Artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: la multa de 15 millones por no formar en IA se tambalea
La amenaza parecía inequívoca: multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial para las empresas que no formasen a sus trabajadores en inteligencia artificial.
Sin embargo, la realidad jurídica resulta bastante más compleja que el mensaje comercial difundido durante los últimos meses.
La Unión Europea mantiene la necesidad de preparar a quienes utilizan sistemas de IA, pero ha rebajado expresamente el alcance de esa obligación.
La formación seguirá siendo importante. Presentarla como un salvoconducto automático frente a una sanción ya no se sostiene.
La amenaza que se vendió
El artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial comenzó a aplicarse el 2 de febrero de 2025. Su redacción inicial obligaba a proveedores e implantadores de sistemas de IA a garantizar un nivel suficiente de conocimientos entre el personal que operase estas herramientas.
Ese mandato alimentó un nuevo mercado de cursos, auditorías y certificaciones. El mensaje era sencillo y eficaz: cualquier empresa que utilizase ChatGPT, asistentes automáticos o sistemas de recomendación debía formar inmediatamente a su plantilla para evitar sanciones millonarias.
Lo más grave es que se mezclaron fechas y conceptos. La Comisión Europea aclaró que la supervisión específica del artículo 4 comenzaría en agosto de 2026, no en agosto de 2025, y que las medidas sancionadoras debían ser proporcionadas y evaluadas caso por caso.
Lo que exigía realmente Bruselas
Ni siquiera la versión inicial de la norma imponía un curso concreto, un examen obligatorio o una certificación homologada. La alfabetización debía adaptarse a los conocimientos técnicos del trabajador, al contexto de uso y al riesgo del sistema.
Una empresa que utiliza IA para traducir correos no afronta el mismo escenario que un banco que automatiza decisiones crediticias. Tampoco una herramienta para redactar publicidad tiene el mismo impacto que un algoritmo empleado para seleccionar candidatos o gestionar historiales médicos.
La propia Comisión confirmó que no es necesario disponer de un certificado. Bastaría, según cada caso, con conservar registros internos de las formaciones, protocolos o iniciativas adoptadas. También advirtió de que limitarse a entregar el manual de una aplicación podía resultar insuficiente.
Bruselas rebaja el listón
El giro decisivo llegó con el Digital Omnibus sobre inteligencia artificial. El Consejo de la UE dio su aprobación definitiva el 29 de junio de 2026, después del acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo. La reforma entrará en vigor tres días después de su publicación en el Diario Oficial.
La nueva redacción ya no obliga a garantizar un nivel determinado. Exige adoptar medidas para apoyar el desarrollo de la alfabetización en IA, teniendo en cuenta la experiencia, la educación y las tareas de cada persona.
«Esta obligación no exige garantizar ningún nivel específico de alfabetización en IA de ninguna persona».
El cambio no elimina por completo la responsabilidad empresarial, pero sí reduce considerablemente la rigidez del modelo anterior.
La multa no es automática
El límite de 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio mundial forma parte del régimen general de sanciones previsto para determinadas infracciones del Reglamento. Convertir esa cifra en la consecuencia automática de no contratar un curso resulta engañoso.
Las autoridades deberán valorar la gravedad, la duración, la intencionalidad, el tamaño de la empresa y los daños provocados. La ausencia de formación cobraría especial relevancia si un trabajador causa un incidente por desconocer riesgos evidentes: filtración de datos, discriminación algorítmica, publicación de información falsa o utilización indebida de contenidos protegidos.
El diagnóstico es inequívoco: el verdadero peligro no es carecer de un diploma, sino no poder demostrar que se tomaron medidas razonables.
El riesgo sigue dentro de la empresa
La flexibilización normativa no convierte la alfabetización en un asunto irrelevante. Un empleado puede introducir información confidencial en un chatbot, aceptar una respuesta inventada o utilizar imágenes sin comprobar sus derechos. El coste puede llegar por otras vías: protección de datos, propiedad intelectual, normativa laboral o responsabilidad contractual.
Además, la Comisión considera que incluso las empresas que emplean ChatGPT para traducir o redactar anuncios deben explicar a sus trabajadores riesgos como las denominadas alucinaciones del modelo. La formación deja de ser únicamente una casilla regulatoria y pasa a funcionar como mecanismo de control operativo y reputacional.
En este contexto se sitúa el curso de Alfabetización en IA Legal de Skiller School. El programa aborda el Reglamento Europeo de IA, el papel de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, los principios éticos y casos prácticos. Su utilidad dependerá, sin embargo, de que se adapte a las herramientas, departamentos y riesgos reales de cada organización.
Un curso genérico puede ser un punto de partida. Difícilmente será suficiente como única política de cumplimiento.
Lo que conviene documentar ahora
Las empresas deberían identificar qué sistemas de IA utiliza cada departamento, qué datos se introducen, quién valida los resultados y qué decisiones pueden afectar a clientes o trabajadores. Después, la formación debe concentrarse en esos riesgos concretos.
También resulta recomendable conservar asistentes, contenidos, fechas, evaluaciones internas y protocolos entregados. No porque exista un certificado europeo obligatorio, sino porque esa documentación permite acreditar diligencia ante una inspección o un incidente.
Bruselas ha rebajado la obligación, pero no ha borrado la responsabilidad. La etapa del miedo indiscriminado a las multas pierde fuerza; comienza la de demostrar que la IA se utiliza con criterio.
