Trump presume de salvar un Kennedy Center con déficit récord
La última batalla de Donald Trump no se libra en un mitin ni en un tribunal, sino en uno de los templos de las artes escénicas de Estados Unidos. El presidente ha asegurado que “entró para salvar” el ahora rebautizado Trump-Kennedy Center, después de años de pérdidas económicas. La afirmación llega en plena polémica por la decisión del consejo de administración de añadir su apellido al del expresidente asesinado, tras una votación que la Casa Blanca presenta como unánime y que varios miembros niegan. Sobre la mesa, un cóctel explosivo: déficits millonarios, caída de público, fuga de artistas y una familia Kennedy abiertamente indignada.
Un mensaje calculado en plena tormenta política
El mensaje de Trump llegó, como suele ser habitual, a través de Truth Social. En un post, el presidente sostuvo que el centro “sufrió enormes déficits durante muchos años” y que él intervino únicamente para “salvarlo y hacerlo mejor que nunca”. La frase encaja en el relato que lleva décadas construyendo: el empresario exitoso que aterriza en instituciones supuestamente mal gestionadas para “enderezar las cuentas”.
Sin embargo, el contexto desmiente cualquier inocencia. Su defensa del Trump-Kennedy Center se produce después de semanas de críticas por el intento de rebranding de la institución, por la purga del consejo de administración y por la cascada de cancelaciones de artistas que rechazan asociar su nombre al del presidente.
Este hecho revela algo más profundo que una simple disputa nominal. Trump no solo pretende presentarse como salvador de un centro en números rojos: usa las cifras para justificar una operación de control político y simbólico sobre el principal memorial cultural dedicado a John F. Kennedy. En plena campaña permanente, convertir un teatro en estandarte ideológico equivale a sumar un altavoz más a su universo mediático.
Del Kennedy Center al Trump-Kennedy Center
Hasta hace apenas unos meses, el edificio junto al Potomac se llamaba oficialmente John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Todo cambió con una reunión del consejo de administración el 18 de diciembre de 2025, cuando los consejeros nombrados por Trump votaron para rebautizarlo como “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, abreviado Trump-Kennedy Center.
La Casa Blanca difundió inmediatamente que la votación había sido “unánime”. Sin embargo, varios miembros ex officio del consejo, incluyendo a la congresista Joyce Beatty y al líder demócrata Hakeem Jeffries, denunciaron que no se les permitió votar o incluso fueron silenciados durante la reunión. El contraste con otras instituciones culturales resulta demoledor: nunca antes un presidente había impulsado tan abiertamente colocar su propio nombre junto al de un mandatario asesinado y convertido en símbolo nacional.
Lo más grave es que la operación se ha ejecutado pese a que la ley federal que creó el Kennedy Center prohíbe cambiar su denominación sin una nueva decisión del Congreso. Aun así, la nueva marca ya figura en la web oficial y en la fachada del edificio, mientras los juristas discuten si el consejo ha ido más allá de sus competencias.
Déficits millonarios y caída de público
Trump se apoya en los números para justificar su intervención. Habla de “déficits masivos” acumulados durante años y circula la cifra de hasta 100 millones de dólares como agujero agregado en los estados financieros del centro. Visto así, el relato del empresario que rescata una institución en quiebra podría resultar verosímil. Pero el diagnóstico real es bastante más complejo.
Exdirectivos y antiguos responsables financieros recuerdan que un centro artístico de titularidad pública no funciona como una empresa privada. El supuesto “déficit” que Trump denuncia no tiene en cuenta donaciones, subvenciones ni rendimientos del endowment, que son pilares básicos del modelo estadounidense de financiación cultural. Al aplicar una lógica puramente empresarial, el presidente transforma lo que es una estructura típica del sector sin ánimo de lucro en un argumento político sobre “despilfarro” y “corrupción”.
