Trump revela el ‘Discombobulator’, arma secreta usada en Venezuela
La Casa Blanca ha puesto nombre, aunque no detalles, al arma secreta utilizada en la operación del 3 de enero de 2026 en Caracas: “The Discombobulator”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que este dispositivo permitió neutralizar las defensas venezolanas y capturar a Nicolás Maduro sin que el Ejército bolivariano llegara siquiera a lanzar sus misiles de fabricación rusa y china. En una entrevista con el New York Post, Trump se jacta de que se trata de una tecnología “sónica” que “nadie más tiene” y de la que, afirma, no puede hablar aunque “le encantaría”.
Una incursión relámpago con arma inédita
La operación que acabó con la captura de Maduro se enmarca en la intervención estadounidense en Venezuela y en la campaña militar Southern Spear, que desde 2025 había concentrado el mayor despliegue en el Caribe desde la Crisis de los Misiles. Sobre el terreno, el asalto del 3 de enero combinó helicópteros de fuerzas especiales, drones de reconocimiento y ataques puntuales contra infraestructuras militares en Caracas y sus alrededores.
Hasta ahora, el elemento más opaco del operativo era el papel de un supuesto sistema de energía dirigida. Trump lo ha confirmado a su manera: “El discombobulator. No me dejan hablar de ello”, explicó, antes de detallar que el arma habría dejado inútiles las defensas venezolanas. “Tenían cohetes rusos y chinos y no lanzaron ni uno. Entramos, apretaron botones y nada funcionó”, relató, sin aportar pruebas ni permitir preguntas técnicas.
El diagnóstico, en todo caso, es inequívoco: Estados Unidos quiere dejar claro que puede penetrar un sistema de defensa suministrado por Moscú y Pekín, y hacerlo con una tecnología que no deja cráteres visibles pero sí un mensaje político contundente. El contraste con las operaciones convencionales en Irak o Libia resulta demoledor: menos imágenes de destrucción masiva, más sofisticación invisible y un grado de opacidad que complica cualquier fiscalización internacional.
Un dispositivo que recuerda al ‘síndrome de La Habana’
Aunque la Administración se niega a ofrecer detalles, diversas filtraciones y testimonios apuntan a que el Discombobulator sería un dispositivo de energía dirigida, posiblemente sónico o de microondas, capaz de saturar sistemas electrónicos y provocar efectos físicos intensos en las personas expuestas.
Testigos citados por medios estadounidenses describen escenas de soldados venezolanos sufriendo hemorragias nasales, presión extrema en el cráneo y desorientación súbita, síntomas que recuerdan al llamado síndrome de La Habana que afectó a diplomáticos norteamericanos en Cuba y otros destinos durante la última década. La coincidencia no pasa desapercibida entre expertos en seguridad, que señalan que Washington llevaba años investigando este tipo de armamento, aunque siempre bajo la categoría de “proyectos de investigación” y nunca como capacidades operativas declaradas.
Lo más grave es que una tecnología así, si se confirma, se mueve en una zona gris del derecho internacional: no es un arma química ni biológica, no deja restos radiactivos y puede calificarse como “no letal” aunque provoque daños serios y potencialmente permanentes. Este hecho revela un vacío regulatorio comparable al que existía con los drones armados a principios de los 2000. La consecuencia es clara: otros actores —incluidos Rusia y China— acelerarán sus propios programas, elevando el riesgo de uso encubierto en teatros urbanos o incluso en terceros países.
Delcy Rodríguez, la aliada inesperada de Washington
En paralelo a la exhibición tecnológica, Trump ha querido subrayar el giro político en Caracas. Tras la captura de Maduro y su traslado a una prisión federal en Brooklyn para responder por cargos de narcoterrorismo, la presidencia ha recaído en Delcy Rodríguez, hasta entonces la número dos del chavismo y figura clave del círculo duro del régimen.
