MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Las principales asociaciones representantes de la industria española han pedido al Gobierno de España que “se oponga frontalmente” a la intención de la Comisión Europea de, en un sistema de alerta, obligar a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por Bruselas o por petición de dos Estados miembros.
En una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia), muestra al Gobierno su apoyo “en todo lo que considere necesario para defender los intereses de España y oponerse a esta propuesta”, que se presentaría mañana junto a la ya esperada comunicación ‘Save gas for a Safe Winter’.
En este sentido, la asociación considera que no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión Europea.
Además, advierte de que forzar paradas industriales en países en los que no es necesario “agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea”.
FINANCIANDO LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES UNA GRAN INFRAESTRUCTURA.
Asimismo, defiende que los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, “precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador” y limitar la exposición a cortes de suministro, por lo que ve “incoherente” que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que se paren sus fábricas y “se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo”.
Por otra parte, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española cree que propuesta como esta requiere escrutinio completo de las instituciones comunitarias, “no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos”.
