BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este lunes la protección de los trabajadores consagrada en la Constitución española durante el debate en Bruselas para tomar posición común sobre la directiva de salarios mínimos dignos en la Unión Europea.
Coincidiendo con el aniversario del referéndum que ratificó la Constitución española, la vicepresidenta ha hecho mención en su intervención en la reunión de ministros europeos de Trabajo y Asuntos Sociales a que la Carta Magna española señala que corresponde a los poderes públicos promover la igualdad y libertad de los individuos, algo que para Díaz supone hablar de “salarios mínimos justos y de salarios medios altos”.
Durante la reunión en Bruselas se espera que los Veintisiete fijen la posición negociadora sobre la propuesta para una directiva de salarios mínimos. En este contexto, la vicepresidenta subrayado que la medida supone “un primer paso para devolver el compromiso a quienes, con su trabajo, mantienen vivo el sueño europeo” y ha destacado que la propuesta “entiende, al fin, que una Europa de y con futuro es incompatible con salarios bajos y condiciones de vida precarias”
“Una Europa moderna es una Europa en donde la gente vive con dignidad gracias a trabajos decentes”, ha reiterado Yolanda Díaz ante el resto de ministros europeos del ramo, al tiempo que ha reivindicado el “liderazgo positivo y constructivo” de España en esta materia.
Junto a España, países como Portugal o Eslovenia han reivindicado la necesidad de avanzar en una medida destinada a avanzar en el pilar social de la UE y a garantizar mayor cohesión y prosperidad en el conjunto del bloque europeo.
Entre los países favorables a la directiva se pide además más ambición para proteger la negociación colectiva así como que las deducciones y variaciones no desvirtúen el salario mínimo.
Por su lado la Comisión Europea ha defendido que la propuesta puesta sobre la mesa no pone en entredicho las características y tradiciones de los sistemas nacionales, como sostenían los Estados miembros reticentes, y en este sentido “respeta la autonomía de los actores sociales” y protege los distintos modelos de mercado laboral.
“Con esta directiva, la Unión podrá cumplir con el objetivo de prosperidad compartida y contribuir a un desarrollo económico más equilibrado de la UE”, ha señalado el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, apuntando que ayudará a una “convergencia social al alza”.
