Despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a Irán

El cuadro geopolítico de las últimas 24 horas confirma una triple tensión estructural: guerra prolongada en Ucrania, pulso creciente con el régimen teocrático de Teherán y aceleración de la competencia sistémica con China, ahora también en clave europea con el viaje de Keir Starmer a Pekín y la cuestión estratégica de Chagos. A ello se suma una dimensión interna estadounidense con fuerte impacto externo: la combinación de crisis política por la muerte de Alex Pretti a manos de agentes migratorios, el giro táctico de Trump en inmigración y la proyección de poder duro en el Golfo envía un mensaje inequívoco a aliados y adversarios. Sobre este telón de fondo, la sobrecarga de deuda pública en las grandes economías desarrolladas limita el margen de maniobra para sostener simultáneamente la defensa de Ucrania, la disuasión frente a Irán y la contención del expansionismo chino.

II. NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

1. Despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a Irán

Hechos

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, que incluye tres destructores de la clase Arleigh Burke con capacidad antimisil balístico avanzada, han llegado a la región de Oriente Medio, operando entre el océano Índico septentrional y las aproximaciones al Golfo Pérsico, como respuesta directa tanto a la brutal represión de las protestas en Irán —con balance de varios miles de muertos según organizaciones de derechos humanos— como a la escalada retórica de Teherán y sus milicias aliadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Trump ha descrito la presencia naval estadounidense como una “gran armada” junto a Irán, afirmando públicamente que “todas las opciones” siguen sobre la mesa, en un lenguaje que evoca deliberadamente la retórica de presión máxima que caracterizó su primer mandato. Simultáneamente, altos cargos del Departamento de Estado han señalado que Washington permanece abierto a contactos diplomáticos si Teherán está dispuesto a negociar, en un clásico ejercicio de diplomacia coercitiva que combina amenaza creíble con puerta entreabierta al diálogo, buscando fragmentar a las élites iraníes entre líneas duras y sectores más pragmáticos.

Implicaciones

El despliegue refuerza la credibilidad de la disuasión estadounidense tras las amenazas previas de intervenir si el régimen iraní continuaba matando a manifestantes en las calles de Teherán, Isfahan, Mashhad y otras ciudades. Supone un aviso no solo al régimen teocrático sino también a sus proxies en toda la región —Hizbulá en Líbano, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y lo que resta de Hamás en Gaza— acostumbrados a operar en la impunidad relativa que les ha proporcionado la ausencia de una respuesta occidental contundente durante la pasada década.

Desde la óptica atlántica, este movimiento reequilibra en parte la percepción de aliados regionales —Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin— que temían una respuesta tibia de Washington a un régimen que combina terrorismo de Estado, exportación de milicias sectarias y ambiciones nucleares apenas contenidas. La presencia naval estadounidense refuerza la arquitectura de seguridad regional y señala a Riad y Abu Dabi que la normalización con Israel no les dejará huérfanos frente a Teherán.

Al mismo tiempo, Irán ha respondido elevando el tono de sus amenazas de represalia, sin especificar objetivos concretos pero dejando entrever la posibilidad de ataques contra intereses estadounidenses en la región mediante sus proxies, lo que mantiene la tensión en niveles elevados y aumenta el riesgo de escalada inadvertida por error de cálculo o incidente no controlado.

Perspectivas

Si Teherán mantiene el nivel actual de represión interna y activismo externo —incluyendo transferencias de armas avanzadas a milicias aliadas y continuidad del programa nuclear encubierto—, el escenario más probable a corto plazo es un prolongado pulso de baja intensidad: refuerzo de sanciones sectoriales, operaciones encubiertas de sabotaje contra infraestructuras nucleares y militares, ataques limitados de proxies iraníes contra objetivos estadounidenses o israelíes, y demostraciones de fuerza navales recurrentes, sin llegar al choque frontal abierto que ninguna de las partes desea pero que tampoco puede descartarse.

Un deterioro súbito —masacre mayor de manifestantes captada en tiempo real por redes sociales, ataque letal contra activos estadounidenses o israelíes atribuible directamente a Teherán, o avance verificado hacia la fabricación de un arma nuclear— podría empujar a Trump a ordenar ataques aéreos selectivos contra infraestructuras militares, instalaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y centros de mando del aparato represivo iraní. Este escenario tendría alto riesgo de escalada regional pero también podría debilitar significativamente el aparato de seguridad del régimen y dar oxígeno a los movimientos de protesta internos, aunque sin garantías de que la transición resultante fuera ordenada o favorable a intereses occidentales.

A medio plazo, la cuestión estratégica es si el colapso del régimen será producto de una implosión interna derivada de la presión económica y social acumulada, de una presión internacional sostenida que erosione las élites hasta provocar fractura, o de una combinación de ambas. Cualquier transición desordenada sin plan internacional de estabilización dejaría un vacío de poder que podrían ocupar facciones aún más radicales dentro de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, grupos yihadistas suníes que busquen venganza sectaria, o actores externos como Rusia que intentarían preservar sus bases militares y posiciones estratégicas en territorio iraní.

2. Starmer viaja a China y la disputa estratégica sobre Chagos

Hechos

El primer ministro británico Keir Starmer inicia hoy una visita de varios días a China —la primera de un jefe de gobierno británico desde 2018— buscando recomponer relaciones comerciales, atraer inversión china a infraestructuras y tecnología limpia, y estabilizar canales de diálogo tras años de tensiones por Xinjiang, Hong Kong, espionaje industrial y la prohibición de Huawei en redes 5G británicas. El viaje se produce en un momento de fuertes tensiones entre Pekín y Washington, con Trump reimponiendo aranceles y manteniendo presión sobre el tema de Taiwán, lo que coloca a Londres en una posición delicada entre su principal aliado de seguridad y su segundo socio comercial global.

