Zapatero rompe su silencio: niega cualquier influencia en Plus Ultra
José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio para negar de forma tajante cualquier intervención en el rescate público de Plus Ultra.
El expresidente sostiene que no habló con miembros del Gobierno, responsables de la SEPI ni otras autoridades sobre la ayuda concedida a la aerolínea.
La operación ascendió a 53 millones de euros y fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
Sin embargo, la entrevista no cierra el caso: desplaza ahora el foco hacia la consistencia de los testimonios, comunicaciones y movimientos económicos incorporados a la investigación judicial.
«No hablé con nadie»
Zapatero eligió el programa Mañaneros 360, de TVE, para defender su «inocencia absoluta» después de declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Su mensaje principal fue inequívoco: no participó en la tramitación del rescate ni ejerció influencia alguna.
«No es que no influyera, es que no hablé con nadie del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra», aseguró durante la entrevista. También rechazó haber intervenido en la creación de sociedades en el extranjero o en cualquier estructura destinada a canalizar pagos ilícitos.
La defensa pública se apoya en un principio esencial: corresponde a quienes formulan la acusación demostrar que existió una gestión concreta, quién la recibió y qué contraprestación produjo. La negación, sin embargo, deberá contrastarse con el material acumulado en el procedimiento.
Los 53 millones del rescate
Plus Ultra recibió 34 millones mediante un préstamo participativo y otros 19 millones a través de un préstamo ordinario. La ayuda procedía del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia con una dotación inicial de 10.000 millones de euros.
La operación provocó una fuerte controversia política por el tamaño de la aerolínea y por las dudas planteadas sobre su carácter estratégico. No obstante, el primer procedimiento judicial centrado en la legalidad del rescate fue archivado en enero de 2023 al no aparecer suficientemente justificada la comisión de un delito.
Este precedente resulta relevante. La investigación actual no demuestra automáticamente que la ayuda fuera ilegal, sino que examina si pudo existir una red de intermediación destinada a influir en su concesión y obtener beneficios económicos.
Dos investigaciones diferentes
La confusión entre ambos procedimientos alimenta buena parte del ruido político. Una cuestión es determinar si la SEPI cumplió los requisitos administrativos para auxiliar a Plus Ultra. Otra, jurídicamente distinta, consiste en investigar si determinadas personas prometieron ejercer influencias, cobraron por esa mediación o canalizaron posibles comisiones.
El juez Calama citó a Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos. El auto atribuye provisionalmente al expresidente un posible papel dirigente dentro de una estructura estable orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante organismos públicos. Se trata de una hipótesis judicial sometida todavía a investigación, no de una sentencia.
El diagnóstico exige, por tanto, precisión: Zapatero conserva plenamente la presunción de inocencia, mientras el instructor debe comprobar si los indicios alcanzan consistencia penal.
El testimonio que eleva la presión
La situación cambió después de que el empresario Julio Martínez Martínez señalara al expresidente ante la Audiencia Nacional. Martínez sostiene que Zapatero marcaba los pasos relacionados con la operación y ha ratificado que se habría planteado una comisión equivalente al 1% del rescate.
Zapatero mantiene su amistad con el empresario, pero rechaza por completo su versión. Ese enfrentamiento convierte la credibilidad de ambos testimonios en una de las piezas centrales del procedimiento.
Lo más grave para la defensa no es la existencia de una acusación aislada, sino su posible correspondencia con mensajes, contratos o transferencias. La UDEF ha elaborado informes de más de 300 páginas y vincula a sociedades investigadas con pagos posteriores a la concesión de la ayuda. Zapatero niega que esas cantidades respondieran a comisiones.
Indicios, pero ninguna cautelar
Tras escuchar al expresidente, el juez rechazó imponerle las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones populares. Sin embargo, señaló que su declaración no había logrado desvirtuar los indicios recogidos en el auto de imputación.
La decisión ofrece una lectura doble. Por un lado, Zapatero continúa sin restricciones personales relevantes. Por otro, la investigación permanece abierta porque el instructor considera que todavía existen elementos que deben esclarecerse.
La entrevista televisiva puede influir en la opinión pública, pero no altera el valor procesal de las pruebas. Las responsabilidades no se decidirán en un plató, sino mediante el análisis de comunicaciones, movimientos bancarios, contratos y declaraciones judiciales.
Una defensa con impacto político
El PSOE ha respaldado al expresidente, invocando el respeto al procedimiento y la presunción de inocencia. El PP, en cambio, considera insuficientes sus explicaciones y sostiene que la aparición en TVE no resuelve las contradicciones del caso.
La intervención buscaba recuperar la iniciativa y delimitar responsabilidades. Sin embargo, también aumenta el coste de cualquier prueba futura que contradiga sus palabras. Zapatero no se limitó a negar una influencia determinante: afirmó que no habló con nadie relacionado con el Gobierno o la SEPI.
Esa formulación deja poco espacio para los matices. La investigación deberá establecer si existió alguna comunicación directa o indirecta y, sobre todo, si tuvo relevancia penal. Hasta entonces, las sospechas no equivalen a culpabilidad, pero tampoco desaparecen mediante una entrevista.
