El final de LexNET se acerca
I. Un buen sistema que nunca llegó a funcionar del todo bien
¿Puede un sistema tecnológico ser, al mismo tiempo, una buena idea y una fuente inagotable de problemas? LexNET ha sido eso durante más de una década. El sistema de comunicaciones electrónicas de la Administración de Justicia, concebido para agilizar las relaciones entre los órganos judiciales y los profesionales, ha sido un éxito en su concepción y un fracaso recurrente en su ejecución. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado una consulta pública, cuyo plazo finalizó el pasado 23 de julio, para iniciar el proceso de sustitución de LexNET por Citius. Pero la pregunta que flota en el ambiente es si cambiar el nombre del sistema va a resolver los problemas estructurales que han afectado a LexNET durante todos estos años.
La lectura apresurada del proyecto de real decreto podría inducir a pensar que la Administración está dando un paso adelante en la modernización de la justicia. Y en cierto modo es así. Pero también cabe preguntarse si Citius es realmente una solución o simplemente un nuevo nombre para un problema que no se ha querido abordar de raíz. Porque LexNET no ha sido un mal sistema. Ha sido un buen sistema con una mala implementación, con una infraestructura insuficiente y con una gestión que nunca estuvo a la altura de las necesidades de los profesionales que lo utilizaban a diario.
La norma que ahora se prepara, impulsada por el Real Decreto-ley 6/2023, no se limita a cambiar el nombre del sistema. Aspira a reconfigurar el modelo de gestión procesal, orientándolo al dato, a la interoperabilidad y a la integración con otras administraciones. Pero quienes han sufrido las incidencias de LexNET —los abogados, los procuradores, los graduados sociales, los funcionarios de justicia y los letrados de la Administración de Justicia— saben que el problema no estaba en el nombre del sistema, sino en cómo se gestionaba y en la falta de medios para que funcionara correctamente para los tribunales y los profesionales que en ellos y con ellos trabajan.
II. Las incidencias de LexNET: una historia de frustración recurrente
Para comprender el escepticismo con el que muchos operadores jurídicos reciben la llegada de Citius, conviene recordar qué ha sido LexNET en la práctica. No ha sido, desde luego, un ejemplo de fiabilidad. Las incidencias han sido constantes y, en muchos casos, han paralizado la actividad profesional de miles de abogados y procuradores. Caídas del sistema, lentitud en la transmisión de documentos, problemas de autenticación, errores en las notificaciones, falta de disponibilidad en horas punta... La lista de problemas es larga y conocida por todos los que han tenido que utilizarlo.
LexNET ha sufrido caídas generalizadas que han dejado a los profesionales sin posibilidad de presentar escritos en plazo, forzándoles a recurrir a medios alternativos o a solicitar ampliaciones de plazo que no siempre se concedían. Ha sufrido también problemas de rendimiento que convertían la presentación de un escrito en una odisea de minutos o incluso horas de espera. Y ha sufrido, sobre todo, problemas de confianza: los profesionales nunca sabían si el sistema iba a funcionar cuando más lo necesitaban.
El problema no es que LexNET sea un mal sistema desde el punto de vista técnico. Es que nunca se le dotó de los recursos necesarios para funcionar con la fiabilidad que exige la Administración de Justicia. Los servidores eran insuficientes. El mantenimiento era mejorable. Los mecanismos de contingencia eran precarios. Y los profesionales, que dependían de él para su trabajo diario, pagaban las consecuencias de una infraestructura que siempre iba un paso por detrás de las necesidades.
III. Citius: ¿solución o cambio de nombre?
La consulta pública publicada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presenta Citius como la evolución natural de LexNET, dotado de mayores capacidades de integración e interoperabilidad. Y es cierto que Citius tiene características técnicas que LexNET no tiene: está concebido para integrarse con los sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas, para conectarse con el Sistema de Interconexión de Registros y con el sistema INSIDE, y para permitir la utilización de formularios orientados al dato.
Pero todo esto, por muy avanzado que sea técnicamente, no resolverá los problemas que han afectado a LexNET si no va acompañado de una inversión real en infraestructura y de un compromiso con la fiabilidad del sistema. Cambiar el nombre del sistema sin cambiar los servidores, sin mejorar los mecanismos de contingencia, sin garantizar el mantenimiento y sin dotar a los profesionales de herramientas de apoyo, no es una solución. Es un brindis al sol.
El proyecto de real decreto establece que Citius deberá garantizar la seguridad jurídica digital, el acceso, la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la portabilidad y la interoperabilidad. Pero esas palabras, por muy bonitas que sean sobre el papel, no se traducen automáticamente en un sistema que funciona. Se traducen en una exigencia de medios y de recursos que, hasta ahora, no se han visto en la gestión de LexNET.
