BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles cerrar el mercado de la Unión Europea a toda mercancía en cuyo proceso de producción se hayan impuesto condiciones de esclavitud o trabajos forzosos, un veto que Bruselas quiere aplicar tanto a las importaciones de terceros países como a los artículos producidos en suelo comunitario para el consumo interior o destinado a exportación.
Los servicios comunitarios insisten en el valor de una prohibición “generalizada”, sin poner el foco en sectores o países como China con estándares más bajos, porque esperan así tener un alcance mayor, en un contexto en el que unos 27,6 millones de personas en todo el mundo trabajan sin derechos, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Esta propuesta marcará una diferencia real en la lucha contra la esclavitud moderna”, ha destacado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y responsable de Comercio, Vladis Dombrovskis, para después recalcar que el veto afectará “a productos nacionales, exportaciones e importaciones por igual”.
Serán las autoridades nacionales y las aduanas las responsables de aplicar el sistema y vigilar que no llegan al mercado común este tipo de productos, ni que son exportados a países terceros desde la UE, según ha explicado Dombrovskis, que ha garantizado que se “minimizará” la carga burocrática para las empresas y se tendrá en cuenta la situación de las pyme.
Bruselas prevé un control en dos fases por las autoridades nacionales que incluye evaluaciones de riesgo en una etapa preliminar para evaluar las posibilidades de que determinadas producciones sean producidas con mano de obra explotada, por ejemplo a través de bases de datos sobre riesgo de trabajos forzosos según tipo de producción o área geográfica.
De este modo, las autoridades competentes podrán iniciar investigaciones serias sobre un producto determinado si tiene “sospechas fundadas” de que provienen del trabajo forzoso, un análisis para el que podrán pedir información a las compañías y también llevar a cabo inspecciones incluso en países de fuera de la UE.
En caso de que se confirmen prácticas abusivas con los trabajadores, las autoridades nacionales podrán ordenar la retirada del producto y prohibir que sea comercializado tanto dentro de la UE como fuera de ella. Los operadores deberán asumir los costes de la retirada del producto, una condición que la Comisión espera sirva de medida disuasoria para que las compañías cumplan las nuevas reglas.
Además, si las autoridades no pueden llegar a un análisis concluyente debido a la falta de cooperación de la empresa investigada o de las autoridades de un país tercero podrán igualmente tomar una decisión sobre el producto en base a los datos que sí estén disponibles.