Paralelamente, el gobierno laborista avanza en el controvertido acuerdo para transferir la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, manteniendo el arrendamiento a largo plazo del estratégico atolón de Diego García para la base militar conjunta angloestadounidense que juega un papel central en las operaciones del Indo-Pacífico y Oriente Medio. La operación ha suscitado críticas internas intensas, tanto de la oposición conservadora como de sectores de seguridad nacional, que temen que la cesión de soberanía a Mauricio —país con creciente influencia china en forma de inversiones, deuda e infraestructuras portuarias— abra una puerta indirecta para que Pekín se acerque peligrosamente a un nodo crítico de la proyección militar occidental en el océano Índico.

Implicaciones

Londres intenta cuadrar un círculo cada vez más difícil: recomponer la relación económica con China para garantizar acceso a su mercado de 1.400 millones de consumidores y atraer capital para financiar infraestructuras, sin poner en riesgo la alianza transatlántica ni la arquitectura de seguridad en el Indo-Pacífico de la que el Reino Unido es pieza clave a través de AUKUS y del despliegue naval permanente en la región. El problema de fondo es que Pekín combina sistemáticamente agresividad regional —coerción sobre Taiwán, militarización del Mar de China Meridional, presión sobre Filipinas y Vietnam— con diplomacia económica invasiva que usa inversiones e infraestructuras como instrumentos de influencia política y dependencia estratégica.

La cuestión de Chagos se ha convertido en un caso de libro de la nueva geopolítica de archipiélagos, donde el control de islas remotas adquiere valor estratégico desproporcionado por su posición en rutas marítimas, cables submarinos y como plataformas de proyección militar. Más que una mera rectificación poscolonial de justicia histórica hacia los chagossians desplazados en los años sesenta, muchos analistas ven el riesgo de abrir una puerta para que China, vía Mauricio —donde Pekín ya controla el puerto de importancia estratégica— o mediante otros actores intermediarios, se acerque peligrosamente a Diego García, complique las operaciones de la base o incluso instale capacidades de vigilancia e inteligencia en islas adyacentes.

Perspectivas

Si Starmer vuelve de Pekín con concesiones económicas tangibles —acuerdos comerciales, compromisos de inversión en energía nuclear o renovables— sin contrapartidas políticas visibles en materia de derechos humanos, Taiwán, o moderación en el Mar de China Meridional, es previsible una intensificación de las tensiones con la Administración Trump y con el ala más atlantista de Westminster, que recelan de cualquier gesto que parezca apaciguamiento ante el expansionismo chino y que erosione la credibilidad británica como socio de seguridad fiable.

A medio plazo, el precedente de Chagos puede alentar nuevas reclamaciones sobre enclaves estratégicos en el Indo-Pacífico y el océano Índico, donde Pekín buscará sistemáticamente explotar fisuras legales, disputas históricas y sensibilidades poscoloniales para erosionar la presencia militar occidental, complicar la libertad de navegación y expandir su propia red de bases e instalaciones de apoyo logístico. El riesgo no es solo Chagos, sino el efecto demostración: si una democracia occidental cede soberanía sobre un punto estratégico por presiones jurídico-morales sin asegurar garantías blindadas de exclusividad de uso militar, otros Estados costeros o insulares verán incentivos para renegociar acuerdos similares con terceros actores menos escrupulosos.

La prueba definitiva será si el Reino Unido logra mantener en el acuerdo de Chagos cláusulas de seguridad lo suficientemente robustas para impedir cualquier presencia china directa o indirecta en el archipiélago, y si Starmer consigue simultáneamente que su viaje a Pekín no sea interpretado en Washington, Canberra o Tokio como el inicio de un distanciamiento estratégico británico del eje indo-pacífico de contención a China.

3. Alerta sobre deuda récord en las economías avanzadas y su efecto estratégico

Hechos

Un análisis exhaustivo publicado hoy documenta que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón han alcanzado niveles de deuda pública récord o muy cercanos al máximo histórico, superando en varios casos el 100% del PIB y aproximándose a umbrales que históricamente han precedido crisis de sostenibilidad fiscal, pérdida de confianza de mercados y espirales de intereses crecientes que lastran el crecimiento potencial. Este incremento de endeudamiento coincide con una demanda política y social creciente de gasto en defensa —con compromisos en la OTAN de converger hacia el 5% del PIB para 2030—, mantenimiento del apoyo financiero y militar a Ucrania, aceleración de la transición energética para reducir dependencia de hidrocarburos rusos y chinos, y refuerzo de redes de seguridad social presionadas por envejecimiento demográfico, tensando al límite los presupuestos nacionales y reduciendo el margen para responder a futuras crisis.

El informe señala que la combinación de tipos de interés en proceso de normalización tras años de política monetaria ultra-expansiva, presiones inflacionarias estructurales derivadas de la fragmentación de cadenas de suministro globales, y envejecimiento poblacional que reduce la base tributaria mientras aumenta el gasto en pensiones y sanidad, configura un escenario de “triple restricción” que obligará a las democracias liberales a elecciones difíciles entre gasto social, inversión productiva y capacidades de defensa.

Implicaciones

La convergencia entre necesidades de “economía de guerra” —rearme, resiliencia energética, autonomía tecnológica— y compromisos del Estado del bienestar exige un realismo fiscal que buena parte del espectro político, tanto la izquierda populista como ciertos sectores de la derecha nacionalista, siguen eludiendo mediante promesas incompatibles entre sí. De no abordarse con reformas estructurales que prioricen gasto eficiente sobre clientelismo electoral, esta dinámica pondrá en riesgo simultáneamente la cohesión social interna y la capacidad de disuasión externa frente a Rusia, China e Irán, actores que observan con atención las vulnerabilidades fiscales occidentales como posibles puntos de presión.

