social y medioambiental, siendo tan solo 10 consejeros del total de empresas analizadas.
En la debida diligencia en derechos humanos, el documento enumera “mínimos avances” y añade que la información que aportan las empresas del selectivo sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis. Así, pese a que se constatan buenas intenciones, “quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión”, puntualiza el estudio.
De este modo, revela que, mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 14 realizan un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad. Los autores del estudio subrayan que la identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos y empresa.
Por ello, definen como “mala noticia” el hecho de que las empresas españolas no aborden en su información estas cuestiones de manera suficiente y consideran que si no se lleva a cabo esta identificación, es imposible prevenir, mitigar o evitar los daños que se puedan producir.
AVANCES INSUFICIENTE EN MATERIA DE CORRUPCIÓN Y MEDIOAMBIENTE
El estudio revela que persiste la falta de transparencia sobre aspectos clave en la lucha contra la corrupción, como evaluación de riesgos y actividades de ‘lobby’. Así, en 2021, sólo 5 empresas indican haber realizado una evaluación específica de riesgos de corrupción, pero ninguna de las 35 empresas del Ibex señala riesgos específicos de corrupción. En cuanto a las actividades de ‘lobby’, sólo 2 empresas disponen de una política específica y sólo 10 empresas detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad.
El estudio también constata “avances insuficientes” para combatir la triple crisis planetaria, relativa al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, por lo que reclaman políticas efectivas al respecto. El análisis evidencia que mientras la huella de carbono es un indicador reconocido y reportado por las empresas, la huella ecológica, la huella hídrica y el análisis del ciclo de vida apenas están internalizadas o en su defecto no se informa de su implementación.
Pese a que 34 de las 35 empresas del Ibex informan de la huella de carbono, sin embargo, lamentan que no es posible realizar una comparativa entre empresas porque no existe uniformidad de criterios ni en los alcances a considerar ni en las fuentes a incluir, con pocas empresas que informen de sus emisiones por ramo de actividad y países.
Además, 27 empresas presentan un compromiso en materia de economía circular, al suscribir muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, pero sólo 15 presentan planes de economía circular con objetivos cuantificables que van más allá de la gestión y minimización de residuos. Asimismo, apenas 10 empresas informan del valor de la biodiversidad y de los impactos significativos directos e indirectos que sus actividades producen sobre ella.
Por último, en relación con la obligación de transparencia de la Ley 11/2018, los Estados de Información no Financiera de las empresas del Ibex aseguran que reproducen la heterogeneidad de fórmulas que tradicionalmente han arrastrado las memorias de RSC cuando eran reportes voluntarios, lo que no supone “un gran avance” en términos de exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera ofrecida por los sujetos obligados ya que la información no es homogénea entre empresas, concluye el estudio.
