Indra y Santa Bárbara chocan por los contratos de artillería: el Supremo amenaza el plan de rearme del Gobierno

El conflicto entre Indra y Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics European Land Systems) ha entrado en una fase crítica tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso presentado por la filial española de General Dynamics contra las ayudas públicas concedidas a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). En juego están más de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés y contratos de artillería militar que superan los 7.200 millones de euros, en lo que ya se considera el mayor programa de artillería de la historia de España.

Santa Bárbara denuncia exclusión y falta de capacidad técnica

“Es la única opción que nos han dejado”. Con esta contundencia se expresó Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas, al justificar el recurso judicial interpuesto contra las ayudas públicas concedidas a Indra y EM&E. Según la compañía, fue excluida del proceso pese a aspirar a los contratos y considera que la UTE adjudicataria “no tiene capacidad para desarrollar” el mayor programa de artillería jamás impulsado por España.

Page defendió que la decisión responde a la voluntad de “defender la tecnología española” y recordó que en septiembre Santa Bárbara presentó al Gobierno una oferta no solicitada basada en tecnología nacional. Además, subrayó la autonomía operativa de la filial española dentro de General Dynamics, a la que definió como su “principal accionista”, tratando de desactivar el argumento de dependencia extranjera.

Recursos judiciales contra ayudas y contratos por más de 7.000 millones

El conflicto no se limita al recurso contra las ayudas públicas. Santa Bárbara también ha anunciado la impugnación directa de los dos grandes contratos de artillería adjudicados por el Ministerio de Defensa a Indra y EM&E, cuyo importe total asciende a 7.240 millones de euros.

En octubre, el Ministerio de Industria concedió 3.002 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés a la UTE formada por ambas empresas para prefinanciar los principales programas de artillería del Ejército de Tierra. Posteriormente, en diciembre, el Ministerio de Defensa adjudicó los Programas Especiales de Modernización (PEM) para el suministro de obuses autopropulsados tanto sobre ruedas como sobre cadenas.

Detalle económico de los programas de artillería

Las cifras reflejan la magnitud estratégica y presupuestaria del conflicto:

• Artillería sobre ruedas:

  • Contrato: 2.686 millones de euros

  • Préstamo estatal: 1.181 millones de euros

• Artillería sobre cadenas:

  • Contrato: 4.554 millones de euros

  • Prefinanciación: 1.821 millones de euros

Estas cantidades convierten a estos proyectos en el eje central de la modernización militar del Ejército de Tierra y en una de las mayores inversiones industriales del sector defensa en España.

El Supremo y el riesgo para todo el plan de rearme

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de Santa Bárbara contra el Real Decreto 915/2025, que aprobaba préstamos públicos por más de 14.000 millones de euros para programas de modernización militar.

El Alto Tribunal ha advertido que una eventual estimación del recurso no solo afectaría a Indra y EM&E, sino que podría obligar a anular la totalidad del decreto, lo que pondría en peligro el conjunto del plan de financiación de defensa. Esto amenaza directamente el plan de rearme del Gobierno, valorado en 34.000 millones de euros, diseñado para elevar el gasto militar español por encima del 2% del PIB.

Empresas como Telefónica, Indra y EM&E ya se han personado en el procedimiento como posibles afectadas, conscientes del impacto sistémico que podría tener una resolución desfavorable.

Impacto político, industrial y geoestratégico

La batalla legal ha generado una creciente inquietud en el sector industrial y en el ámbito político. La posible suspensión de los programas de financiación no solo afectaría a los contratos de artillería, sino también a numerosos programas militares adjudicados durante 2025, alterando la planificación estratégica del Estado en materia de defensa.

A este escenario se suma la dimensión internacional. La próxima llegada a España del nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, añade un componente diplomático al conflicto, ya que intervendrá en la relación entre Indra y General Dynamics European Land Systems y desplegará iniciativas para impulsar un aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Un conflicto que redefine el equilibrio del sector defensa

El enfrentamiento entre Indra y Santa Bárbara no es solo una disputa empresarial, sino un choque de modelos industriales y estratégicos: por un lado, la apuesta del Gobierno por crear grandes polos industriales nacionales liderados por Indra y EM&E; por otro, la defensa de la posición histórica de Santa Bárbara como actor clave del sector terrestre en España.

La resolución judicial marcará un precedente decisivo no solo para estos contratos, sino para el diseño futuro de la política industrial de defensa, la participación de multinacionales extranjeras y el modelo de financiación pública de los grandes programas militares.

En juego no está solo un contrato, sino el control del núcleo industrial del sector defensa español y la arquitectura del rearme nacional para la próxima década.