Albares avisa desde Ceuta: España devolverá “hasta la última persona” entrada irregularmente
José Manuel Albares ha elegido Ceuta para lanzar uno de los mensajes más contundentes desde el comienzo de la crisis migratoria: «hasta la última persona» que haya entrado irregularmente será devuelta a Marruecos. El ministro de Exteriores sostiene que el Gobierno trabaja con Rabat para completar los retornos y garantizar que la ciudad autónoma no se convierta en una vía hacia el continente europeo.
La magnitud explica el endurecimiento. Interior cifró en 72.000 las entradas irregulares del 30 de julio y aseguró el 4 de agosto que más de 70.000 personas ya habían salido de Ceuta. La crisis, sin embargo, ha dejado de ser exclusivamente fronteriza: ha abierto disputas legales, una batalla parlamentaria y un enfrentamiento con Italia.
«Abocados» a regresar
Albares ha recordado que Ceuta y Melilla cuentan con un sistema excepcional de doble control fronterizo: uno en la frontera con Marruecos y otro antes de viajar hacia la Península por vía aérea o marítima.
La intención es impedir movimientos secundarios hacia el resto del espacio Schengen. El ministro ha afirmado que quien entre irregularmente en Ceuta o Melilla está «abocado a ser devuelto» y ha pedido a quienes contemplen cruzar desde Marruecos que no arriesguen su vida.
El mensaje político es inequívoco: Madrid quiere transmitir que la entrada en las ciudades autónomas no garantiza permanecer en territorio español ni acceder posteriormente al continente.
La ley marca límites
La contundencia política no significa que todas las devoluciones puedan realizarse automáticamente. El Tribunal Supremo estableció el 8 de julio que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar nadando a Ceuta o Melilla no pueden ser objeto de una devolución inmediata sin procedimiento.
En esos casos debe aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, con las garantías correspondientes.
La situación es todavía más compleja para menores y solicitantes de protección internacional. La promesa de devolver a todos expresa un objetivo político; su ejecución debe respetar procedimientos individualizados y las obligaciones legales españolas e internacionales.
Marruecos vuelve al centro
La cooperación con Rabat resulta imprescindible para completar los retornos. El propio Ministerio de Exteriores destaca que desde el comienzo de la crisis trabaja diplomáticamente con Marruecos para facilitar el regreso de quienes todavía permanecen en Ceuta.
Rabat, por su parte, ha atribuido la crisis a redes de tráfico, campañas de desinformación y una interpretación errónea de la reciente sentencia española sobre devoluciones. Las autoridades marroquíes calcularon que alrededor de 40.000 personas llegaron a concentrarse en su lado de la frontera.
La dependencia mutua permanece intacta: España necesita cooperación policial y Marruecos conserva una extraordinaria capacidad de influencia sobre la presión fronteriza.
La CPI entra en el debate
La crisis ha adquirido incluso una dimensión judicial internacional. Iustitia Europa presentó el 10 de agosto una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitando que examine si pudo existir una utilización organizada de población civil desde Marruecos.
El escrito pide investigar posibles responsabilidades del rey Mohamed VI, del primer ministro Aziz Akhannouch y de otras autoridades.
Conviene precisar el alcance: presentar una denuncia no significa que la CPI haya abierto una investigación ni que exista responsabilidad acreditada. Por ahora se trata de una petición formulada por una organización política para que la Fiscalía valore si tiene competencia y si los hechos pueden encajar en el Estatuto de Roma.
El Senado abre otro frente
La presión también crece dentro de España. El PP, que posee mayoría absoluta en el Senado, ha convocado a Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares para explicar la gestión de la crisis.
Robles tiene prevista una comparecencia el 18 de agosto, mientras continúa la disputa sobre la asistencia de los demás ministros. El Ejecutivo prefiere ofrecer explicaciones en el Congreso a partir del 25 de agosto y rechaza duplicar comparecencias.
Ceuta ha terminado así convirtiéndose también en un nuevo conflicto institucional entre Gobierno y oposición.
España e Italia rompen la normalidad Schengen
La onda expansiva ha llegado todavía más lejos. Italia reintrodujo controles temporales para viajeros procedentes de España desde el 1 de agosto, alegando riesgos derivados de la crisis de Ceuta. España respondió restableciendo controles aéreos y marítimos para llegadas desde Italia entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre.
Bruselas reconoce ambos controles y supervisa su proporcionalidad. Los dos gobiernos han asegurado que serán temporales y la Comisión Europea confía en recuperar pronto la normalidad.
La crisis demuestra así cuánto puede extenderse un problema aparentemente local. Lo ocurrido en la frontera de Ceuta ha terminado afectando a Marruecos, al Parlamento español y hasta a la libre circulación entre dos de las mayores economías de la Unión Europea.
