Díaz evita hablar de “futuribles” sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apelado a la “discreción” en el diálogo social y ha evitado hablar de “futuribles” sobre el debate de la posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones en la mesa de negociación sobre el sistema de pensiones.

“No voy a entrar en ningún futurible. Me consta que no está planteado en la mesa de negociación”, ha asegurado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

En este sentido, la ministra ha pedido que se deje trabajar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con “discreción y talento”.

Díaz ha insistido en que las medidas del actual Ejecutivo, en este caso las relativas al sistema de pensiones, están centradas en “eliminar una política de recortes que tanto sufrimiento causó a los pensionistas españoles”.

“Este Gobierno ha cumplido su palabra y ha derogado la ley 23/2013, que eliminaba la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) real y ha materializado la supresión del denominado Factor de Sostenibilidad”, ha comentado.

El Factor de Sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013, se sustituirá ahora por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), acordado la tarde del lunes entre el Gobierno y los sindicatos. Díaz ha señalado que esta herramienta “va a propiciar ingresos en el sistema”.

“Somos el primer Gobierno que lejos de recortar en una materia tan sensible, lo que hacemos es mejorarlo, proteger el futuro de las pensiones y garantizar más ingresos, con esto es con lo que me quedo”, ha concluido la ministra.

El MEI introducirá una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos, de los que las empresas asumirán 0,5 puntos y los trabajadores, 0,1 puntos. Esto empezará a operar en 2023 y se extenderá durante diez años, con el objetivo de engordar la ‘hucha de las pensiones’.

El acuerdo se alcanzó entre los sindicatos y el Gobierno, con la ausencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

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