Venezuela cede ante Washington: acuerda cooperación para exportar petróleo bajo control estadounidense

Hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano pueden cambiar de manos bajo un esquema inédito: la Casa Blanca de Donald Trump asumirá la gestión directa de las ventas y del dinero generado por ese petróleo, inmovilizado durante años por el embargo estadounidense. La Venezuela interina encabezada por Delcy Rodríguez ha aceptado cooperar de forma abierta con Washington en lo que muchos califican ya de claudicación estratégica. El pacto incluye no solo la comercialización del crudo, sino también la supervisión de las cuentas donde se depositarán los ingresos y las condiciones de gasto asociadas. La consecuencia es clara: Estados Unidos pasa a tener un control casi absoluto sobre el principal recurso económico de Venezuela.

Un acuerdo que reescribe la relación Caracas-Washington

El llamado “acuerdo del crudo bloqueado” marca un antes y un después en unas relaciones históricamente tensas. Según ha trascendido, la interinidad de Rodríguez ha optado por abrir la puerta a la gestión directa de Washington sobre un volumen de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que habían quedado atrapados por las sanciones. No se trata de un simple alivio técnico del embargo, sino de un cambio de arquitectura de poder sobre el recurso clave del país.

Hasta ahora, la narrativa oficial venezolana se articulaba en torno a la resistencia frente a la presión estadounidense y a la defensa de la soberanía económica. El nuevo esquema da un giro completo: la prioridad pasa a ser conseguir liquidez inmediata y cierto grado de estabilización macroeconómica, incluso a costa de ceder margen de decisión. Este hecho revela un diagnóstico implícito por parte del gobierno interino: el Estado carece de capacidad financiera, institucional y tecnológica para desbloquear por sí solo el cuello de botella petrolero.

Lo más relevante del pacto no es la cifra de barriles, sino el precedente. Si este primer paquete funciona, el modelo podría extenderse a futuras exportaciones, consolidando una dependencia contractual y política que difícilmente podrá renegociarse sin un coste elevado.

El eje Rodríguez–Rubio y la diplomacia de la urgencia

En el centro de la operación aparece una pareja política inusual: Delcy Rodríguez y Marco Rubio. Según fuentes diplomáticas, los contactos han sido intensos, discretos y de alta frecuencia, con reuniones técnicas casi semanales y canales directos entre Caracas y el Departamento de Estado.

Rodríguez, históricamente alineada con el núcleo duro del chavismo, se ha visto obligada a asumir un papel pragmático: aceptar que la única vía rápida para obtener divisas frescas pasa por pactar con el antiguo adversario. Rubio, por su parte, capitaliza años de seguimiento de la crisis venezolana y se convierte en arquitecto político de una solución que combina presión, tutela y promesa de reconstrucción.

La lógica que se impone en estas conversaciones es la de la urgencia. Sobre la mesa, cifras que ningún gobierno interino puede ignorar: caídas acumuladas del PIB superiores al 70% en una década, una producción petrolera reducida a menos de un tercio de su máximo histórico y una inflación que, aun moderada respecto a los años de hiperinflación, sigue deteriorando salarios y ahorros. En ese contexto, la diplomacia clásica cede terreno a una negociación de supervivencia en la que cada barril desbloqueado vale tanto como un punto de estabilidad política.

Cuentas en EE UU y el ciclo económico “made in USA”

El elemento más polémico del acuerdo es la gestión de los ingresos en territorio estadounidense. El diseño prevé que el dinero procedente de las ventas de esos 30-50 millones de barriles se deposite en cuentas controladas desde Estados Unidos, con liberaciones de fondos condicionadas a usos específicos.

En la práctica, esto significa que Caracas no tendrá un acceso libre e inmediato a la totalidad de sus propios ingresos petroleros. Washington se reserva la capacidad de validar en qué se gasta cada dólar, con el objetivo declarado de garantizar transparencia y evitar desvíos. Pero hay una segunda capa, económica, igualmente relevante: las autoridades estadounidenses incentivan –y en algunos casos exigen– que una parte sustancial de esos recursos se destine a comprar productos y servicios fabricados en Estados Unidos.

El resultado es un circuito casi cerrado: el petróleo sale de Venezuela, se vende bajo paraguas estadounidense, el dinero entra en bancos de EE UU y buena parte de ese dinero regresa a la economía norteamericana en forma de exportaciones hacia Venezuela. Para la interinidad de Rodríguez, esto asegura suministros críticos –alimentos, medicinas, repuestos industriales–; para Washington, abre un mercado cautivo y políticamente alineado. La consecuencia es clara: Venezuela obtiene oxígeno, pero consolida una dependencia comercial y financiera sin precedentes.

La factura en soberanía energética

Más allá de los balances contables, la operación tiene un coste evidente en términos de soberanía energética. El control de las exportaciones de crudo ha sido, desde mediados del siglo XX, el núcleo de la política exterior venezolana. Ahora, el país acepta que un actor externo decida volúmenes, tiempos y condiciones de venta de un porcentaje significativo de su producción.