A ello se suma un dato que incomoda a la Casa Blanca: lejos de mejorar tras la toma de control, los resultados comerciales del centro han empeorado. Según análisis de prensa local, la ocupación media de las salas habría caído a alrededor del 57%, frente a niveles de 80%-90% en temporadas previas. De hecho, solo en suscripciones la institución habría perdido más de un tercio de los abonados y unos 1,6 millones de dólares de ingresos respecto al año anterior.
Un consejo remodelado a medida de Trump
Nada de lo ocurrido en el Trump-Kennedy Center se entiende sin mirar a su gobernanza. En febrero de 2025, el presidente nombró a Richard Grenell como director ejecutivo interino y promovió una renovación casi completa del consejo de administración, colocando a aliados políticos, donantes y figuras de su entorno mediático.
Meses después, en mayo, el órgano modificó sus estatutos para que solo los consejeros nombrados directamente por Trump pudieran votar, dejando sin voz ni voto a los 23 miembros ex officio que representan a Congreso y Senado. La consecuencia es clara: cuando llegó la votación para añadir el apellido Trump al del expresidente Kennedy, el resultado estaba prácticamente garantizado.
Este rediseño institucional encaja con el patrón ya observado en otras agencias y organismos durante el actual mandato: primero se cuestiona la eficiencia o la neutralidad de una entidad, luego se interviene su dirección con perfiles ideológicamente alineados y, por último, se utiliza el control de los órganos internos para consolidar cambios estructurales difíciles de revertir. En el caso del Kennedy Center, esa secuencia ha desembocado en un experimento inédito: un presidente en ejercicio que preside, gestiona y rebautiza la principal institución cultural federal dedicada a otro presidente.
La familia Kennedy y el mundo cultural se rebelan
El contraste simbólico no puede ser mayor. De un lado, un presidente que se presenta como salvador financiero; del otro, la familia del mandatario homenajeado y buena parte del ecosistema cultural estadounidense. Joe Kennedy III, excongresista y sobrino nieto de John F. Kennedy, ha recordado que el centro “es un memorial vivo a un presidente caído” y que, por ley, “no puede ser renombrado como si fuera un estadio más”.
La reacción del mundo artístico ha sido igual de contundente. Figuras como Renée Fleming, Shonda Rhimes o Ben Folds han cortado lazos con el centro, mientras producciones emblemáticas como Hamilton o montajes contemporáneos han cancelado actuaciones previstas. En pocos meses, la institución ha pasado de ser un escenario aspiracional para compañías y orquestas a un terreno minado donde cada participación se interpreta políticamente.
Este boicot silencioso explica, en parte, la caída de ventas y la dificultad para cerrar programación de alto perfil. Una sala de conciertos puede gestionar temporalmente un déficit contable; lo que resulta casi insalvable es perder la confianza de su comunidad artística. Y esa erosión, alimentada por la asociación directa con la marca Trump, amenaza con dejar una huella estructural en la reputación del centro mucho más allá del actual mandato.
Una batalla legal sobre un memorial federal
Paralelamente, la operación de rebautizar el centro ha abierto un frente jurídico de primer orden. La ley que creó el Kennedy Center como memorial federal establece explícitamente su denominación y prohíbe la instalación de nuevos memoriales en el recinto, lo que complica enormemente la introducción de un nombre adicional sin intervención del Congreso.
La congresista Joyce Beatty ha presentado una demanda contra los consejeros que votaron el cambio, argumentando que se han extralimitado en sus competencias. Varios líderes demócratas en la Cámara de Representantes han anunciado iniciativas legislativas para bloquear cualquier intento de oficializar el nuevo nombre o para revertir los cambios de gobernanza que excluyeron a los miembros ex officio.
El escenario probable es un largo contencioso mientras la realidad sobre el terreno avanza por otra vía: la fachada ya luce el apellido Trump, la web oficial ha sido modificada y los materiales promocionales se han adaptado al nuevo branding. Se produce así una disociación inquietante entre la legalidad formal y los hechos consumados. Aunque, a día de hoy, la denominación jurídica sigue siendo la de John F. Kennedy Center for the Performing Arts, para el público y para muchos patrocinadores la institución ya se percibe como el Trump-Kennedy Center.