El sobreendeudamiento de las democracias liberales ofrece a China y a fondos soberanos de regímenes autoritarios —Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, pero también Rusia a través de testaferros— un margen adicional para usar instrumentos financieros como palancas de influencia política, adquiriendo deuda pública, comprando activos estratégicos en momentos de dificultad presupuestaria, o condicionando rescates financieros a contrapartidas de política exterior, sobre todo en Estados con instituciones más frágiles del sur de Europa, América Latina o el sudeste asiático.

La paradoja es que la amenaza militar rusa, la competencia sistémica con China y la inestabilidad generada por el eje Irán-milicias exigen más gasto en defensa e inteligencia precisamente cuando el espacio fiscal para financiarlo se estrecha, lo que fuerza a revisar ortodoxias presupuestarias de las últimas décadas, eliminar duplicidades burocráticas, recortar subsidios ineficientes y reformar sistemas de pensiones y sanidad para hacerlos sostenibles a largo plazo sin sacrificar su carácter universal.

Perspectivas

Es plausible un giro gradual en las principales economías occidentales hacia políticas de consolidación fiscal selectiva: recorte de gasto público ineficiente o capturado por grupos de interés, mayor disciplina en prestaciones mal diseñadas o que incentivan dependencia, y priorización explícita de defensa, innovación tecnológica, seguridad energética e infraestructuras críticas como pilares no negociables de la soberanía estratégica, rompiendo tabúes ideológicos tanto de izquierda como de derecha sobre intocabilidad de partidas presupuestarias.

El fracaso en ordenar las cuentas públicas y reconciliar defensa con bienestar abriría el campo a nuevos ciclos de populismo anti-sistema —de izquierda radical tipo Podemos o Mélenchon, o de derecha iliberal tipo Orbán o Le Pen— que capitalizarían la frustración social, debilitarían el eje atlántico mediante discursos soberanistas o pacifistas según el caso, y facilitarían objetivamente la penetración de narrativas rusas, chinas e iraníes que presentan a Occidente como un modelo agotado, corrupto e incapaz de defender a sus ciudadanos.

A muy largo plazo, la cuestión de fondo es si las democracias liberales pueden sostener simultáneamente sociedades abiertas, economías de mercado competitivas y capacidades militares suficientes para garantizar su seguridad, o si la combinación de envejecimiento, endeudamiento y fragmentación política las condena a una decadencia relativa frente a autocracias que no cargan con el coste de legitimación democrática ni con sistemas de bienestar universales.

4. Crisis política en Estados Unidos por el caso Pretti y giro táctico de Trump en inmigración

Hechos

La muerte de Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 28 años abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación de detención en Minneapolis el pasado jueves, ha desencadenado protestas masivas en al menos una docena de ciudades estadounidenses, fuertes críticas mediáticas que acusan a la Administración Trump de militarizar la política migratoria, y una tormenta política de gran calado que amenaza con erosionar el apoyo a la campaña de deportaciones de indocumentados que constituye una pieza central del programa electoral republicano.

Los hechos, según versiones aún en investigación, indican que Pretti se encontraba en su domicilio cuando agentes de ICE irrumpieron buscando a otra persona con orden de deportación; en circunstancias todavía no aclaradas del todo, se produjo un enfrentamiento que terminó con disparos fatales contra Pretti. La familia ha denunciado uso excesivo de la fuerza, ausencia de orden de registro válida y violación de protocolos de identificación, mientras ICE sostiene que los agentes actuaron en defensa propia ante una supuesta amenaza, versión cuestionada por testigos presenciales.

Ante la presión social, mediática y de importantes sectores empresariales que temen daño reputacional y disrupción de cadenas de suministro dependientes de mano de obra inmigrante, Trump ha mantenido públicamente el discurso de firmeza frente a la inmigración irregular y el respaldo general a las fuerzas de seguridad, pero ha introducido matices significativos en la aplicación práctica de la campaña de redadas: instrucciones internas para priorizar delincuentes violentos sobre inmigrantes sin antecedentes, mayor escrutinio de operaciones en zonas residenciales, y apertura a revisar protocolos de uso de la fuerza, intentando contener el coste político sin renunciar a su agenda de control fronterizo.

Implicaciones

La combinación de mano dura retórica y corrección táctica operativa encaja con el perfil de un trumpismo de segundo mandato más institucionalizado y pragmático que en 2017-2021, cuyo objetivo es mantener la eficacia disuasoria de la política migratoria —reducción de flujos irregulares, incremento de deportaciones— sin alimentar percepciones de “Estado policial” o “autoritarismo” que puedan movilizar masivamente al electorado progresista y alienar a sectores del empresariado que, aunque comparten preocupaciones sobre seguridad fronteriza, rechazan imágenes de violencia policial contra población civil.

La izquierda demócrata, en particular la “Escuadra” progresista liderada por Alexandria Ocasio-Cortez y Ilhan Omar, así como el ala socialista de Bernie Sanders, intenta instrumentalizar el caso Pretti para deslegitimar la política migratoria de Trump en su conjunto, equiparando control fronterizo con xenofobia y represión, pero corre el riesgo político de aparecer desconectada de la preocupación mayoritaria —incluyendo en comunidades hispanas y afroamericanas— por el control efectivo de fronteras, la reducción de la criminalidad asociada al tráfico de personas y drogas, y la seguridad interior.

