La pregunta incómoda: ¿qué hacía el entorno de Zapatero negociando oro en Venezuela?
La investigación policial sobre los negocios vinculados al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado al subsuelo venezolano.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sostiene que Julio Martínez, señalado por los agentes como presunto testaferro del expresidente, y el empresario Domingo Amaro Chacón negociaron con representantes del magnate egipcio Naguib Sawiris la explotación de una mina de oro.
La operación habría incluido misiones técnicas sobre el terreno y contactos con altos responsables del régimen.
Los investigadores sitúan esas gestiones bajo el denominado «paraguas» de Delcy Rodríguez. Por ahora, las diligencias describen conversaciones, reuniones y proyectos; no acreditan por sí solas que Zapatero fuese propietario del yacimiento.
El proyecto del ‘Egipcio’
Los mensajes intervenidos por la UDEF recogen referencias al «Egipcio», término que los investigadores vinculan con el entorno empresarial de Naguib Sawiris, una de las grandes fortunas internacionales relacionadas con la minería aurífera. La operación habría implicado a In2Metals y perseguía evaluar activos mineros venezolanos mediante desplazamientos técnicos y análisis de viabilidad.
En las conversaciones aparecen los denominados proyectos Minerven y La Tortuga, junto con otros negocios relacionados con níquel, comercialización de oro y capital procedente de Emiratos Árabes Unidos. La Policía sitúa la relación mercantil entre Martínez y Amaro Chacón, al menos, desde septiembre de 2021.
La ruta hacia el Orinoco
El interés se concentraba en la cuenca del Orinoco, una región que reúne algunos de los principales recursos minerales de Venezuela, pero también graves problemas de opacidad, extracción ilegal y degradación ambiental.
La UDEF localizó en las agendas de Martínez menciones a la mina Colombia, considerada uno de los grandes yacimientos de oro del país, y contactos con Héctor Silva, entonces responsable venezolano de Desarrollo Minero Ecológico. Silva había recibido amplias competencias sobre el sector por decisión de Delcy Rodríguez.
El acceso político constituía un activo tan importante como el propio mineral.
El paraguas de Delcy
La expresión utilizada en las comunicaciones sugiere que el proyecto necesitaba respaldo institucional para obtener permisos, organizar visitas y relacionarse con las empresas públicas que controlan la minería venezolana.
Martínez mantenía, según fuentes policiales citadas por The Objective, una relación estrecha con Delcy Rodríguez desde 2012 y llegó a viajar con ella en un avión oficial. Esa proximidad no prueba una participación de la dirigente venezolana en cada operación, pero ayuda a explicar por qué los interlocutores confiaban en acceder a niveles elevados de la Administración.
Oro frente a las sanciones
El negocio aparecía también como una posible vía para reconstruir circuitos de pago dañados por las sanciones internacionales y por el colapso de estructuras vinculadas a PDVSA y al comercio de criptoactivos.
En otras conversaciones investigadas se habla de «comercialización de Amarillo», una referencia que la UDEF interpreta como posible alusión al oro, y de contactos con inversores de Emiratos. La lógica económica es clara: el metal permite generar divisas, respaldar operaciones y reducir la dependencia de canales bancarios convencionales.
Las incógnitas de Zapatero
La investigación conecta a personas próximas al expresidente con proyectos mineros, pero obliga a mantener una distinción esencial entre sospecha policial, relación personal y responsabilidad penal.
Durante años han circulado testimonios que atribuían a Zapatero intereses en una mina venezolana. Algunas de esas afirmaciones carecían de pruebas documentales y fueron calificadas por él de «surrealistas». Las nuevas diligencias aportan conversaciones y agendas, aunque todavía deberá determinarse quién impulsaba realmente los negocios, cómo se financiaban y quién esperaba recibir sus beneficios.
Una operación con alcance político
El caso trasciende la rentabilidad de un yacimiento. Afecta a la actuación económica de antiguos responsables públicos, a la capacidad del régimen venezolano para atraer capital pese a las sanciones y a la utilización de relaciones diplomáticas como ventaja empresarial.
La consecuencia es clara: cualquier proyecto de oro en Venezuela exige comprobar el origen de las concesiones, los intermediarios, los pagos y el cumplimiento de las restricciones internacionales.
La mina aún no explica por sí sola toda la trama, pero ofrece a los investigadores un mapa: recursos estratégicos, poder político y sociedades privadas unidos por intermediarios que se movían entre Madrid, Caracas y los grandes centros financieros internacionales.
