EEUU entrega a Irak 5.700 presos del ISIS en 23 días
La maquinaria militar de Estados Unidos ha ejecutado en apenas 23 días una de las operaciones más sensibles desde la caída territorial del califato del Estado Islámico: el traslado de más de 5.700 combatientes yihadistas desde cárceles del noreste de Siria a prisiones iraquíes. La misión, iniciada el 21 de enero y concluida con un último vuelo nocturno el 12 de febrero, ha sido coordinada por el Mando Central estadounidense (CENTCOM) y presentada como un movimiento “clave” para evitar un resurgir del grupo terrorista. Sin embargo, el traslado masivo no elimina el problema, simplemente cambia de dirección la factura en seguridad, política y presupuesto. El propio ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, admite que su país necesitará ayuda financiera para absorber a los detenidos y gestionar juicios que pueden prolongarse durante décadas. Al mismo tiempo, Europa sigue resistiéndose a repatriar a sus nacionales, dejando en manos de Bagdad y de los socios de la región la tarea de custodiar a los combatientes más peligrosos.
Una operación relámpago para vaciar las cárceles kurdas
Según el comunicado del Mando Central de Estados Unidos (Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)), la operación arrancó el 21 de enero y se prolongó durante 23 días, con un entramado de convoyes terrestres y vuelos militares que sacaron a los presos de centros de detención en el noreste de Siria hasta instalaciones de alta seguridad en Irak. El traslado se activó tras una ofensiva relámpago del nuevo gobierno sirio sobre las zonas controladas por las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), hasta ahora responsables de custodiar a miles de detenidos del ISIS.
Washington temía que el frente interno en Siria se desmoronara: prisiones cercanas a la línea de contacto, guardianes reorientados al combate y un riesgo real de fugas masivas, como ya ocurrió en el pasado con al menos dos grandes motines coordinados por la organización. De fondo, la nueva arquitectura de seguridad tras la adhesión formal de Siria a la coalición internacional contra el Estado Islámico y la integración progresiva de las milicias kurdas en el Ejército regular sirio, un proceso aún frágil.
En este contexto, trasladar a varios millares de combatientes a territorio iraquí no es solo un gesto de apoyo a Bagdad. Es también la forma que el Pentágono ha encontrado de reordenar el tablero antes de culminar su propia salida de la región, prevista para finales de 2026, según ha recordado el propio Gobierno iraquí.
El nuevo epicentro del problema: prisiones iraquíes al límite
Mientras el Pentágono presume de haber movido a más de 5.700 presos, en Bagdad los números son algo diferentes. El ministro Fuad Hussein habla de unos 3.000 detenidos ya ingresados en cárceles iraquíes, y subraya que el proceso continúa. La discrepancia no es menor: refleja que el conteo estadounidense incluye a todos los que han salido de Siria, mientras que Irak solo computa a los ya registrados en su sistema penitenciario.
La mayoría de los recién llegados están siendo concentrados en el complejo de Al-Karkh, a las afueras de Bagdad, una prisión de alta seguridad remodelada para absorber a estos presos. Informaciones procedentes del país apuntan a que allí se están habilitando módulos específicos, servicios médicos propios y salas de interrogatorio destinadas a procesar a reclusos de más de 60 nacionalidades, con especial atención a las redes de mando y finanzas del grupo.
El Gobierno iraquí calcula que deberá mantener bajo custodia a parte de estos combatientes durante 15 o 20 años, con cadenas perpetuas o largas penas en muchos casos. Ello obliga a reforzar plantillas, elevar los estándares de seguridad, crear programas de desradicalización y abrir el difícil debate sobre qué hacer con aquellos que no puedan ser juzgados con pruebas sólidas pero siguen considerándose peligrosos. Lo más grave, desde la óptica de Bagdad, es que todo esto llega cuando el país aún arrastra infraestructuras dañadas por años de guerra y un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, que limita su margen fiscal.
El coste oculto: juicios, inteligencia y una factura multimillonaria
La dimensión económica apenas aparece en los comunicados militares, pero pesa como una losa en los despachos de Bagdad. Miles de combatientes implican miles de sumarios penales, intérpretes, jueces especializados, defensas de oficio y equipos de inteligencia dedicados durante años a reconstruir trayectorias, atentados, desplazamientos y conexiones financieras. Solo levantar una estructura judicial específica para estos casos puede consumir, según estimaciones internas manejadas por expertos consultados por Negocios, entre 30 y 50 millones de euros anuales durante la próxima década.
A ello se suma el coste ordinario del sistema penitenciario. Si se toma como referencia un gasto medio de 20.000 euros por preso y año en prisiones de alta seguridad —incluyendo personal, alimentación, instalaciones y vigilancia tecnológica—, mantener a 5.000–6.000 combatientes durante diez años supone una factura acumulada superior a los 1.000 millones de euros. No todas estas cifras recaerán sobre el presupuesto iraquí, pero la parte que no cubran los aliados deberá financiarse con deuda o con recortes en otras partidas sensibles.