El desenlace del caso tendrá implicaciones que trascienden la política migratoria: si la investigación interna y eventual proceso judicial determinan negligencia o uso excesivo de la fuerza, la capacidad de Trump de procesar responsabilidades sin erosionar la moral de las fuerzas de seguridad será un test de su compromiso con el Estado de derecho. Si, por el contrario, se archiva el caso o se exonera sin más a los agentes involucrados, alimentará narrativas de impunidad que reforzarán la movilización progresista y complicarán la gobernabilidad.

Perspectivas

El desenlace judicial y administrativo del caso Pretti será observado de cerca como test de la capacidad de la Administración Trump de combinar rendición de cuentas institucional con mantenimiento de una política migratoria firme, algo clave para su credibilidad tanto interna como externa. A corto plazo, cabe esperar ajustes en protocolos operativos de ICE, mayor supervisión de mandos intermedios, y probablemente reformas legislativas menores sobre uso de la fuerza en operaciones migratorias, sin alterar la arquitectura general de la política de deportaciones.

A nivel internacional, cualquier percepción de desorden interno profundo, erosión acelerada del Estado de derecho, o polarización extrema que paralice el funcionamiento del gobierno federal, sería explotada propagandísticamente por Rusia, China e Irán para cuestionar la fortaleza y viabilidad del modelo democrático liberal, minar la confianza de aliados en el liderazgo estadounidense, y presentar sus propios sistemas autoritarios como alternativas más estables y eficaces. De ahí el interés objetivo del propio Trump en encauzar la crisis sin renunciar a su narrativa de ley y orden, demostrando que firmeza en seguridad es compatible con respeto a derechos fundamentales y escrutinio institucional.

5. Reafirmación de la dependencia europea de Estados Unidos en defensa

Hechos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido en declaraciones de ayer que Europa “está soñando” si cree que puede defenderse sola sin Estados Unidos, subrayando la profunda vulnerabilidad militar del continente europeo frente a Rusia a pesar de los incrementos presupuestarios de los últimos dos años, y la necesidad insoslayable de mantener el paraguas estratégico norteamericano que incluye capacidades nucleares, sistemas antimisiles, inteligencia satelital avanzada, logística estratégica y proyección de poder que ningún Estado europeo individual ni la UE en su conjunto pueden replicar a corto o medio plazo.

Rutte ha precisado que los aliados europeos no solo se han comprometido formalmente al objetivo clásico del 2% del PIB en defensa —ya alcanzado por la mayoría tras la invasión rusa de Ucrania—, sino que trabajan activamente en escenarios de gasto del 5% del PIB para finales de la década, lo que supondría más que duplicar el gasto actual en términos absolutos y reflejaría un cambio de paradigma estratégico desde la mentalidad de “dividendos de paz” posterior a 1991 hacia una lógica de disuasión creíble frente a amenazas convencionales e híbridas de gran escala.

Esta declaración se produce en un contexto de debate interno europeo sobre autonomía estratégica, impulsado paradójicamente tanto por la presión de Trump para que Europa asuma mayor responsabilidad en su propia defensa, como por sectores europeístas que buscan mayor independencia de Washington en materia de seguridad. Rutte zanja este debate con un realismo que incomoda a ambos extremos: ni Europa puede prescindir de Estados Unidos, ni Washington está dispuesto a mantener indefinidamente niveles de gasto desproporcionados para defender aliados que infrainvierten crónicamente en su propia seguridad.

Implicaciones

El mensaje de Rutte refuerza la visión atlantista clásica y el realismo de guerra fría: la autonomía estratégica europea solo puede construirse desde la cooperación estrecha y orgánica con Washington, no como proyecto alternativo, equidistante o que busque márgenes de maniobra frente a Estados Unidos, y exige abandonar definitivamente las fantasías pacifistas, los reflejos neutralistas y las ilusiones de “potencia civil” incompatibles con la realidad de un entorno de seguridad deteriorado donde Rusia actúa como potencia revisionista, China expande su influencia militar global, e Irán alimenta proxies terroristas en tres continentes.

Esta sinceridad brutal también interpela directamente a los gobiernos europeos que han usado durante tres décadas —desde la caída del Muro hasta la invasión de Crimea— el escudo de seguridad estadounidense como subsidio implícito para mantener niveles de defensa muy por debajo de lo sostenible, financiando en su lugar modelos de Estado del bienestar generosos en prestaciones pero estructuralmente deficitarios, evitando las opciones difíciles entre gasto social y gasto militar, y posponiendo sine die la modernización de capacidades militares críticas.

El debate sobre el 5% del PIB no es retórica: implicaría para Alemania pasar de unos 75.000 millones de euros actuales a más de 200.000 millones, para Francia de 50.000 millones a 130.000 millones, para Italia de 30.000 millones a 100.000 millones. Estos incrementos exigen no solo voluntad política sino reformas fiscales, reestructuración de prioridades presupuestarias, reconstrucción de bases industriales de defensa atrofiadas, y recuperación de culturas estratégicas de seguridad que se diluyeron en dos generaciones de europeos socializados en la creencia de que la historia había terminado y la guerra era cosa del pasado.

Perspectivas

Es previsible un refuerzo gradual pero sostenido de la cooperación industrial en defensa dentro del eje transatlántico, con Estados Unidos como proveedor indispensable de capacidades estratégicas críticas —disuasión nuclear extendida, defensa antimisiles balísticos, inteligencia espacial y cibernética, proyección de poder naval— y Europa aportando masa industrial complementaria, innovación tecnológica en nichos específicos, y capacidades terrestres para defensa territorial del flanco oriental, en un modelo de especialización cooperativa más eficiente que la duplicación costosa de capacidades.

