MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha interpuesto un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ante las recientes sentencias que les obligan a devolver la remuneración recibida por concursos que han superado la duración fijada, lo que, a su juicio, va a suponer que muchos profesionales hayan trabajado de forma gratuita.
Además, los administradores concursales también han lamentado que esta situación puede empeorar debido a las medidas que plantea el nuevo Proyecto de Ley Concursal.
El punto más criticado de dicha reforma es el establecimiento de límites temporales para que los administradores concursales perciban sus honorarios en procedimientos de insolvencia. Para el presidente de Aspac, Diego Comendador, lo que hace esta medida es “imponer un castigo” a los administradores concursales, culpabilizándoles de que estos procesos se dilaten en el tiempo.
“La misión del administrador concursal es facilitar la gestión del concurso y mejorar su eficiencia. No se puede penalizar a los profesionales por la duración del concurso, puesto que bien al contrario, gracias a su experiencia y especialización en el área, se evita llegar a tiempos mayores”, ha aclarado Comendador.
Asimismo, ha lamentado que “mientras intentan reducir tiempos pidiéndonos que trabajemos gratis, están cargando a los juzgados con trabajos que podría resolver la administración concursal para agilizar trámites, que son los que verdaderamente ralentizan los procesos”.
Desde Aspac han recordado que la duración media del concurso de acreedores es de unos cuatro años y medio, pero que cada caso específico tiene una serie de características que ampliarán o reducirán su duración.
“Es peligrosa esta penalización, ya que puede repercutir en la calidad del trabajo, llevando a procesos de liquidación acelerados que no cumplirían con su papel de optimizar el valor de los activos”, ha aclarado Comendador.
LAMENTAN LA REDUCCIÓN AL 50%
Por otra parte, los administradores también han lamentado que el Proyecto la Ley Concursal establezca que cuando la fase común sobrepase los seis meses, dejen de percibir un 50% de sus honorarios. En la liquidación, esta reducción también correspondería a un mínimo de un 50%.
Además, el Proyecto establece que los honorarios fijados inicialmente se limitarían si el proceso se alarga más de la mitad del plazo legal o se prolonga en más de 12 meses desde que se declara el concurso.
“No podemos trabajar gratis, somos profesionales y nuestra misión es que los procedimientos concursales se lleven a cabo con seguridad jurídica y de forma justa para todos los implicados, ha lamentado Comendador, quién considera que estas “medidas de castigo” impuestas en la nueva Ley Concursal son “un desprecio” hacia el trabajo de la Administración Concursal.
“Nosotros no somos el problema, somos la solución. Una especialización y regulación de la profesión son los factores que permitirán mejorar realmente el sistema”, ha sentenciado Comendador.
