Disparos, drones y presidenta interina: el nuevo tablero en Caracas

Caracas ha vivido en apenas 24 horas tres escenas que condensan la fragilidad del momento político: ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores, una jura relámpago de Delcy Rodríguez como presidenta interina y un Nicolás Maduro proclamándose “prisionero de guerra” ante un juez federal en Nueva York.
El relato oficial habla de “confusión entre fuerzas del propio Estado” cuando la guardia presidencial abrió fuego contra drones de vigilancia, de “agresión ilegítima” para describir la operación militar de Estados Unidos y de “secuestro de héroes” para referirse al traslado de Maduro y Cilia Flores.
Sin embargo, la consecuencia es clara: el poder real se ha desplazado y el chavismo intenta recomponerse a gran velocidad.
Mientras en Caracas se jura defender la soberanía, en Manhattan se agenda para el 17 de marzo la próxima cita judicial de quien asegura seguir siendo “presidente de su país”.
Entre ambas ciudades se juega ahora un partido que mezcla justicia penal, fuerza militar y supervivencia política.

Tres escenas en 24 horas que redefinen el poder

En la cronología oficial, todo ocurre a velocidad vertiginosa. Primero, la operación militar de Estados Unidos que captura a Maduro en Caracas y lo traslada a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico y conspiración. Después, la rápida confirmación del Tribunal Supremo venezolano que avala a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Y, ya con el país en shock, los disparos alrededor de Miraflores por un supuesto error de identificación de drones de vigilancia.

El resultado es un país en el que el relato se fragmenta. Para Washington, se trata de poner ante la justicia a un líder acusado desde hace años de narco-terrorismo; para el nuevo Gobierno interino, de resistir una “agresión ilegítima” y preservar la continuidad institucional del chavismo sin Maduro; para la población, de sobrevivir entre la incertidumbre, la crisis económica y la amenaza de que cualquier error pueda desencadenar un nuevo ciclo de violencia.

En el exterior, las imágenes de Maduro en el banquillo de Manhattan y de Rodríguez jurando el cargo en Caracas circulan en paralelo, casi como si pertenecieran a universos políticos distintos. Este hecho revela hasta qué punto la batalla por la legitimidad se libra ya en varios escenarios a la vez: tribunales, palacios presidenciales y redes sociales.

Disparos por drones: un síntoma del caos en Miraflores

El episodio de los disparos cerca del Palacio de Miraflores podría parecer anecdótico, pero es profundamente revelador. Según la versión trasladada a medios internacionales, la guardia presidencial abrió fuego contra drones que realizaban tareas de vigilancia para otras agencias del Estado, sin saberlo. Solo cuando se confirmó su origen se ordenó el alto.

La secuencia describe una cadena de comunicación rota en el corazón del poder. En un perímetro que debería estar sometido al máximo control, diferentes cuerpos armados no comparten protocolos ni información básica sobre operaciones aéreas. En un contexto de extrema tensión, cualquier movimiento en el cielo se interpreta como amenaza, y la reacción automática es apretar el gatillo.

Lo más grave no es tanto que los drones fueran del propio Estado, sino lo que ese error sugiere: nervios al límite, desconfianza entre cuerpos y la conciencia de que el poder ya no es monolítico. Que poco después se esforzara en subrayar que “la situación está estabilizada” no borra el dato central: en el entorno de Miraflores cundió el pánico ante la mera sospecha de un nuevo ataque o de un movimiento interno descontrolado.

Delcy Rodríguez, presidenta interina bajo sospecha

En paralelo al ruido de las armas, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. Lo hizo con un discurso cargado de épica patriótica y tono doliente: “Vengo con dolor por el sufrimiento infligido al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima… vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”, afirmó, en alusión a Maduro y Cilia Flores.

Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, llega al cargo bendecida por el Tribunal Supremo y presentada como figura de continuidad frente a la “agresión externa”. Se compromete a “asegurar la soberanía nacional” y anuncia la creación de una comisión para trabajar por la liberación de Maduro, en un intento de mantener viva la narrativa de resistencia y cohesión interna.

Sin embargo, su nombramiento plantea varias incógnitas. ¿Se trata de una transición ordenada dentro del chavismo, o de una maniobra para ganar tiempo mientras las facciones calibran sus fuerzas? ¿Tiene realmente margen para negociar con Washington y con la oposición, o es solo una figura de consenso momentáneo para evitar una fractura inmediata del aparato?

El contraste entre la carga emocional de su discurso y la frialdad con la que se ejecutó el relevo invita a pensar que, más que un gesto de unidad, estamos ante un movimiento defensivo de un bloque que sabe que ha perdido su pieza central.

Maduro en Manhattan: del Palacio de Miraflores al banquillo

Lejos del calor y la humedad de Caracas, Nicolás Maduro pisó por primera vez una sala de vistas federal en Manhattan, esposado y escoltado por agentes estadounidenses. Allí, junto a su esposa Cilia Flores, escuchó cargos por conspiración de narco-terrorismo, importación de cocaína y delitos de armas ya formulados años atrás.