El fracaso en traducir las palabras de Rutte y los compromisos formales de las cumbres de la OTAN en presupuestos nacionales reales, contratos industriales firmados y unidades operativas desplegadas, alimentaría peligrosamente las tesis de sectores en Estados Unidos —tanto progresistas aislacionistas como trumpistas unilateralistas— que abogan por un repliegue selectivo, priorización del Indo-Pacífico sobre Europa, y abandono progresivo de compromisos de seguridad heredados de 1949, debilitando mortalmente la credibilidad disuasoria de la OTAN y abriendo tentaciones revisionistas adicionales no solo en Moscú sino también en Pekín respecto a Taiwán y en Teherán respecto al Golfo.

A muy largo plazo, la cuestión existencial para Europa es si puede desarrollar capacidades militares suficientes para disuadir autónomamente una agresión rusa sin presencia estadounidense —escenario que exigiría armas nucleares propias, lo que significa en la práctica nucleares franceses con paraguas extendido creíble a toda la UE, algo política y técnicamente muy complejo— o si aceptará de forma madura y permanente que su seguridad depende estructuralmente de la alianza con Estados Unidos, lo que implica alinear posiciones en otros dossiers estratégicos —China, Irán, comercio— de manera más consistente con los intereses estadounidenses.

6. Recrudecimiento de las protestas en Irán y balance de la represión

Hechos

Las protestas contra el régimen teocrático iraní, originadas en noviembre pasado por la muerte en custodia policial de una joven kurda acusada de llevar mal el hiyab, y extendidas luego a una contestación política más amplia que cuestiona la legitimidad misma del sistema de la República Islámica, continúan en múltiples ciudades pese a una represión de extrema ferocidad que incluye uso sistemático de fuego real contra manifestantes desarmados, detenciones masivas con tortura documentada, ahorcamientos públicos acelerados de activistas tras juicios sumarios, y cortes prolongados de internet y redes sociales para impedir la coordinación y la documentación de abusos.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, elevan ya la cifra de muertos a varios miles desde el inicio del ciclo de protestas —con estimaciones que van desde 3.000 según fuentes conservadoras hasta más de 5.000 según redes de activistas dentro de Irán— subrayando que el balance real es probablemente mucho más alto debido a la censura férrea, el cierre informativo impuesto por Teherán, la ocultación de cadáveres, y las muertes por tortura en centros de detención no reconocidas oficialmente.

Las protestas han evolucionado desde consignas iniciales sobre derechos de las mujeres y libertades civiles hacia demandas explícitas de caída del régimen, con cánticos de “Muerte al Dictador” refiriéndose al Líder Supremo Ali Jamenei, quema de imágenes de Jomeini y Jamenei, y ataques contra símbolos del poder teocrático incluyendo mezquitas controladas por el régimen y oficinas de los Basij, las milicias paramilitares que constituyen la columna vertebral de la represión junto a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.

Implicaciones

El régimen iraní muestra una vez más su naturaleza dual de Estado terrorista hacia dentro y hacia fuera: la misma lógica, los mismos métodos y a menudo los mismos mandos y unidades que alimentan, entrenan y dirigen a Hizbulá en Líbano, las milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y Hamás en Gaza, se aplican sin dilución contra la propia población iraní, convertida en enemiga interna por el simple hecho de exigir derechos básicos, tratada con violencia letal indiscriminada y sometida a un aparato de represión que no distingue entre manifestante pacífico, activista político y combatiente armado.

La combinación inédita de presión social desde abajo —con movilizaciones que han penetrado en barrios tradicionalmente leales al régimen y que incluyen sectores de la clase trabajadora empobrecida por sanciones y corrupción— y presión militar y económica desde fuera (portaaviones estadounidense, sanciones endurecidas, operaciones encubiertas de sabotaje contra infraestructuras militares y nucleares) podría estar erosionando lentamente la cohesión de las élites dirigentes, aunque no hay todavía signos claros de fractura terminal o de deserciones masivas en las fuerzas de seguridad que sostengan el sistema.

El régimen enfrenta un dilema sin salida fácil: si modera la represión para apaciguar la presión internacional y evitar el coste económico de nuevas sanciones, arriesga que las protestas crezcan hasta volverse incontrolables; si mantiene o endurece la represión, consolida su aislamiento internacional, refuerza las sanciones occidentales, justifica la presión militar estadounidense e israelí, y profundiza el odio de amplios sectores de su propia población, especialmente jóvenes urbanos educados y mujeres, que constituyen el futuro demográfico del país.

Perspectivas

A corto plazo, la prioridad de las democracias occidentales debería ser sostener a la sociedad civil iraní mediante todos los medios disponibles —garantizar acceso a información veraz mediante circunvalación de censura, facilitar comunicaciones seguras mediante VPNs y tecnologías anti-censura, dar voz internacional a la diáspora y a activistas, documentar crímenes para futura rendición de cuentas— y simultáneamente limitar la capacidad operativa del aparato represivo mediante sanciones selectivas que golpeen directamente a comandantes de los Basij y de la Guardia Revolucionaria, congelación de activos en el exterior de las élites del régimen, y aislamiento tecnológico que impida acceso a equipos de vigilancia y represión digital de origen occidental.

A medio plazo, la pregunta estratégica fundamental es si el eventual colapso del régimen teocrático será producto de una implosión interna —golpe militar, fractura de élites, colapso económico total, levantamiento popular masivo imposible de reprimir— de una presión internacional sostenida que combine estrangulamiento económico con apoyo a la oposición y amenaza militar creíble, o de una combinación explosiva de ambos factores que desencadene una transición acelerada.

