Los grandes bancos de EEUU exploran una vía para esquivar los topes a las comisiones
JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo estudian comprar una red de Fiserv para recuperar ingresos por pagos con tarjeta de débito.
Los mayores bancos de Estados Unidos vuelven a medir fuerzas con Washington. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y otras entidades han mantenido conversaciones preliminares para adquirir una red de pagos de Fiserv, una operación que podría permitirles sortear los límites federales a las comisiones de las tarjetas de débito. La maniobra llega en plena ofensiva política contra los costes financieros de los consumidores y tras años de presión bancaria para reducir el alcance de la regulación. El diagnóstico es claro: la batalla por cada céntimo de comisión se ha convertido en una guerra estratégica.
La operación que agita Wall Street
Según las conversaciones adelantadas por The Wall Street Journal, los bancos habrían explorado la compra de una red de Fiserv, propietaria de infraestructuras como STAR y Accel, dos piezas relevantes en el procesamiento de pagos con tarjeta de débito. La operación no está cerrada y algunas entidades muestran dudas, pero el mero tanteo revela el fondo del asunto: controlar la red puede cambiar la factura regulatoria.
El incentivo es evidente. La enmienda Durbin, incorporada a la ley Dodd-Frank tras la crisis financiera de 2008, limita las tasas de intercambio que los grandes emisores pueden cobrar a los comercios en determinadas operaciones con débito. Para bancos con decenas de millones de clientes, el impacto anual se mide en miles de millones de dólares.
El agujero de las comisiones
La banca nunca aceptó del todo este marco. El límite vigente se ha situado durante años en torno a 21 centavos por operación, más un pequeño componente variable y un ajuste por prevención del fraude. La Reserva Federal ya ha planteado revisiones del sistema, precisamente porque los costes y la estructura del mercado han cambiado desde la aprobación original.
Lo más grave, desde el punto de vista político, es que el movimiento se interpretaría como una fórmula para desactivar una protección diseñada para contener costes a los comercios. Si los bancos logran integrar una red propia, podrían capturar de nuevo parte de los ingresos que la regulación les recortó. La consecuencia es clara: más margen para las entidades y más tensión con minoristas, legisladores y supervisores.
El precedente Discover
El caso que sobrevuela la operación es la compra de Discover por Capital One, valorada en 50.600 millones de dólares, una transacción que reforzó el interés del sector por controlar redes de pago propias. Ese precedente ha reabierto una pregunta incómoda: si una entidad posee la infraestructura, ¿hasta dónde puede llegar el regulador para limitar sus comisiones?
El contraste resulta demoledor. Durante años, los bancos dependieron de redes externas y quedaron atrapados por el marco de precios impuesto tras la crisis. Ahora buscan una arquitectura distinta: no discutir solo el precio, sino rediseñar el circuito por el que pasa el dinero.
Riesgo regulatorio y coste político
La operación, sin embargo, no está exenta de riesgos. Las fuentes citadas por la prensa estadounidense apuntan a temor a un escrutinio regulatorio intenso y a un posible desgaste político. En un año en el que Donald Trump ha presionado para imponer un tope temporal del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito, cualquier movimiento que parezca elevar los costes financieros puede convertirse en munición electoral.
Este hecho revela una contradicción de fondo: la banca quiere recuperar rentabilidad en pagos, mientras la Casa Blanca intenta proyectar una imagen de defensa del consumidor. Entre ambos objetivos hay un choque directo.
Qué puede pasar ahora
El acuerdo puede no materializarse. Varias entidades se muestran escépticas y Fiserv atraviesa un momento delicado, con su acción castigada y una presión creciente para revisar activos. Pero la señal enviada por Wall Street ya es relevante: los grandes bancos no han renunciado a revertir los efectos de la regulación posterior a 2010.
El desenlace dependerá de tres factores: el precio de la red, la respuesta de los supervisores y la capacidad política de justificar la operación. Si prospera, abrirá una nueva etapa en los pagos estadounidenses. Si fracasa, confirmará que el margen de maniobra de la banca sigue estrechándose justo donde más ingresos recurrentes genera.
