Rusia eleva la presión: el banco central demandará a bancos europeos por los activos congelados para Ucrania
Moscú abre un nuevo frente legal contra Europa: el Banco Central de Rusia anuncia acciones en tribunales rusos para reclamar el valor de los activos “retenidos ilegalmente” y el lucro cesante, justo cuando la UE debate cómo convertir esos fondos en un salvavidas financiero para Kiev y cómo blindar a Bélgica, donde se concentra la mayor parte del dinero inmovilizado.
Un paso judicial que busca frenar el “préstamo de reparaciones” europeo
El Banco Central de la Federación Rusa comunicó este jueves que presentará demandas contra bancos europeos ante un tribunal ruso por los intentos de emplear activos rusos congelados para financiar a Ucrania. La entidad advirtió de que reclamará daños y perjuicios equivalentes al valor de los activos que considera “ilegalmente retenidos” y también beneficios dejados de obtener, en lo que supone una escalada legal diseñada para elevar el coste —político y financiero— de la estrategia europea.
El contexto: 210.000 millones congelados y una decisión crítica en Bruselas
La ofensiva llega en pleno debate comunitario sobre el uso de alrededor de €210.000 millones en activos soberanos rusos inmovilizados en la UE, en gran parte vinculados a la infraestructura financiera belga (con Euroclear como nodo central). La propuesta que se discute en Bruselas pretende convertir esos fondos en un instrumento para sostener las necesidades presupuestarias de Ucrania en 2026-2027 mediante un préstamo respaldado por los activos: un diseño que, según sus defensores, mantendría la titularidad formal en manos rusas, pero condicionaría la devolución efectiva a un eventual pago de reparaciones.
La gran fractura interna: Bélgica (y Hungría) piden garantías “a prueba de pleitos”
El principal obstáculo no es económico, sino jurídico y de reparto de riesgos. Bélgica —donde se concentra el grueso de los activos— insiste en que la UE debe ofrecer cobertura y solidaridad legal y financiera si Rusia responde con litigios o represalias. El temor de fondo es que una sentencia adversa, o medidas de ejecución en jurisdicciones favorables a Moscú, terminen trasladando una factura multimillonaria al Estado belga o a la propia Euroclear. En paralelo, países como Hungría han mostrado reticencias a la arquitectura legal del plan y a sus implicaciones políticas, complicando el consenso.
“Si hay dudas, que demanden a la UE”: el mensaje de Kaja Kallas
En este clima, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha defendido acelerar una solución comunitaria para retirar presión sobre Bélgica. Su razonamiento es directo: cuanto antes exista una decisión europea, más claro quedará que se trata de una aplicación de derecho de la UE y no de un movimiento unilateral belga. “Si alguien no está contento con la solución, puede ir a los tribunales contra la Unión Europea”, señaló, en una frase que resume el pulso institucional: trasladar el conflicto del terreno bilateral (Rusia vs. Bélgica) al marco jurídico comunitario (Rusia vs. UE).
Por qué esta batalla legal importa al mercado
La disputa va más allá de Ucrania: toca el corazón del sistema financiero europeo. Si Rusia consigue abrir grietas judiciales o de ejecución que afecten a custodios, cámaras de compensación o bancos corresponsales, el resultado puede ser un aumento estructural de la prima legal y del coste de operar con activos soberanos bajo sanciones. A la vez, Bruselas intenta evitar el riesgo reputacional de que el euro sea percibido como una moneda donde las reservas de terceros países podrían quedar expuestas a decisiones políticas en contextos de conflicto, una preocupación que algunos gobiernos y autoridades han puesto sobre la mesa en los últimos meses.
La jugada de Moscú: disuasión, coste y precedente
Desde la óptica rusa, el anuncio cumple tres objetivos: disuadir a entidades europeas (por riesgo litigioso), encarecer el plan (obligando a diseñar garantías y “backstops” públicos) y crear precedente en tribunales domésticos que pueda utilizarse en estrategias de presión y negociación. Europa, por su parte, busca cerrar el diseño legal con mecanismos que protejan a los intermediarios y minimicen el riesgo de que un conflicto judicial termine afectando a la estabilidad financiera o al reparto de cargas entre Estados miembros.