El riesgo mayor es que cualquier transición desordenada, sin plan internacional de estabilización coordinado entre Estados Unidos, Europa, países del Golfo e incluso Rusia, deje un vacío de poder que podrían llenar facciones aún más radicales dentro de la propia Guardia Revolucionaria, grupos yihadistas suníes que buscarían venganza sectaria contra la población chií, o el caos tipo Libia post-Gadafi con fragmentación del Estado, proliferación de milicias y riesgo de que arsenales militares incluyendo componentes nucleares caigan en manos de actores no estatales. De ahí la importancia de que Occidente tenga no solo una estrategia de presión, sino también una estrategia de transición para el día después del régimen.

7. Dimensión global de la guerra en Ucrania: ataques a la infraestructura energética y cortes de luz

Hechos

Los ataques rusos de las últimas horas en Járkov han provocado apagones generalizados que afectan a más de 200.000 viviendas, escuelas, hospitales y servicios básicos, en línea con la campaña sistemática de destrucción de infraestructura energética que Moscú ha intensificado durante los meses de invierno con el objetivo explícito de quebrar la resiliencia de la sociedad ucraniana mediante frío, oscuridad y colapso de servicios esenciales. Los ataques se concentran en subestaciones eléctricas, centrales térmicas, líneas de alta tensión y centros de distribución, utilizando combinaciones de misiles de crucero, misiles balísticos y enjambres de drones que saturan las defensas aéreas ucranianas.

Equipos de emergencia de la compañía eléctrica nacional, reforzados por técnicos extranjeros y apoyo de organismos internacionales, trabajan contra el reloj para restablecer el suministro en medio de temperaturas que en esta época del año descienden habitualmente por debajo de los -10°C en la región de Járkov, recordando la vulnerabilidad estructural de las redes energéticas en un conflicto de alta intensidad donde el enemigo tiene superioridad aérea parcial y capacidad de ataque en profundidad contra toda la retaguardia operativa.

Según datos de operadores energéticos ucranianos, desde octubre de 2022 los ataques rusos han destruido o dañado gravemente aproximadamente el 50% de la capacidad de generación eléctrica del país, obligando a importaciones masivas de electricidad desde países vecinos de la UE, racionamiento planificado en horas pico, y una dependencia crítica de generadores diésel para mantener operativos hospitales, refugios, sistemas de calefacción y servicios de emergencia.

Implicaciones

Más allá del coste humano inmediato —hipotermia, accidentes por oscuridad, colapso de servicios sanitarios en medio de una guerra— estos ataques presionan intensamente a la industria europea de defensa y energía a acelerar la producción y entrega de sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance, baterías antiaéreas, sistemas antimisiles, munición especializada, generadores de emergencia de alta capacidad, equipos de reparación rápida, transformadores de repuesto y componentes críticos de redes eléctricas, integrando cada vez más las dimensiones militar y civil de la resiliencia nacional en una lógica de defensa total.

La guerra en Ucrania demuestra de forma brutal que la energía ya no es solo un vector económico o un instrumento de presión comercial como fue el gas ruso durante décadas, sino un arma directa de guerra híbrida que se añade al arsenal convencional, con lecciones estratégicas que la Unión Europea y la OTAN deberán aplicar urgentemente a la protección de sus propias infraestructuras críticas ante posibles sabotajes coordinados, ciberataques contra sistemas de control industrial, o ataques con misiles de crucero o drones de largo alcance en caso de escalada con Rusia más allá de las fronteras ucranianas.

La campaña rusa contra el sistema energético ucraniano tiene además una dimensión de limpieza étnica y genocidio lento: hacer inhabitables durante el invierno las zonas bajo control ucraniano, forzar desplazamientos masivos de población hacia Europa occidental, crear una crisis humanitaria que erosione el apoyo político europeo a Kiev, y preparar el terreno para futuras anexiones presentando territorios devastados como “liberados” de un gobierno que supuestamente no puede garantizar condiciones mínimas de vida.

Perspectivas

Ucrania seguirá dependiendo de forma crítica de la ayuda occidental masiva y sostenida para mantener operativo su sistema energético, lo que obliga a las capitales europeas, a la Comisión Europea y a instituciones financieras internacionales a planificar suministros de equipos, apoyo técnico especializado, financiación de reparaciones y construcción de capacidad de generación distribuida no solo en ciclos estacionales invierno a invierno, sino en horizontes plurianuales de tres a cinco años, asumiendo que la guerra puede prolongarse y que cada invierno repetirá el patrón de ataques masivos.

La experiencia ucraniana acelerará previsiblemente debates largamente pospuestos en Europa sobre enterramiento masivo de líneas eléctricas de alta tensión para protegerlas de ataques aéreos, creación de redundancias y mallas descentralizadas en redes de distribución que eviten puntos únicos de fallo, protección física reforzada de subestaciones y centrales mediante búnkeres o sistemas antimisiles de punto, y desarrollo de capacidades de generación distribuida mediante renovables y baterías que reduzcan dependencia de grandes centrales vulnerables.

A muy largo plazo, el modelo de guerra energética desarrollado por Rusia en Ucrania será estudiado y replicado por otros actores —China en un eventual conflicto por Taiwán, Irán contra sus vecinos del Golfo, Corea del Norte contra el Sur— lo que obliga a repensar completamente la arquitectura de sistemas energéticos nacionales desde criterios no solo de eficiencia económica, sostenibilidad ambiental o transición energética, sino también de resiliencia militar y capacidad de sostener servicios esenciales bajo ataque prolongado de alta intensidad.