En su entrevista, el presidente llega a afirmar que su Gobierno mantiene “una gran relación” con Rodríguez y la describe como “terrific”, en un tono que contrasta con años de sanciones y acusaciones de violaciones de derechos humanos. Para Washington, Rodríguez tiene una ventaja evidente: conoce al detalle el aparato de poder chavista y, al mismo tiempo, necesita el apoyo estadounidense para sobrevivir políticamente tras la caída de Maduro.
Este equilibrio de fuerzas se refleja ya en la agenda económica. La nueva Asamblea Nacional ha dado luz verde, en primera lectura, a una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos, que abre la puerta a una participación mucho mayor de empresas privadas —nacionales y extranjeras— en la explotación de yacimientos, manteniendo formalmente la mayoría estatal pero flexibilizando impuestos y arbitraje internacional. Para los mercados, el mensaje es claro: estabilidad a cambio de inversiones y reconocimiento. Para buena parte de la población venezolana, sin embargo, el riesgo es revivir un modelo extractivo controlado por élites locales y socios externos.
El botín petrolero y el giro en el mercado energético
El componente energético de la operación es imposible de ignorar. Venezuela posee alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de un quinto del total mundial, pero apenas aporta en torno al 1% de la producción global debido al colapso de PDVSA, la falta de inversión y las sanciones.
Según revelaciones posteriores, parte del crudo transportado en los buques vinculados al régimen fue incautado por la Marina estadounidense, desviado a refinerías de Texas y preparado para su venta en el mercado internacional. Trump ha sugerido que los ingresos servirán para financiar la reconstrucción de la industria venezolana, compensar a empresas estadounidenses y “reembolsar” a Estados Unidos por los daños atribuidos a Caracas en materia de drogas y seguridad.
Los mercados han reaccionado con rapidez. Tras la captura de Maduro y las promesas de “liberar” el petróleo venezolano, las acciones de grandes petroleras norteamericanas subieron entre un 2% y un 8%, mientras el Brent rondaba los 62 dólares y el WTI los 58 dólares por barril, en un contexto de ligera relajación de precios ante la expectativa de nuevo suministro a medio plazo. El contraste con los episodios de interrupción de producción en Libia o Irak es significativo: aquí el mensaje de la Casa Blanca es que la intervención no resta barriles al mercado, sino que prepara el terreno para sumar volumen bajo condiciones favorables a las compañías occidentales.
Rusia y China, los grandes perdedores geopolíticos
Cuando Trump subraya que los “cohetes rusos y chinos” de Venezuela “no llegaron a dispararse”, no sólo está describiendo un hecho operativo, sino enviando un mensaje directo a Moscú y Pekín. Durante años, ambos países han sido los principales proveedores de armamento al régimen bolivariano y acreedores clave de su deuda, vinculada en muchos casos a acuerdos de suministro de crudo.
Si la narrativa de la Casa Blanca se consolida —un arma estadounidense capaz de dejar ciegos y sordos sistemas antiaéreos de origen ruso y misiles de procedencia china—, el impacto comercial puede ser notable. Para otros potenciales clientes de estas tecnologías, especialmente en Asia, África o Oriente Medio, la operación en Caracas se convierte en un escaparate negativo.
Sin embargo, la respuesta no será meramente comercial. Lo más probable es que Moscú y Pekín aceleren sus propios desarrollos de armas de energía dirigida y refuercen sus programas de guerra electrónica, elevando el riesgo de que este tipo de sistemas se testeen en conflictos híbridos, desde el Donbás hasta el mar de la China Meridional. El diagnóstico es inequívoco: la intervención en Venezuela no sólo reordena el mapa político del país, también altera el equilibrio tecnológico entre grandes potencias en un terreno sin reglas claras.
La carrera de las armas de energía dirigida
El Discombobulator se inscribe en una tendencia más amplia: la apuesta de las grandes potencias por armas de energía dirigida capaces de inutilizar drones, misiles o infraestructuras sin recurrir a explosivos tradicionales. En Estados Unidos, programas de microondas de alta potencia, láseres de defensa aérea y sistemas acústicos de largo alcance llevan años en fase de pruebas.
