El arancel del 10% de Trump ya está en marcha y FedEx sale a la carga con una demanda millonaria
La entrada en vigor del arancel global del 10% impulsado por Donald Trump no es un simple ajuste técnico de política comercial. Es el primer movimiento de una nueva fase de la guerra arancelaria estadounidense, ahora rearmada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite subir tarifas durante 150 días sin pasar por el Congreso. Al mismo tiempo, el fallo del Tribunal Supremo que tumbó los anteriores gravámenes amparados en poderes de emergencia ha abierto un frente inesperado: el de los reembolsos masivos. En ese terreno, FedEx ha decidido ir hasta el final y ha demandado al Gobierno federal exigiendo la devolución íntegra de los aranceles recaudados bajo la IEEPA, una cifra que el Capitolio sitúa en torno a 175.000 millones de dólares. La combinación de una nueva ronda de tarifas, una factura multimillonaria en juego y socios comerciales irritados dibuja un escenario de máxima tensión. Y lo más relevante: nada garantiza que el 10% sea el techo. La Casa Blanca sigue deslizando que el objetivo político real es elevar la tasa al 15% cuando la situación legal lo permita.
Un arancel al límite de la legalidad
El nuevo arancel nace de una jugada jurídica calculada. Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró excesivo el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar los llamados Liberation Day tariffs, la Casa Blanca ha buscado refugio en un texto casi olvidado: la Sección 122 del Trade Act de 1974.
Esta cláusula permite imponer recargos temporales de hasta un 15% cuando Estados Unidos afronta “problemas graves de balanza de pagos”. El Ejecutivo ha interpretado esa fórmula de manera expansiva, asociando el desequilibrio externo con el déficit comercial estructural y el deterioro del dólar. El diagnóstico es discutible, pero suficiente para activar la maquinaria arancelaria durante un máximo de 150 días, con posibilidad de prórroga si el Congreso lo ratifica.
La consecuencia es clara: un instrumento concebido como válvula de emergencia financiera se convierte de facto en arma de política industrial y electoral. Varios constitucionalistas cuestionan que una herramienta tan excepcional se utilice para rehacer, por la puerta de atrás, el mismo esquema de tarifas que los jueces acaban de desmontar. El debate no es solo técnico: si los tribunales concluyen que también se ha forzado el marco de 1974, el sistema quedaría sin un cauce rápido para responder a crisis reales de pagos en el futuro.
Socios congelados y mercados en guardia
El impacto político ha sido inmediato. La Unión Europea, la India y otros socios clave han decidido suspender o ralentizar conversaciones comerciales mientras analizan el alcance real del nuevo arancel global. Bruselas ha frenado la ratificación de acuerdos pendientes y amenaza con contramedidas “proporcionales y selectivas”. India, por su parte, ha puesto en pausa varios diálogos sectoriales que debían desbloquear inversiones por más de 40.000 millones de dólares en la próxima década.
En los mercados, la reacción ha sido de cautela más que de pánico. El dólar se ha debilitado ligeramente frente a las principales divisas y los índices bursátiles han registrado caídas contenidas, entre el 1% y el 2%, pero la señal es clara: el riesgo político vuelve a dominar el relato económico.
Según estimaciones de bancos de inversión, alrededor de 2,5 billones de dólares en flujos comerciales anuales podrían verse afectados por el nuevo recargo si se mantiene y se amplía a un 15%. El contraste con otros episodios resulta demoledor: la guerra arancelaria de 2018-2019 se centró en China y algunos aliados; ahora, el recargo es global y se superpone a la maraña de tarifas ya existentes. El mensaje que reciben empresas y gobiernos es inequívoco: la previsibilidad del marco comercial estadounidense se ha erosionado de forma estructural.
Sectores en la diana: acero, baterías y química
Aunque el nuevo arancel nazca como tasa horizontal, la Casa Blanca ha dejado claro que no renuncia a las Secciones 232 y 301, centradas en motivos de seguridad nacional y prácticas comerciales desleales. En la práctica, eso significa que el 10% puede ser solo el suelo para sectores considerados “sensibles”: acero, aluminio, baterías, tuberías plásticas, componentes electrónicos y productos químicos avanzados.
Para el sector del acero y el aluminio, que ya arrastraba recargos de hasta el 25% desde la primera presidencia de Trump, la combinación de tarifas podría elevar el tipo efectivo por encima del 30% para determinados orígenes. El resultado es una especie de muro arancelario a múltiples capas, diseñado para incentivar la relocalización de producción en suelo estadounidense pero que encarece la cadena de valor de industrias tan diversas como el automóvil, la construcción o la maquinaria pesada.