8. Clima extremo y vulnerabilidad de infraestructuras en Estados Unidos

Hechos

Una poderosa tormenta invernal de características excepcionales ha afectado desde el fin de semana a gran parte del sur y el centro de Estados Unidos, con nevadas masivas, acumulaciones de hielo de varios centímetros, y temperaturas extremadamente bajas que han descendido hasta -20°C en zonas normalmente templadas de Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana, dejando a más de 700.000 abonados sin electricidad en el pico de la tormenta, provocando la cancelación de más de 5.000 vuelos comerciales, y causando el cierre de carreteras interestatales importantes y de escuelas en múltiples Estados.

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de acumulaciones de hielo “potencialmente catastróficas” en una franja que va desde Texas hasta las Carolinas, con riesgo de colapso de líneas eléctricas, caída de árboles sobre viviendas y vehículos, e interrupciones prolongadas de suministros básicos, y estima que más de 100 millones de personas —aproximadamente un tercio de la población estadounidense— afrontarán en las próximas 48 horas temperaturas por debajo del punto de congelación, tensionando sistemas de calefacción, redes eléctricas operando al límite de capacidad, y servicios de emergencia saturados.

Este evento climático extremo se produce apenas tres años después de la tormenta invernal de febrero de 2021 que dejó sin electricidad a millones de tejanos durante días, causó más de 200 muertes y expuso la fragilidad de infraestructuras críticas diseñadas para un clima más benigno pero sometidas ahora a variabilidad extrema por cambio climático, con oscilaciones entre olas de calor récord en verano y fríos polares en invierno.

Implicaciones

La recurrencia creciente de fenómenos meteorológicos extremos —huracanes más intensos, sequías prolongadas, inundaciones súbitas, olas de calor y frío fuera de parámetros históricos— pone de relieve la necesidad urgente de modernizar infraestructuras críticas en Estados Unidos, primera potencia mundial, que opera todavía con redes eléctricas, sistemas de agua, carreteras y puentes diseñados en muchos casos hace 50 o 70 años para condiciones climáticas más estables y predecibles, un factor que competirá inevitablemente por recursos presupuestarios y atención política con las prioridades crecientes de gasto en defensa, apoyo a Ucrania y contención de China e Irán, en un contexto de deuda pública récord que limita severamente el margen de acción fiscal.

Los fallos recurrentes de servicios esenciales en Estados federados ya intensamente polarizados —Texas, Florida, Arizona— alimentan narrativas políticas de quienes cuestionan la capacidad del gobierno federal para garantizar bienes públicos básicos, creando caldo de cultivo para populismos de diverso signo: desde la izquierda que atribuye los problemas a privatización excesiva y falta de regulación, hasta la derecha que culpa a transición energética precipitada y abandono de combustibles fósiles fiables, pasando por libertarios que ven en cada fallo estatal confirmación de que el gobierno es ineficiente por naturaleza.

La incapacidad visible de responder con eficacia y rapidez a desastres naturales internos, especialmente cuando se producen imágenes de estadounidenses sin luz ni calefacción durante días en pleno siglo XXI mientras el país despliega portaaviones en el Golfo Pérsico, daña la imagen internacional de Estados Unidos como modelo de capacidad de gestión eficaz y gobierno competente, algo que sus rivales geopolíticos —RT, CGTN, Press TV— explotan propagandísticamente sin pudor para minar la confianza de aliados y audiencias globales en el liderazgo estadounidense.

Perspectivas

Es probable que la Administración federal y los gobiernos estatales impulsen en los próximos meses nuevos paquetes de inversión significativos en resiliencia climática, adaptación de infraestructuras al cambio climático, modernización de redes eléctricas con tecnologías de smart grid, enterramiento de líneas en zonas de alto riesgo, y refuerzo de capacidades de respuesta de emergencia, aunque el margen fiscal será muy limitado por el nivel de deuda pública y las batallas políticas en el Congreso serán intensas sobre prioridades de gasto y modelos de financiación público-privada.

A medio plazo, si los fenómenos extremos se multiplican según predicen modelos climáticos y la respuesta institucional sigue siendo lenta, fragmentada o inadecuada, puede acelerarse una tendencia ya visible de migración interna desde Estados del sur y oeste más vulnerables a sequías, huracanes y calor extremo, hacia Estados del norte y noreste, con consecuencias políticas, económicas y demográficas difíciles de prever pero potencialmente desestabilizadoras para equilibrios electorales, mercados inmobiliarios y cohesión social.

La incapacidad persistente de responder eficazmente a desastres climáticos recurrentes alimentaría narrativas de decadencia nacional, erosionaría la confianza ciudadana en instituciones, y podría acelerar dinámicas de secesión práctica —no formal, pero sí en términos de Estados que asumen cada vez más competencias de forma unilateral, ignoran regulaciones federales o desarrollan políticas completamente divergentes— debilitando la cohesión del país precisamente cuando enfrenta su entorno geopolítico más competitivo y peligroso desde la Guerra Fría.

9. Ecos globales de las capturas y operaciones contra el chavismo y el narcoestado venezolano

Hechos

Informes y análisis recientes en medios especializados en geopolítica sitúan el actual “limbo” político de Venezuela tras la captura por fuerzas especiales estadounidenses de Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen en operación coordinada con gobiernos latinoamericanos aliados, reflejando una fase de transición incierta y potencialmente peligrosa en un país donde el chavismo ha funcionado durante más de dos décadas como narcodictadura híbrida, organización criminal transnacional con estructuras de Estado, y plataforma para proyección de influencia de Rusia, China, Irán y Cuba en el hemisferio occidental.

