El Consejo de Seguridad de la ONU avala el plan de Trump y su fuerza internacional para Gaza
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución impulsada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza, tras dos años de guerra y más de 69.000 palestinos muertos, según estimaciones de la ONU y organizaciones humanitarias. La medida fue adoptada con 13 votos a favor, ninguna oposición y las abstenciones de Rusia y China, lo que permite activar una fuerza internacional de estabilización y un nuevo órgano de transición, el llamado “Board of Peace”, encargado de seguridad, reconstrucción y gobernanza hasta 2027. El texto incorpora además un lenguaje que abre la puerta a un eventual Estado palestino, aunque sin calendario ni garantías concretas.
La resolución constituye el primer respaldo formal del Consejo de Seguridad al esquema diseñado por Washington para el día después de la guerra en Gaza, y sitúa a Trump en el centro de la arquitectura de posconflicto al otorgarle un papel de supervisión sobre el Board of Peace. Mientras la Autoridad Palestina ha acogido el texto como un paso hacia la autodeterminación, Israel lo respalda por sus garantías de seguridad y la promesa de desmilitarizar el territorio. El movimiento islamista Hamás, por el contrario, lo rechaza por considerarlo una forma de «tutela extranjera» sobre Gaza.
Votación en el Consejo de Seguridad
La resolución fue sometida a votación el 17 de noviembre de 2025 en la sede de la ONU en Nueva York. De los quince miembros del Consejo, trece respaldaron el texto estadounidense, mientras que Rusia y China optaron por la abstención después de expresar reservas sobre el protagonismo de Washington y la falta de un papel más definido para la propia ONU en la futura administración de Gaza. Ningún país votó en contra, lo que otorgó al documento una legitimidad política significativa pese a las críticas.
En el debate previo, Moscú y Pekín denunciaron que la resolución consolida, a su juicio, una solución «hecha a medida» de los intereses estadounidenses y deja demasiados interrogantes sobre la soberanía palestina y la rendición de cuentas de la nueva estructura de poder. Estados Unidos defendió, en cambio, que el texto es «la única vía realista» para consolidar el alto el fuego y avanzar hacia una solución política duradera tras un conflicto que ha devastado el enclave y obligado a cientos de miles de personas a desplazarse.
Fuerza internacional de estabilización
El corazón operativo de la resolución es la fuerza internacional de estabilización —denominada en varios documentos como International Stabilization Force (ISF)—, que contará con un mandato para garantizar la seguridad en Gaza, apoyar la desmilitarización del territorio y coordinar la ayuda humanitaria. Estas tropas deberán cooperar estrechamente con un cuerpo de policía palestina entrenado y vetado por la comunidad internacional, así como con Egipto e Israel en la gestión de los cruces fronterizos y el flujo de suministros.
El mandato prevé una implementación por fases, vinculando la retirada gradual de las fuerzas israelíes a hitos concretos en materia de seguridad y desarme, supervisados por la fuerza internacional y los actores regionales. De momento, ningún país ha anunciado públicamente el envío de tropas, aunque varios Estados árabes y musulmanes —entre ellos Qatar, Egipto o Arabia Saudí— han condicionado su participación a la existencia de un mandato claro del Consejo de Seguridad, ahora ya aprobado.
El controvertido “Board of Peace”
La resolución crea además un órgano civil de transición, el “Board of Peace”, concebido como una autoridad interina para la seguridad, la reconstrucción y la gobernanza de Gaza. De acuerdo con el plan respaldado por el Consejo, esta estructura será presidida o supervisada por Donald Trump hasta 2027, con participación de representantes internacionales y, previsiblemente, figuras palestinas designadas en una fase posterior.
El Board of Peace asumirá funciones clave: coordinación de la reconstrucción de infraestructuras, reordenación de los servicios básicos, reforma de los aparatos de seguridad locales y diseño de un marco político «transitorio» para sustituir el control ejercido hasta ahora por Hamás. Para muchos críticos, la figura concentra un poder extraordinario en manos de un liderazgo estadounidense y plantea dudas sobre la rendición de cuentas democráticas en un territorio ocupado y devastado por la guerra.
Estado palestino en el horizonte
Uno de los pasajes más sensibles del texto es el que «contempla» la posibilidad de un futuro Estado palestino como culminación del proceso de transición. La resolución vincula ese objetivo a reformas de gobernanza, la consolidación de las instituciones palestinas y el éxito de la estabilización y la reconstrucción, pero no fija plazos concretos ni parámetros definitivos para la independencia.
La Autoridad Palestina ha saludado la referencia al Estado propio como un reconocimiento diplomático de la necesidad de una solución de dos Estados, y se ha mostrado dispuesta a asumir un papel en la futura administración de Gaza si se le garantiza margen de maniobra y apoyo financiero. En Israel, el lenguaje sobre la estatalidad palestina ha generado fricciones: sectores del Gobierno lo consideran una concesión excesiva, mientras que otros valoran las sólidas garantías de seguridad y el compromiso explícito con la desmilitarización total de Gaza.
Reacciones encontradas y rechazo de Hamás
El movimiento islamista Hamás ha rechazado públicamente la resolución, alegando que no satisface las demandas palestinas, que consolida una administración externa sobre el enclave y que condiciona la reconstrucción a un proceso de desarme que considera inaceptable. Portavoces del grupo han descrito el plan como una forma de «tutela internacional» que pretende neutralizar la resistencia armada bajo el paraguas de la ONU y de las potencias occidentales.
Mientras tanto, varias capitales árabes han mostrado un apoyo matizado. Países como Egipto, Qatar o Arabia Saudí han defendido la necesidad de un mecanismo de seguridad robusto para proteger a los civiles y facilitar la reconstrucción, pero han advertido de que su participación en la fuerza de estabilización dependerá de que se respete la legitimidad palestina y se avance de forma tangible hacia la solución de dos Estados. Organizaciones de derechos humanos han recordado, por su parte, que cualquier despliegue deberá acompañarse de garantías claras sobre el respeto al derecho internacional humanitario.
Desafíos y próximos pasos
Pese a la contundencia del voto, el camino hacia la aplicación efectiva del plan está plagado de interrogantes. Entre los principales desafíos figuran la composición y financiación de la fuerza internacional, la coordinación con las fuerzas de seguridad palestinas y con los ejércitos de los países vecinos, y la gestión de un vasto esfuerzo de reconstrucción en un territorio con infraestructuras destruidas y una economía colapsada. También sigue sin resolverse la cuestión de cómo y cuándo se producirá la retirada completa de las fuerzas israelíes y qué margen real tendrá la población de Gaza para decidir su futuro político.
El diagnóstico que emerge de la resolución es doble: por un lado, el Consejo de Seguridad avala por primera vez un marco integral de posguerra en Gaza, con una combinación de fuerza internacional, autoridad de transición y referencias explícitas a la estatalidad palestina; por otro, deja en manos de Washington, sus aliados y los actores regionales la tarea de convertir ese diseño en una realidad aceptable para los propios palestinos. El éxito o el fracaso del Board of Peace y de la fuerza de estabilización no solo determinarán el futuro de Gaza, sino que marcarán también la credibilidad de la ONU y de la comunidad internacional a la hora de gestionar uno de los conflictos más complejos de Oriente Medio.
