Perú al borde del caos: el Gobierno declara el estado de emergencia en Lima tras sangrientas protestas
El Gobierno de Perú anunció que declarará el estado de emergencia en Lima tras una ola de violencia y enfrentamientos que ha dejado cientos de heridos y al menos una persona muerta. La decisión llega en medio de un incremento de la actividad de bandas criminales y fuertes protestas frente al Congreso.
La crisis social y de seguridad en Perú ha alcanzado un nuevo punto crítico. El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, confirmó este jueves que el Ejecutivo declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana, ante el aumento de la violencia de bandas criminales y las manifestaciones masivas que han desbordado a las fuerzas del orden.
“Vamos a anunciar la decisión de declarar el estado de emergencia, al menos en Metropolitan Lima”, afirmó Álvarez durante una rueda de prensa. La medida implica restricciones temporales a derechos constitucionales como la libre circulación y la reunión pública, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control del orden público.
El anuncio se produce tras una noche de intensos disturbios frente al Congreso peruano, donde las protestas derivaron en enfrentamientos violentos con la policía. Según fuentes oficiales, cientos de manifestantes resultaron heridos y una persona murió por disparos durante los choques. Las marchas se habían convocado para denunciar la inseguridad ciudadana, la corrupción política y la falta de respuestas del Gobierno ante el auge del crimen organizado.
En las últimas semanas, Lima ha registrado un repunte de homicidios y secuestros vinculados a bandas procedentes de Venezuela, Colombia y Ecuador, lo que ha generado una sensación de miedo generalizado. En zonas como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, los vecinos denuncian la presencia de grupos armados que imponen toques de queda y extorsionan a comerciantes.
El presidente peruano, aún sin pronunciarse oficialmente sobre la medida, enfrenta una creciente presión política y social. Organizaciones de derechos humanos han pedido al Ejecutivo que garantice el respeto a las libertades civiles durante la aplicación del estado de emergencia, mientras analistas advierten de una posible militarización de la capital si la situación se agrava.
La crisis de Lima refleja el deterioro general de la seguridad en América Latina, donde el avance del crimen organizado y la desconfianza institucional están provocando una ola de protestas. En el caso peruano, el estallido social también tiene un trasfondo político: la falta de estabilidad desde la destitución del expresidente Pedro Castillo y los continuos choques entre el Ejecutivo y el Congreso.
