Trump revela su controvertido plan para Venezuela: apuesta por petroleras sin inversión pública

En medio de un escenario geopolítico turbulento, Donald Trump ha situado de nuevo a Venezuela en el ojo del huracán. Sus declaraciones recientes, cargadas de contundencia, no solo indican una cruda visión sobre el estado actual del país caribeño, sino que esbozan un plan para su recuperación basado en la intervención privada de las grandes petroleras estadounidenses, sin que el Estado aporte ni un solo dólar directamente. Esto ha vuelto a encender la discusión sobre el futuro energético y político de Venezuela.

Trump ha descrito a Venezuela como un país “descompuesto”, atrapado en un círculo vicioso de mala gestión, corrupción y colapso institucional. En su relato, la antigua potencia petrolera se ha convertido en un ejemplo de cómo la combinación de populismo, controles de precios y expulsión del capital privado puede destruir un sector estratégico en apenas dos décadas.

El expresidente sostiene que, incluso con el Gobierno actual y el marco de sanciones, la producción de crudo debería ser hoy muy superior. Mientras analistas sitúan el bombeo real en entorno a 800.000-900.000 barriles diarios, economistas energéticos calculan que, solo con una gestión razonable y mantenimiento básico, el país podría estar cómodamente por encima de los 2 millones de barriles al día. Es decir, más del doble de lo actual.

Este hecho revela un contraste demoledor: un país que llegó a producir cerca del 5 % del petróleo mundial apenas roza hoy el 1 %. La narrativa de Trump se apoya precisamente en ese desplome para justificar una intervención basada en devolver el control operativo a las grandes corporaciones del sector.

El modelo Trump: capital privado, Estado mínimo

El núcleo del planteamiento es inequívoco: Washington no pondrá dinero público; el peso recaerá sobre las grandes petroleras. La frase que ha marcado el debate es breve pero contundente: “No vamos a invertir nada”. Es decir, ni Plan Marshall, ni paquetes masivos de ayuda, ni reconstrucción financiada con presupuesto federal.

Según su visión, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y otras majors estarían “listas para entrar” y asumir el coste de reconstruir la infraestructura a cambio de contratos estables y acceso preferente a los yacimientos. El papel del Estado se limitaría a garantizar seguridad, estabilidad jurídica y un entorno regulatorio amigable.

Este enfoque traslada a la esfera corporativa decisiones que, tradicionalmente, se tomaban en espacios políticos o multilaterales. La consecuencia es clara: la reconstrucción de un país entero se concibe como una gran operación empresarial, donde el éxito se medirá en retorno sobre el capital invertido más que en indicadores sociales o institucionales. La pregunta incómoda es qué margen queda para la soberanía venezolana en ese esquema.

Una industria petrolera en ruinas

La crudeza del plan se entiende mejor al observar el estado de la industria. Refinerías que operan muy por debajo de su capacidad, oleoductos corroídos tras años sin inversión, campos maduros abandonados y una empresa estatal, PDVSA, convertida en símbolo de captura política y deterioro.

Hasta finales de los años noventa, Venezuela oscilaba en torno a los 3-3,5 millones de barriles diarios. Hoy, tras sanciones, fugas de talento y una década de colapso macroeconómico, el país produce alrededor de un 70 % menos. La consecuencia es doble: se ha perdido músculo exportador y se ha erosionado la capacidad de generar divisas, lo que agrava la crisis social.

Los expertos estiman que devolver el sector a un nivel “aceptable” exigiría inversiones acumuladas de al menos 20.000-30.000 millones de dólares en los próximos diez años solo en petróleo y gas: recuperación de pozos, modernización de refinerías, redes eléctricas asociadas y logística de exportación. Cifras astronómicas para un Estado quebrado, pero asumibles para un conjunto de multinacionales si el marco político les resulta lo bastante atractivo.

¿Puede reconstruirse un país sin inversión pública?

Aquí se sitúa el nudo del debate. ¿Es realista levantar un país devastado apoyándose casi en exclusiva en el capital privado extranjero? Trump responde que sí, siempre que se garantice seguridad y estabilidad regulatoria. Sin embargo, economistas y juristas advierten de que el Estado no puede reducirse a mero espectador sin pagar un precio alto.

Reconstruir una industria intensiva en capital exige agencias reguladoras robustas, tribunales confiables, una política fiscal coherente y una mínima cohesión social. Venezuela llega a este punto con instituciones erosionadas, una moneda desacreditada y más de 7 millones de ciudadanos emigrados en apenas una década. En ese contexto, la tentación de firmar acuerdos desequilibrados a cambio de liquidez inmediata es máxima.

El riesgo es que, sin una estrategia pública clara, el retorno se concentre en accionistas y élites locales, mientras la población percibe que el país se “vende” sin obtener mejoras tangibles. Ese escenario alimentaría la inestabilidad y pondría en cuestión los propios contratos que deberían garantizar la seguridad jurídica prometida a las petroleras.

La operación estadounidense que agitó los mercados

Las declaraciones de Trump no se produjeron en el vacío. Llegaron justo después de una operación estadounidense calificada de histórica, inicialmente prevista para finales de 2025 y finalmente ejecutada en los primeros días de enero de 2026 tras un retraso por el clima.

Aunque los detalles operativos se han comunicado con cuentagotas, el mensaje político es nítido: Estados Unidos está dispuesto a pasar de la mera presión diplomática a la acción directa cuando sus intereses energéticos y de seguridad convergen. La coincidencia temporal entre esa operación y la propuesta sobre Venezuela ha sido leída por los mercados como una señal de que Washington quiere reordenar el mapa del crudo en el hemisferio occidental.

Este hecho revela un patrón que ya se intuía: la energía vuelve a ser el lenguaje principal de la geopolítica. Las decisiones sobre Venezuela no se miden solo en términos de democracia o estabilidad regional, sino en barriles, rutas marítimas, influencia sobre precios y capacidad de condicionar a otros grandes consumidores como Europa o Asia.

Asia manda la primera señal

La reacción más elocuente a este nuevo escenario ha llegado desde las bolsas asiáticas, donde la dependencia energética es estructural. En Corea del Sur, el KOSPI se revalorizó más de un 3 % en la sesión posterior al anuncio, reflejo de un repunte del apetito por riesgo en un contexto de posible mayor estabilidad en el suministro de crudo.

En Japón, el Nikkei 225 llegó a rozar los 52.000 puntos, impulsado por las exportadoras y por compañías intensivas en energía que se beneficiarían de un escenario de precios menos volátil. China y Hong Kong se movieron con más cautela: el Shanghai Composite subió en torno a un 1,2 %, apoyado en valores defensivos, mientras el Hang Seng apenas avanzó unas décimas.

La lectura es clara: Asia percibe la posible “normalización” de Venezuela como un factor de alivio en la factura energética a medio plazo, pero mantiene reservas sobre la estabilidad política del experimento. No es un cheque en blanco, sino una apuesta medida en un tablero donde también pesan las relaciones con Washington y el pulso tecnológico y comercial en curso.