Su respuesta fue tan calculada como simbólica: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país. Me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó en español ante el juez Alvin Hellerstein, antes de declararse no culpable. La próxima vista quedó fijada para el 17 de marzo, fecha que marca ahora el calendario político y mediático tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

La estrategia jurídica parece clara: politizar el proceso penal, presentarlo como una extensión de la “guerra” entre Washington y Caracas y reforzar la imagen de Maduro como líder depuesto por la fuerza, no por las urnas. Para el chavismo, su presencia en el banquillo alimenta el relato de “secuestro” y ofrece un punto de convergencia para las distintas facciones.

Pero, al mismo tiempo, la foto de un expresidente latinoamericano enfrentándose a cargos de narco-terrorismo en Nueva York supone una humillación histórica para el régimen y un aviso para otros aliados de Moscú o Pekín en la región: Estados Unidos está dispuesto a ir más lejos de lo que muchos creían.

Fracturas internas y lealtades variables

Sobre este tríptico —disparos, jura interina, juicio en Manhattan— planea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto el derribo de Maduro fue posible sin colaboración desde dentro?. La rapidez de la operación, la falta de resistencia significativa y la transición casi inmediata hacia una nueva jefatura del Estado alimentan las sospechas de acuerdos tácitos, fracturas en la cúpula y lealtades negociadas.

En ese contexto, el papel de Delcy Rodríguez adquiere un matiz ambivalente. Para una parte del chavismo, puede ser garantía de continuidad y protección de intereses; para otra, símbolo de una adaptación forzada a un nuevo equilibrio en el que Washington marca los límites. La creación de una comisión para buscar la liberación de Maduro suena tanto a gesto de lealtad como a intento de preservar su capital político mientras ella gestiona el día a día.

La historia reciente de la región muestra que los regímenes que pierden a su líder carismático y concentrador de poder tienden a fragmentarse. El riesgo para Venezuela no es solo el choque entre chavismo y oposición, sino la guerra fría interna dentro del propio oficialismo, con grupos militares, económicos y territoriales compitiendo por espacios de influencia, recursos y contactos con el exterior.

Washington, los tribunales y la batalla por el relato

La captura de Maduro y su procesamiento en Nueva York consolidan una estrategia que va más allá del caso venezolano: judicializar la lucha contra determinados líderes extranjeros, trasladando el conflicto del terreno estrictamente diplomático al penal. No se trata solo de sanciones o aislamiento, sino de sentar a esos dirigentes en el banquillo bajo cargos concretos, con penas que pueden superar las tres décadas de prisión.

Para Washington, la ventaja es doble. Internamente, puede presentar la operación como un triunfo del Estado de derecho frente a un “narco-estado”. Externamente, lanza un mensaje disuasorio a otros gobiernos que operan en los bordes entre política, crimen organizado y alianzas con potencias rivales.

Caracas responde con la narrativa opuesta: “agresión militar ilegítima”, “secuestro de héroes”, “prisionero de guerra”. El objetivo no es solo sostener la moral interna, sino intentar activar apoyos diplomáticos en foros internacionales y entre aliados como Rusia, China o Irán, que ven en la jugada estadounidense un precedente peligroso.

En el fondo, más que un juicio aislado, se dirime qué relato se impondrá en la memoria regional: el del “narco-dictador capturado” o el del “presidente soberano secuestrado por una superpotencia”.

Con una presidenta interina cuestionada, un líder histórico sentado en el banquillo de Manhattan y disparos por error en el entorno de Miraflores, Venezuela entra en una fase de máxima incertidumbre. Se abren al menos tres escenarios.

El primero, una transición controlada, en la que Delcy Rodríguez o una figura similar gestione un periodo de estabilización con apoyo de parte del chavismo y una oposición cooptada, mientras se negocian discretamente condiciones económicas y garantías jurídicas para los viejos cuadros del régimen.

El segundo, un bloqueo político prolongado, con un Gobierno interino de legitimidad discutida, una oposición fragmentada, sanciones que se endurecen y un deterioro socioeconómico que agrave la ya masiva diáspora —más de 7 millones de venezolanos fuera del país—. En ese contexto, cada incidente, como el de los drones, puede encender la chispa de una crisis mayor.

El tercero, una escalada imprevisible, si la disputa por el control de las fuerzas armadas o de los recursos estratégicos se desborda y arrastra a actores externos. La presencia de Maduro en un proceso penal estadounidense añade una capa de tensión que puede complicar cualquier salida negociada.

En todos ellos, una constante: el margen de decisión real del pueblo venezolano sigue reducido, atrapado entre la lógica de la fuerza, los intereses de las potencias y las pugnas de unas élites que llevan años mirando más hacia Washington, Moscú o Pekín que hacia las necesidades de su propia sociedad.