Venezuela pide a Carlos III liberar su oro tras los terremotos
Delcy Rodríguez reclama al Banco de Inglaterra las reservas bloqueadas para financiar la reconstrucción después del doble terremoto.
3.811 fallecidos y una factura de reconstrucción aún imposible de cerrar han llevado a Venezuela a activar una vía política de alto voltaje: reclamar al Reino Unido el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha remitido una carta al rey Carlos III para pedir la liberación de esos activos, congelados en Londres desde hace años por el conflicto de legitimidad política que rodea al país.
La petición llega cuando el desastre sísmico se ha convertido en la primera gran prueba de su liderazgo y en un test internacional sobre el uso humanitario de activos soberanos bloqueados. El mensaje de Caracas es directo: Venezuela tiene recursos inmovilizados en el extranjero que, según el Gobierno, podrían financiar parte de la emergencia.
El oro como salvavidas
El núcleo de la reclamación es tan económico como simbólico. Venezuela sostiene que el oro “pertenece al pueblo” y que debe emplearse para cubrir vivienda, hospitales, carreteras, suministros y atención de emergencia. En Londres permanecen alrededor de 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en torno a 1.400 millones de libras, una cifra que puede no cubrir toda la reconstrucción, pero sí permitiría financiar una primera respuesta de gran escala.
Lo más relevante es el precedente. Si Reino Unido aceptara una liberación parcial, aunque fuese bajo supervisión internacional, abriría una vía para usar activos bloqueados en catástrofes humanitarias. Si la rechaza, reforzará la tesis venezolana de que las sanciones y litigios financieros agravan una emergencia nacional.
Una crisis que desborda al Estado
El balance comunicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eleva los fallecidos a 3.811, una cifra que sitúa el terremoto entre las mayores tragedias recientes de América Latina. En los primeros partes oficiales ya se hablaba de miles de muertos y heridos, con zonas enteras del país afectadas por los seísmos.
La consecuencia es clara: el Estado venezolano afronta una emergencia física con margen financiero limitado. El colapso de infraestructuras golpea a un país que arrastra años de deterioro institucional, dependencia petrolera y restricciones externas. En ese contexto, cada día de bloqueo financiero tiene coste político y humano.
Londres ante una decisión incómoda
El Banco de Inglaterra no actúa en el vacío. La disputa por el oro venezolano se arrastra desde hace años, cuando la legitimidad del poder en Caracas quedó sometida a un conflicto diplomático y judicial. El fondo del problema no es únicamente económico: se discute quién puede ordenar sobre esos activos.
La carta a Carlos III busca elevar el asunto por encima de la arquitectura judicial y convertirlo en una cuestión humanitaria. Es una maniobra calculada. Caracas intenta desplazar el debate desde la legitimidad política hacia la urgencia de la reconstrucción, donde el coste de mantener bloqueados los fondos resulta mucho más difícil de defender ante la opinión pública internacional.
El coste de la reconstrucción
Aunque Caracas no ha presentado todavía una estimación cerrada, una catástrofe con casi 4.000 muertos, miles de heridos y daños urbanos extensos difícilmente bajará de varios miles de millones de dólares. La experiencia regional demuestra que el coste final suele multiplicar por tres o cuatro la primera factura de emergencia, porque a los rescates se añaden vivienda temporal, saneamiento, hospitales, carreteras y reposición eléctrica.
El diagnóstico es inequívoco: 1.400 millones de libras aliviarían, pero no resolverían. Servirían para ganar tiempo, importar materiales críticos y sostener liquidez pública. Sin embargo, la reconstrucción real exigirá financiación multilateral, asistencia técnica y garantías de ejecución.
La dimensión geopolítica
El caso venezolano se inserta en una tendencia global: el uso de activos soberanos bloqueados como herramienta de presión política. Tras las sanciones a distintos países en los últimos años, numerosas economías han observado con inquietud que las reservas en el extranjero pueden convertirse en instrumentos diplomáticos.
El contraste resulta demoledor. Para Reino Unido, liberar el oro sin garantías puede interpretarse como una cesión política. Para Venezuela, mantenerlo inmovilizado durante una catástrofe alimenta la acusación de castigo colectivo. Entre ambas posiciones aparece una salida intermedia: un fondo fiduciario supervisado por organismos internacionales.
Qué puede pasar ahora
La opción más probable no es una entrega directa, sino una negociación condicionada. Londres podría exigir trazabilidad, auditoría externa y ejecución a través de agencias humanitarias. Caracas, por su parte, intentará presentar cualquier negativa como prueba de bloqueo financiero contra la población.
El efecto inmediato será diplomático. El oro venezolano deja de ser un litigio de bóveda para convertirse en una prueba de responsabilidad internacional. Y ahí reside la presión: cuando una emergencia suma miles de muertos, la legalidad formal ya no basta para cerrar el debate.
