Petro tiembla: el presidente electo de Colombia lanza una auditoría para ver sus cuentas
Abelardo de la Espriella aún no ha tomado posesión, pero su equipo ya examina las cuentas que recibirá de Gustavo Petro. El presidente electo de Colombia ha encargado una auditoría técnica y forense sobre contratos, movimientos financieros y decisiones administrativas del Ejecutivo saliente, una iniciativa presentada como instrumento contra la corrupción y antesala de una revisión profunda del gasto público.
La operación tiene una doble dimensión. Por un lado, pretende determinar si existen responsabilidades penales o patrimoniales. Por otro, construye el diagnóstico económico con el que el nuevo Gobierno justificará sus primeras decisiones. El riesgo es evidente: una auditoría necesaria puede terminar convertida en un recurso político para presentar cualquier recorte como inevitable.
Una auditoría antes de gobernar
De la Espriella fue elegido presidente para el periodo 2026-2030 y asumirá el cargo el 7 de agosto. Hasta entonces, Petro continúa siendo formalmente el jefe del Estado, por lo que resulta más preciso hablar de presidente electo que de nuevo presidente en ejercicio.
El equipo del mandatario entrante sostiene que la auditoría debe establecer la situación real del patrimonio público y revisar posibles irregularidades en la Administración saliente. Los primeros avances ya han derivado en denuncias relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras y Cenit, filial de Ecopetrol, aunque los hechos deberán ser investigados y probados por las autoridades competentes.
Auditar no equivale a demostrar un saqueo. La diferencia entre una alerta administrativa, una contratación cuestionable y un delito probado resulta esencial.
Las cuentas sí presentan tensión
La crítica de que todo el diagnóstico fiscal es una invención tampoco encaja con los datos disponibles. El plan financiero oficial situó el déficit máximo de 2026 en el 6,2% del PIB, dos puntos por encima de la meta ordinaria de la regla fiscal. El desvío obligó a mantener activa la cláusula de escape y refleja una posición presupuestaria delicada.
El Fondo Monetario Internacional ya había advertido de que el déficit podía alcanzar el 7,1% del PIB en 2025, mientras el Banco de la República atribuyó parte del crecimiento de ese año —un 2,6%— al elevado estímulo fiscal. Para 2026, el FMI proyecta una expansión bastante más moderada, del 2,3%, lejos del crecimiento del 5% utilizado en algunos discursos políticos.
El ajuste no tiene una sola forma
Que exista un desequilibrio fiscal no determina automáticamente cómo debe corregirse. Un Gobierno puede reducir inversión, recortar transferencias, contener salarios públicos, elevar impuestos, combatir la evasión, revisar exenciones o mejorar la eficiencia administrativa.
Por eso resulta simplificador afirmar que «no hay alternativa». La consolidación fiscal es una necesidad contable; su reparto es una decisión política. No produce el mismo efecto reducir duplicidades burocráticas que congelar el gasto sanitario, ni elevar impuestos progresivos que aumentar tributos indirectos pagados por toda la población.
El debate central no será si Colombia debe corregir sus cuentas, sino quién soportará el coste del ajuste y qué partidas quedarán protegidas.
El peligro de la doctrina heredada
La estrategia de atribuir todas las dificultades al Gobierno anterior tiene numerosos precedentes. Los nuevos Ejecutivos suelen anunciar auditorías, revisar previsiones y rebajar las estimaciones de ingresos para establecer un punto de partida más desfavorable.
Esa práctica puede responder a prudencia presupuestaria, pero también permite acumular capital político. Si el ajuste funciona, el nuevo Gobierno se atribuye el mérito; si provoca deterioro social, responsabiliza a la herencia recibida.
Lo más grave sería utilizar la auditoría para presentar como hallazgos extraordinarios problemas que ya estaban reflejados en documentos públicos. El Marco Fiscal de Mediano Plazo, elaborado anualmente por el Ministerio de Hacienda, contiene previsiones fiscales y macroeconómicas para diez ejercicios y constituye la referencia oficial para evaluar la sostenibilidad de las cuentas.
Privatizaciones bajo sospecha
Los críticos de De la Espriella temen que el deterioro fiscal sirva para acelerar privatizaciones o reducir servicios públicos. Esa posibilidad merece vigilancia, pero todavía no puede presentarse como un hecho consumado.
Privatizar no implica necesariamente mejorar la eficiencia, del mismo modo que mantener una empresa bajo control estatal no garantiza una gestión adecuada. La clave estará en el diseño: valoración de activos, competencia real, condiciones laborales y protección del acceso a servicios esenciales.
Una venta apresurada para obtener ingresos inmediatos puede aliviar el déficit de un año y empobrecer al Estado durante décadas. Por eso cualquier operación debería someterse a control parlamentario, valoración independiente y máxima transparencia.
Colombia llega a la transición con inflación todavía elevada: el Banco de la República registró un 6,14% interanual en junio de 2026 y situó su tipo de intervención en el 12%. Ese entorno encarece la deuda, limita el crédito y reduce el margen para sostener políticas expansivas.
De la Espriella tiene derecho a conocer qué recibe y la obligación de investigar cualquier irregularidad. Pero la auditoría no puede convertirse en una coartada automática para decisiones tomadas de antemano.
Las cifras demostrarán si existe un problema fiscal; el presupuesto revelará a quién decide proteger el nuevo Gobierno. Esa será la verdadera medida de su política económica, mucho más que el relato de la herencia, el lenguaje del saqueo o las promesas de una limpieza institucional.
