EEUU prepara aranceles del 12,5% a 60 socios

La USTR propone un recargo del 10% para aliados y del 12,5% para el resto en una ofensiva comercial que amenaza con encarecer cadenas de suministro globales.

Washington abre una nueva fase de guerra arancelaria: 60 economías bajo sospecha. El plan pasa por imponer recargos del 10% y del 12,5% a importaciones de países clave, incluida la Unión Europea, por “no frenar” bienes ligados a trabajo forzoso. La iniciativa se articula con la sección 301 y llega tras el frenazo judicial a los aranceles masivos. El mensaje es inequívoco: o trazabilidad verificable o coste inmediato en frontera. Y el golpe alcanza prácticamente todo el comercio: más del 99% de las importaciones de 2024, según la propia USTR.

Un golpe arancelario con 60 destinatarios

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha puesto encima de la mesa una medida que, por alcance, desborda el patrón habitual de “aranceles quirúrgicos”. Esta vez, el objetivo no es un sector ni un país concreto: son 60 socios comerciales sometidos a un expediente por su presunto fracaso a la hora de impedir la entrada y circulación de bienes producidos con trabajo forzoso.

El argumento oficial mezcla moralidad y competitividad. La USTR sostiene que, si las cadenas globales pueden nutrirse de mano de obra coaccionada, el resultado es un descuento artificial que arrastra precios y salarios. Y, con ello, “desordena” la competencia. El movimiento, además, llega en un momento de alta sensibilidad política: el arancel se presenta como instrumento de política industrial y de protección del empleo, con el foco puesto en el consumo interno y en la industria estadounidense.

Dos tramos: aliados al 10%, el resto al 12,5%

La arquitectura de la propuesta introduce una división que revela tanto la estrategia como el mensaje diplomático. Un primer bloque —con Canadá, México, Taiwán y Reino Unido, entre otros— afrontaría un recargo del 10%. En un segundo escalón, el más gravoso, aparecerían países como China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil o Suiza, con un 12,5% adicional.

La Unión Europea figura en el perímetro de la ofensiva, lo que amenaza con trasladar la disputa al terreno más delicado: el de los grandes flujos industriales y agroalimentarios. En la práctica, el recargo no distingue producto por producto en esta fase pública, pero sí marca un umbral: cualquier importación desde esos orígenes partiría con una desventaja de dos dígitos si no hay rectificación o acuerdo. Lo más grave es que el diseño incentiva una carrera de “certificados” y excepciones, con ganadores y perdedores dentro de una misma cadena.

La palanca jurídica tras el frenazo judicial

La elección del instrumento es el verdadero cambio de época. La investigación se canaliza bajo la sección 301 de la Trade Act de 1974, una vía clásica para castigar prácticas “injustificables” o “irrazonables” que perjudiquen el comercio estadounidense. El movimiento no es casual: el giro permite sortear los límites impuestos por el Tribunal Supremo al uso de otra ley —la IEEPA de 1977— para aranceles generalizados.

La investigación se activó formalmente el 12 de marzo de 2026, con un listado de economías que incluye a la UE y a los principales proveedores de bienes del mercado estadounidense. En su definición operativa, “trabajo forzoso” es cualquier actividad exigida bajo amenaza de sanción y sin consentimiento voluntario, una formulación lo bastante amplia como para tensionar sectores intensivos en subcontratación.

El listón: prohibir y, sobre todo, hacer cumplir

El diagnóstico es inequívoco: no basta con leyes internas contra el trabajo forzoso si no existe una prohibición efectiva de importación y un sistema que la haga cumplir. La USTR argumenta que, en ausencia de controles en frontera, las empresas pueden seguir abasteciéndose —y lucrándose— con productos contaminados por abusos, aunque la práctica esté teóricamente prohibida en el país exportador.

El contexto internacional añade presión. La propia USTR cita estimaciones de la OIT: en 2021 habría 28 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, 2,7 millones más que en 2016. Esa cifra funciona como coartada ética, pero también como argumento económico: quien se beneficia de costes laborales “artificialmente bajos” puede vender por debajo del precio real, desplazando producción y empleo. En ese marco, el arancel es una sanción, sí, pero también una invitación a reordenar la cadena con auditorías, trazabilidad y sanciones a proveedores.

Empresas, precios y una factura difícil de ocultar

El primer efecto, si se confirma el esquema, será un impuesto encubierto sobre la cadena de suministro: el arancel se paga en frontera, pero se traslada —parcial o totalmente— a márgenes, inversión y precios finales. La consecuencia es clara: más fricción para importadores estadounidenses y más incertidumbre para exportadores europeos, asiáticos y latinoamericanos.

Además, el golpe no se limita a sectores “sensibles”. Las 60 economías investigadas cubren más del 99% de las importaciones de bienes de 2024. Eso convierte la medida en una red de arrastre: automoción, componentes electrónicos, textil, bienes intermedios y manufacturas con múltiples capas de subcontratación. En la práctica, las multinacionales quedarán obligadas a demostrar “limpieza” documental, no solo en el proveedor directo, sino en el proveedor del proveedor. Y ahí empiezan los cuellos de botella: auditorías lentas, cadenas opacas y litigios inevitables.

El calendario ya marca el pulso diplomático

El procedimiento no es inmediato, pero sí está diseñado para generar tensión desde el primer día. El proceso contempló comentarios públicos hasta el 15 de abril de 2026 y audiencias a partir del 28 de abril. Eso significa que la discusión ya se ha trasladado del terreno técnico al político: quién promete reformas, quién negocia excepciones y quién prepara represalias.

“La importación de bienes hechos con trabajo forzoso es inaceptable y obliga a competir en un campo inclinado”. El trasfondo es aún más áspero: el arancel se convierte en herramienta para forzar estándares extraterritoriales. Si la UE, Canadá o México quieren evitar el recargo, deberán demostrar enforcement real —incautaciones, prohibiciones y trazabilidad—, no solo compromisos. Y ahí, el choque con soberanías y con la burocracia europea está servido.