El caso de las baterías y los materiales críticos es todavía más delicado. Estados Unidos sigue dependiendo en más de un 60% de importaciones procedentes de Asia para alimentar su transición energética. Castigar esas cadenas de suministro sin un plan industrial creíble para reemplazarlas puede traducirse en retrasos de proyectos, sobrecostes y pérdida de competitividad frente a Europa o China. Este hecho revela la tensión entre el discurso de seguridad nacional y la realidad de una economía profundamente interdependiente.
FedEx contra Washington: el litigio que amenaza la caja del Tesoro
En este contexto irrumpe la demanda de FedEx ante el Tribunal de Comercio Internacional. El grupo logístico sostiene que los aranceles recaudados bajo la IEEPA —los ahora anulados Liberation Day tariffs— carecían de base legal y, por tanto, deben ser reembolsados íntegramente. La cifra en disputa ronda los 175.000 millones de dólares, según los cálculos utilizados por los demócratas del Senado para impulsar la llamada Tariff Refund Act.
Para FedEx, que canaliza una parte sustancial de las importaciones sujetas a esos gravámenes, el problema es doble. Por un lado, ha actuado como recaudador involuntario de una tasa que ahora podría declararse irreversible en los tribunales ordinarios. Por otro, el grupo teme quedar atrapado entre clientes que reclaman devoluciones y un Gobierno que se resiste a abrir la caja. No es casual que la compañía haya optado por un pulso frontal: su exposición al comercio internacional supera el 40% de sus ingresos, y cualquier incertidumbre sobre tarifas y reembolsos golpea directamente su cuenta de resultados.
La batalla jurídica va mucho más allá de una disputa entre una multinacional y el Tesoro. Si los jueces dan la razón a FedEx, se abriría la puerta a miles de reclamaciones de importadores, desde pymes hasta grandes cadenas minoristas. El precedente podría limitar severamente el uso expansivo de poderes de emergencia para fines arancelarios en futuras administraciones.
Fisuras políticas en Washington: Johnson frente a Bessent
La disputa también ha expuesto las grietas internas en el poder político estadounidense. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha rechazado de plano devolver los ingresos obtenidos con los aranceles anulados, al considerar que “sería premiar a quienes se han beneficiado durante años de un sistema injusto”. En el otro extremo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha optado por un tono más pragmático, insistiendo en que la recaudación global no sufrirá cambios drásticos en 2026, incluso si parte de los fondos se reembolsan o se compensan con nuevos gravámenes.
Este choque refleja un dilema de fondo. Una parte del Partido Republicano ve en los aranceles un instrumento político y recaudatorio que ayuda a financiar rebajas fiscales y gasto interno. Otra fracción teme que la combinación de incertidumbre jurídica y confrontación con los aliados acabe dañando la economía real y, con ella, el capital político del propio Trump. Mientras tanto, los demócratas tratan de capitalizar la impopularidad de las tarifas entre agricultores, pequeños importadores y consumidores urbanos.
El resultado es un Congreso dividido, pero con una coincidencia de fondo: nadie quiere aparecer como responsable de un desplome bursátil o de una recesión inducida por errores de política comercial. Esa aritmética política puede ser determinante cuando, dentro de unos meses, deba decidirse si el arancel del 10% se convierte en un 15% permanente o se diluye tras el periodo de gracia de la Sección 122.
Riesgos para la arquitectura comercial global
Más allá del pulso interno, el mensaje al resto del mundo es inquietante. La economía estadounidense, núcleo del sistema comercial desde la posguerra, utiliza ahora una cláusula de emergencia para imponer un recargo global y unilateral sobre prácticamente todas las importaciones. Lo que en teoría debería ser una herramienta excepcional se convierte en rutina.
Para la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya debilitada tras años de bloqueo en su órgano de apelación, el nuevo episodio supone otro golpe a su credibilidad. Varios países estudian presentar demandas, pero los plazos de resolución —que pueden superar los dos o tres años— restan efectividad disuasoria. En ese intervalo, las empresas se ven obligadas a rediseñar cadenas de suministro, reconfigurar contratos y asumir un coste de capital más elevado por la mayor volatilidad regulatoria.
Según estimaciones de organismos internacionales, un endurecimiento sostenido de los aranceles estadounidenses hasta el 15% podría restar entre 0,3 y 0,5 puntos de PIB anual a la economía global si desencadena represalias simétricas. La consecuencia es clara: la nueva ronda de tarifas no solo reabre una guerra comercial; acelera un proceso de fragmentación del comercio mundial en bloques, con reglas, preferencias y niveles de protección cada vez más divergentes.
