MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda afronta este jueves su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados, su debate de totalidad, para la que se anticipa una nueva votación ajustada, con Esquerra Republicana (ERC) amenazando con tumbar otra medida ‘estrella’ del Gobierno y ausencias en la bancada de Unidas Podemos.
Frente al proyecto del Gobierno de coalición han presentado enmiendas de devolución el PP (88 votos), Ciudadanos (9), el PNV (6), el PDeCAT (4) y Junts (4), y es previsible que a ellos se les sumen Vox (52), Foro Asturias (1), los dos exdiputados de UPN y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero.
ERC AMAGA CON DERRIBAR EL PROYECTO
Además, ERC ha registrado una enmienda a la totalidad, en su caso para sustituir la ley del Gobierno por un texto alternativo, y a menos de 24 horas de la votación ha trasladado su disposición a apoyar su devolución por los problemas competenciales en los que incurre la regulación.
Y si los trece votos de Esquerra se suman a quienes piden devolver el proyecto al Gobierno, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el Pleno.
AUSENCIAS EN EL BLOQUE DEL GOBIERNO
Además, el Gobierno no podrá contar en una votación ajustada con todos sus votos. Al escaño aún no reemplazado de Alberto Rodríguez, inhabilitado tras su condena por el Tribunal Supremo, se le unirán las ausencias de dos de sus ministras, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la titular de Igualdad, Irene Montero, que viajan a Chile para la toma de posesión de Gabriel Boric.
A la espera de confirmar la posición de ERC, el Gobierno solo tiene asegurados los apoyos de EH-Bildu (5), Más País-Equo (2) y Compromís (1), que en todo caso han reivindicado la necesidad de introducir cambios en su tramitación parlamentaria para llevar más lejos la regulación, con propuestas planteadas por organizaciones como la Plataforna de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos.
Desde Bildu, esta misma semana han reconocido su intención de “corregir cualquier elemento de invasión competencial”, pero descartaban derribar la iniciativa, optando por plantear propuestas en el trámite de enmiendas parciales.
PP: ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA LIBERTAD DE EMPRESA
En su enmienda a la totalidad, el PP recuerda el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sostiene que la regulación afecta a una “materia de titularidad autonómica” y asegura que se trata de “una propuesta claramente lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos”.
En su enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ lamentan la “naturaleza marcadamente intervencionista” de la ley, que “ataca el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa”, afectando “muy negativamente al sector inmobilario” y perjudicando “tanto a los inquilinos como a los propietarios”.
CAMBIOS “INCOHERENTES” Y “COSMÉTICOS” PARA Cs
Por su parte, Cs carga en su enmienda contra la reforma del Gobierno asegurando que “los principios y el espíritu” de la misma “son incoherentes, cosméticos e inidóneos para guiar las políticas públicas de vivienda y garantizar el acceso a la misma para todos los ciudadanos”.
Ambas formaciones critican la regulación de los precios del alquiler, pero también la habilitación para fijar recargos en el IBI en viviendas vacías, llegando a acusar el PP al Gobierno de fomentar la ‘okupación’ de viviendas con su propuesta, considerando la prohibición de desahucios un “blanqueamiento pernicioso” de la misma.
Cs aclara que, pese a incluirse como un hito a cumplir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la devolución de la iniciativa “no supondría obstáculo para el cumplimiento del hito”, ya que el Gobierno tiene “tiempo más que suficiente” para presentar una alternativa y poder aprobarla antes del 30 de septiembre de 2022.
PNV, PDeCAT Y JUNTS VEN INVASIÓN DE COMPETENCIAS
El PNV, por su parte, rechaza la propuesta al considerar que “incurre en evidentes excesos”, ya que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”, tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que identifica como función autonómica regular para atender intereses relacionados con una vivienda digna.
También justifica su rechazo el PDeCAT en una “invasión competencial”, además de considerar como “negativo” el impacto que puede tener la legislación propuesta por el Gobierno para la oferta de vivienda de alquiler.
Por otro lado, Junts buscará tumbar la ley de vivienda por considerar el proyecto “una absorción competencial, total, forzada y artificial”, pues supone a su juicio un “desmantelamiento” de las regulaciones aplicadas en Cataluña.