La consecuencia es clara: al externalizar la custodia de sus propios combatientes, Europa y Estados Unidos trasladan a Irak un coste que no es solo de seguridad, sino también fiscal. Bagdad ya ha empezado a pedir a los países de origen de los presos que contribuyan financieramente si no están dispuestos a repatriarlos.
Europa mira hacia otro lado ante sus propios combatientes
El ministro iraquí lo ha dicho sin rodeos: mientras algunos países árabes y musulmanes han abierto conversaciones para repatriar a sus nacionales, las capitales europeas siguen reticentes. El argumento principal es jurídico: se teme que los tribunales no puedan sostener condenas largas con pruebas recogidas en zonas de guerra, y que muchos retornados queden libres tras cumplir penas relativamente cortas.
De este modo, Irak corre el riesgo de convertirse en el gran depositario de los combatientes europeos del ISIS, una especie de “subcontrata” de seguridad que permite a los Gobiernos de la UE evitar el coste político de explicar a la opinión pública por qué traen de vuelta a yihadistas a sus ciudades. Pero la decisión tiene un reverso peligroso: reduce el control directo sobre la evolución de esos individuos, dificulta el seguimiento de sus redes y alimenta un discurso victimista que el propio Estado Islámico sabe explotar.
En paralelo, decenas de miles de mujeres y niños vinculados al grupo siguen recluidos en campos como campamento de Al-Hol, donde los expertos alertan de una radicalización silenciosa. AP estima que solo en ese recinto viven más de 25.000 familiares de combatientes, muchos de ellos de países europeos que tampoco han dado pasos decididos para su repatriación. El contraste con la velocidad de la operación militar para mover a los presos varones resulta demoledor.
El precedente de Camp Bucca y la cárcel como ‘universidad del yihadismo’
La historia reciente ofrece un aviso nítido. A principios de los 2000, el campo de detención de Camp Bucca se convirtió, según múltiples investigaciones, en un auténtico vivero del futuro Estado Islámico. Buena parte de la cúpula del grupo —incluido su líder Abu Bakr al-Baghdadi— pasó por aquel recinto, donde los contactos diarios entre cuadros radicalizados y la ausencia de programas de desradicalización facilitaron la creación de redes internas que sobrevivieron al cierre del centro.
Hoy, organizaciones de análisis de seguridad recuerdan ese precedente cada vez que se habla de agrupar a miles de combatientes en unas pocas prisiones de alta seguridad. Cuantos más presos de alto perfil se concentran en un mismo lugar, mayor es el riesgo de que la cárcel se transforme en espacio de adoctrinamiento, reclutamiento y planificación. De hecho, varios estudios advierten de que algunos campos de desplazados en el noreste de Siria ya funcionaban, de facto, como “campus” ideológicos del yihadismo, con redes de enseñanza clandestina para niños y estructuras de disciplina interna.
El diagnóstico es inequívoco: si la comunidad internacional se limita a encerrar, sin ofrecer salidas jurídicas claras ni alternativas de reinserción allí donde sea posible, el problema se congelará, pero no desaparecerá. Solo hará falta una nueva grieta de seguridad para que parte de esos presos vuelva al campo de batalla, con más experiencia, más contactos y menos miedo.
Una ecuación geopolítica que incluye a Siria, Irán y Turquía
La transferencia de presos no puede entenderse al margen del nuevo equilibrio regional. En paralelo a la operación, Siria se ha incorporado formalmente a la coalición internacional contra el ISIS, tras un alto el fuego con las milicias kurdas que preveía la integración gradual de estas fuerzas en el Ejército regular. Para Washington, sacar de allí a los presos más peligrosos es también una forma de reducir su dependencia de unos aliados kurdos cada vez más expuestos y de un Gobierno sirio con el que mantiene una relación de desconfianza mutua.
Además, el movimiento se produce mientras Irán consolida su influencia en Irak a través de milicias y partidos aliados, y Turquía presiona para impedir cualquier consolidación de estructuras kurdas autónomas cerca de su frontera. Cada actor interpreta la reubicación de los combatientes del ISIS en clave propia: Ankara la ve como una manera de reducir la excusa para mantener fuerzas kurdas armadas en Siria; Teherán como una oportunidad para reforzar su papel en la seguridad interior iraquí; y Damasco como un alivio parcial de un problema que amenaza su estabilidad interna.
En medio de esta ecuación, Estados Unidos intenta presentarse como garante responsable, ejecutando una operación meticulosa mientras acelera su retirada militar. Pero el reparto de riesgos es claramente asimétrico: las consecuencias de cualquier fuga masiva recaerán primero sobre Irak y sus vecinos.