Hasta ahora, su despliegue operativo se había asociado a escenarios muy concretos —control de masas, defensa de bases— y siempre bajo un discurso de “baja letalidad”. La operación de Caracas rompe ese marco. Si un dispositivo sutil, invisible y difícil de atribuir ha sido clave en la captura de un jefe de Estado, el listón de lo “aceptable” en la práctica de la guerra se ha movido un escalón más.
A diferencia de las armas nucleares, cuyo uso ha estado rodeado de tabúes y tratados, las tecnologías sónicas o de microondas carecen de un régimen de control específico. No hay acuerdos de verificación, no se contabilizan cabezas ni kilotones, y los efectos sobre la salud siguen siendo objeto de debate científico. Este vacío normativo convierte cada nuevo uso en un precedente. Y en el caso venezolano, el precedente afecta no a un campo de batalla remoto, sino al corazón de una capital latinoamericana densamente poblada.
Un precedente jurídico incómodo para futuras intervenciones
En el plano jurídico, la operación plantea preguntas que van más allá del arsenal utilizado. Estados Unidos ha procedido a capturar al presidente de un Estado soberano en su propio territorio, trasladarlo por la fuerza y juzgarlo por delitos —narcotráfico y terrorismo— con impacto extraterritorial. La combinación de incursión militar, arma secreta y proceso penal en un tribunal federal tensiona los límites de la Carta de Naciones Unidas y de la doctrina clásica sobre inmunidad de jefes de Estado.
En América Latina, donde una parte de la opinión pública veía a Maduro como un obstáculo insalvable para la recuperación económica y democrática, encuestas previas ya mostraban un respaldo significativo a algún tipo de intervención para sacarlo del poder. Sin embargo, la forma concreta que ha adoptado esa intervención —con un componente tecnológico opaco y un rol protagonista de fuerzas especiales estadounidenses— alimenta el temor a que el precedente se utilice en el futuro contra otros gobiernos considerados hostiles a Washington.
La consecuencia es clara: mientras se celebra la caída de un régimen autoritario, crece el riesgo de normalizar un modelo de “justicia armada” en el que la frontera entre guerra, policía y tecnología secreta se vuelve cada vez más difusa.
Qué puede pasar ahora en Venezuela
En el corto plazo, el foco estará en la capacidad de Delcy Rodríguez para consolidar poder interno, avanzar en reformas económicas y gestionar la relación con una Casa Blanca que se percibe, a la vez, como garante de estabilidad y como actor profundamente intervencionista. La aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos orientada a atraer capital privado sugiere un giro pragmático, pero no garantiza ni legitimidad ni paz social.
Escenarios posibles: unas elecciones supervisadas internacionalmente en el plazo de 12 a 18 meses, un pacto de élites que reparta rentas del crudo entre antiguos chavistas y nuevas élites tecnocráticas, o, en el peor de los casos, una fragmentación del poder con milicias, crimen organizado y actores externos disputándose territorios claves como la Faja del Orinoco. Para las empresas españolas y europeas con intereses en la región, el mensaje es doble: oportunidades potenciales en infraestructuras, energía y servicios, pero también un riesgo político elevado y un marco regulatorio aún volátil.
El contraste con otros procesos de cambio de régimen —desde Irak en 2003 hasta Libia en 2011— ofrece lecciones evidentes: sin instituciones sólidas, reconstrucción inclusiva y garantías de seguridad, la promesa de aprovechar las mayores reservas de petróleo del mundo puede derivar en una nueva década perdida. La diferencia ahora es que el tablero incorpora un jugador adicional: un arma secreta de energía dirigida cuya mera existencia, reconocida por el propio presidente de Estados Unidos, abre una etapa de mayor incertidumbre estratégica en toda la región.