IV. El problema logístico: más allá de la tecnología
El problema de LexNET no ha sido nunca puramente tecnológico. Ha sido, sobre todo, logístico. La Administración de Justicia española es un entramado complejo de órganos judiciales, comunidades autónomas con competencias transferidas, profesionales con distinto grado de formación tecnológica y una ciudadanía que exige cada vez más servicios digitales. LexNET no ha fallado por su diseño. Ha fallado porque nunca se diseñó un sistema logístico que garantizara su funcionamiento en condiciones normales.
La consulta pública que ahora finaliza reconoce que la regulación vigente, basada en el Real Decreto 1065/2015, necesita ser actualizada para adaptarse al nuevo marco jurídico. Y tiene razón. Pero la actualización normativa no es suficiente si no va acompañada de una actualización de los recursos. Citius puede ser el sistema más avanzado del mundo, pero si no tiene los servidores suficientes, si no cuenta con un equipo de mantenimiento adecuado y si no se prevén mecanismos de contingencia robustos, terminará sufriendo las mismas incidencias que LexNET.
El cambio de LexNET a Citius es una oportunidad para aprender de los errores del pasado. La pregunta es si la Administración va a aprovecharla o si, como ha ocurrido otras veces, va a limitarse a cambiar el nombre y a esperar que eso sea suficiente para resolver los problemas. La experiencia de LexNET sugiere que el cambio de nombre no es suficiente. Hacen falta recursos, planificación y, sobre todo, un compromiso real con la fiabilidad del servicio.
V. Las implicaciones prácticas del cambio: adaptación forzosa sin mejoras garantizadas
Los profesionales que utilizan LexNET a diario no son ajenos a la llegada de Citius. Saben que el cambio va a llegar y que tendrán que adaptarse a un nuevo sistema, con nuevas funcionalidades y, probablemente, con nuevos problemas. La experiencia con LexNET les ha enseñado a ser escépticos ante los anuncios de modernización. Han visto demasiadas veces cómo un sistema que prometía agilizar su trabajo se convertía en una fuente de frustración.
El proyecto de real decreto prevé que todas las comunicaciones que se realicen al amparo de la nueva norma deberán llevarse a cabo por medios que garanticen la seguridad jurídica digital. Pero los profesionales saben que la seguridad jurídica digital no depende solo de la tecnología, sino también de la fiabilidad del sistema. Un sistema que funciona mal no es seguro, por muy avanzada que sea su criptografía. Un sistema que cae en horas punta no es fiable, por muy interoperable que sea.
Los abogados y procuradores que han perdido horas de trabajo por culpa de las caídas de LexNET tienen razones para ser cautelosos ante la llegada de Citius. No es que se opongan a la modernización. Es que han aprendido que la modernización no siempre trae consigo una mejora real. Y que, en muchos casos, el cambio de sistema se ha utilizado como una excusa para no invertir en lo que realmente importa: servidores, mantenimiento y soporte técnico.
VI. La pregunta que queda en el aire
El proyecto de real decreto para la regulación de Citius es una oportunidad. Pero también es una prueba. Una prueba de si la Administración de Justicia ha aprendido de los errores del pasado o si, por el contrario, está condenada a repetirlos.
LexNET no ha sido un mal sistema. Ha sido un sistema que nunca tuvo los recursos que necesitaba. Sus caídas, sus lentitudes y sus problemas no eran fallos técnicos inevitables. Eran el resultado de una decisión política: no invertir lo suficiente en la infraestructura que sostiene las comunicaciones judiciales. Y esa decisión ha tenido consecuencias concretas: profesionales frustrados, plazos incumplidos y, en última instancia, una percepción generalizada de que la digitalización de la justicia avanza a trompicones.
La llegada de Citius no resolverá esos problemas por sí sola. Lo que los resolverá será la inversión en infraestructura, el mantenimiento adecuado, los mecanismos de contingencia y, sobre todo, la voluntad política de garantizar que el sistema funcione. Si Citius llega con los mismos servidores, el mismo equipo de mantenimiento y la misma falta de planificación que LexNET, entonces habrá sido un cambio de nombre y nada más.
La consulta pública que ha finalizado el 23 de julio no es el final del proceso, sino el principio. El real decreto se tramitará, el Consejo de Estado emitirá su dictamen y, finalmente, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Para entonces, los profesionales esperan ver no solo un nuevo nombre, sino también nuevas inversiones. Porque el final de LexNET no debe ser solo el fin de un sistema, sino también el fin de una forma de gestionar la tecnología que ha demostrado ser insuficiente. Si Citius no viene acompañado de medios reales, no será más que un espejismo. Y los profesionales, que ya han visto demasiados espejismos, lo saben mejor que nadie.