La propia retórica del acuerdo así lo sugiere. Trump ha hablado de garantizar que el petróleo venezolano “sirva al pueblo de Venezuela y a los intereses de Estados Unidos”, una fórmula que deja entrever un reparto de prioridades en el que Caracas queda en segundo plano. El matiz no es menor: ya no se trata de un socio comercial que compra crudo, sino de un gestor que administra la llave de los ingresos.

Este giro plantea preguntas incómodas: ¿podrá un futuro gobierno, surgido de elecciones libres, revisar estas condiciones sin desencadenar represalias económicas? ¿Qué margen tendrá Venezuela para diversificar clientes o renegociar precios si la infraestructura contractual y financiera está anclada en EE UU? La respuesta, por ahora, es más política que técnica: cada día que pasa bajo este esquema refuerza la posición de Washington como árbitro de la política energética venezolana.

Impacto en el tablero regional y mensaje a otros actores

La cooperación directa entre la interinidad de Rodríguez y la Administración Trump envía un mensaje claro a toda la región. En el corto plazo, Estados Unidos refuerza su influencia sobre el principal reservorio de crudo de América Latina, reconfigurando el equilibrio con otros productores como Brasil, México o Colombia.

Pero el alcance es mayor: la operación también se lee como un aviso a China, Rusia o Irán, socios que habían ganado peso en Caracas durante los años de mayor aislamiento occidental. Si el esquema se consolida, la capacidad de estos actores para utilizar el petróleo venezolano como palanca geopolítica se verá drásticamente reducida.

El contraste con otras experiencias latinoamericanas resulta elocuente. Mientras algunos países han buscado equilibrar su matriz de alianzas diversificando socios y contratos, Venezuela entra en una fase de monodependencia de alto riesgo. A cambio de estabilización, acepta un grado de alineamiento que condicionará su política exterior durante años. Para los vecinos, la señal es doble: cooperación con Washington puede traer inversiones y acceso preferente a mercados, pero también un nivel de tutela que no todos estarán dispuestos a asumir.

¿Reconstrucción económica o parche temporal?

Sobre el papel, el acuerdo se presenta como la primera fase de un plan más amplio de “estabilización y reconstrucción”. El relato oficial promete que, una vez desbloqueado el crudo atrapado y regularizadas las exportaciones, llegará una ola de inversión extranjera directa destinada a rehabilitar refinerías, modernizar campos maduros y aumentar la capacidad de producción. Algunas proyecciones hablan de duplicar el bombeo en un plazo de cinco años si se movilizan recursos suficientes.

Sin embargo, los riesgos son evidentes. En primer lugar, el volumen inicial –esos hasta 50 millones de barriles– apenas cubre unos meses de necesidades fiscales básicas si se destinan a salarios públicos, importaciones esenciales y estabilización cambiaria. En segundo lugar, la experiencia reciente de Venezuela con planes y anuncios de reconstrucción invita al escepticismo: sin reformas institucionales profundas, sin seguridad jurídica y sin una limpieza real de la estatal petrolera, la inversión prometida corre el riesgo de quedarse en meras intenciones.

La pregunta de fondo es si este esquema servirá para poner en marcha un círculo virtuoso de crecimiento o si se limitará a mantener al país en un estado de supervivencia administrada, con ingresos suficientes para evitar el colapso, pero insuficientes para cambiar de modelo productivo.

Una sociedad entre la esperanza y el recelo

Mientras se negocian memorandos y se redactan cláusulas, la sociedad venezolana asiste al proceso con una mezcla de esperanza y desconfianza. Para una parte de la población, la cooperación con Estados Unidos representa la primera oportunidad real en años de ver llegar alimentos, medicinas y empleo ligado a la reactivación petrolera. Para otra, se trata de la confirmación de que la clase política ha decidido entregar el recurso central del país a cambio de preservar cuotas de poder bajo un paraguas externo.

En los barrios populares conviven ambas sensaciones. “Si con esto se estabiliza el dólar y vuelven los medicamentos, bienvenida sea la ayuda”, repiten algunos. Otros recuerdan que más del 80% de los hogares ha visto empeorar su situación en la última década y que la pobreza estructural no se resuelve solo con exportar más barriles. El contraste entre la magnitud de la crisis social y la naturaleza del acuerdo es contundente: la llave sigue siendo el petróleo, pero el problema ya es mucho más amplio que la simple falta de divisas.

Lo que está en juego, en última instancia, es el tipo de país que será Venezuela cuando termine esta etapa interina. Si la cooperación con Washington se convierte en un puente hacia instituciones sólidas y un modelo económico diversificado, el coste en soberanía se percibirá como un mal menor. Si, por el contrario, solo inaugura una tutela indefinida sobre el principal activo nacional, el precio pagado hoy por la estabilización se verá, mañana, como una hipoteca histórica.