El debate en foros especializados de análisis geopolítico subraya que la combinación de sanciones sectoriales sostenidas, presión judicial internacional mediante acusaciones de narcotráfico en cortes estadounidenses, cooperación policial y de inteligencia para rastrear activos financieros del régimen ocultos en paraísos fiscales, y operaciones encubiertas de desestabilización y captura selectiva de liderazgos, fueron factores clave para haber debilitado suficientemente el entramado criminal-estatal chavista hasta permitir su eventual desmantelamiento.

Venezuela se encuentra ahora en una situación de gobierno de transición frágil, con instituciones estatales devastadas por décadas de corrupción y clientelismo, fuerzas armadas parcialmente cooptadas por el narcotráfico, economía colapsada con hiperinflación crónica y emigración masiva de un tercio de la población, e infraestructuras petroleras en estado de semi-abandono que requerirán inversiones de decenas de miles de millones de dólares para volver a producir en niveles comparables a los años noventa.

Implicaciones

La experiencia venezolana refuerza empíricamente la tesis realista de que los narco-regímenes —estructuras donde élites políticas, militares y criminales se fusionan en una misma red de poder con economía basada en tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y saqueo de recursos naturales— no ceden por mera persuasión diplomática, presión retórica, condenas en organismos internacionales o sanciones tibias, sino que solo son desmantelados mediante una estrategia integral de presión coordinada que combine estrangulamiento financiero real, seguimiento forense de flujos de capital, cooperación policial transnacional, y, llegado el caso, acción directa quirúrgica contra sus cúpulas cuando estas cometen el error de exponerse fuera de santuarios territoriales.

El vacío de poder actual en Caracas, sin un plan robusto y consensuado de transición democrática, reconstrucción institucional, depuración de fuerzas armadas infiltradas por narco, reactivación económica con inversión externa masiva y reconciliación nacional después de 25 años de polarización brutal, abre ventanas de oportunidad peligrosas para que actores externos hostiles como Rusia, Irán, China o incluso Cuba intenten preservar o afianzar posiciones estratégicas en un país que por sus reservas petroleras masivas —las mayores del mundo— su posición geográfica controlando el Caribe meridional y el acceso norte a Sudamérica, y su potencial como plataforma para operaciones de inteligencia y desestabilización contra Estados Unidos, sigue siendo una pieza codiciada en el tablero global.

Perspectivas

El éxito o fracaso de la transición venezolana en los próximos dos a tres años será inevitablemente una referencia paradigmática para la gestión futura de otros regímenes autoritarios narco-financiados en América Latina, como los aparatos represivos de Cuba —que depende vitalmente de las remesas petroleras venezolanas— y Nicaragua bajo Ortega, que observan el precedente venezolano con evidente inquietud existencial y aceleran medidas de protección de élites y búsqueda de nuevos patrones externos

La comunidad atlántica —Estados Unidos, Unión Europea, aliados latinoamericanos como Colombia, Brasil, Chile, Argentina— debería aprovechar la ventana de oportunidad histórica para promover una economía de mercado abierta, diversificada más allá del petróleo, con Estado de derecho robusto y democracia representativa consolidada en Venezuela, integrando plenamente al país en las cadenas de suministro energéticas occidentales para reducir dependencia de Oriente Medio, conectándolo con arquitecturas de seguridad hemisféricas, y reduciendo dramáticamente su vulnerabilidad histórica frente a penetración de Moscú, Pekín y Teherán que lo han usado como cabeza de puente en el hemisferio.

El fracaso en sostener la transición venezolana por falta de recursos, atención dispersa, o desacuerdos entre actores occidentales sobre modelos de reconstrucción, abriría escenarios oscuros: desde una nueva dictadura militar nacionalista que intente restaurar orden mediante mano dura, hasta fragmentación territorial con zonas controladas por carteles, pasando por un Estado fallido tipo Libia que exportaría inestabilidad, narcotráfico, refugiados y terrorismo a toda la región durante décadas. Dadas las apuestas estratégicas en juego, no apoyar decisivamente la reconstrucción venezolana sería un error geopolítico de primer orden.

COMENTARIO EDITORIAL

La jornada confirma una verdad incómoda que amplios sectores “bienpensantes” de la vieja Europa, instalados en un pacifismo ritual y en una equidistancia moral que no distingue entre agredidos y agresores, siguen sin querer admitir: la historia ha vuelto con toda su crudeza trágica y pretende cobrarse con intereses compuestos los dividendos acumulados de tres décadas de ingenuidad estratégica, irresponsabilidad presupuestaria en defensa, y fantasías sobre el fin de la historia.

Cuando misiles rusos golpean escuelas y jardines de infancia en Járkov dejando a niños ucranianos sin luz ni calefacción en pleno invierno, cuando el portaaviones Abraham Lincoln maniobra frente a un régimen iraní que dispara sin pudor contra sus propios ciudadantes desarmados acumulando miles de muertos, cuando un primer ministro británico viaja a Pekín buscando acuerdos comerciales mientras simultáneamente abre la puerta a revisar la arquitectura de soberanía en Chagos arriesgando un enclave estratégico vital, y cuando las principales economías occidentales acumulan niveles de deuda que amenazan su capacidad de sostener simultáneamente el Estado del bienestar y una defensa creíble, lo que está verdaderamente en juego no es una abstracción académica para seminarios universitarios, sino la continuidad misma del orden liberal que ha dado a Europa y a Occidente su etapa más larga de prosperidad, libertad y paz en toda su historia milenaria.

Frente a este cuadro de amenazas convergentes y recursos limitados, la respuesta no puede ser ni el pacifismo ritual que confunde la paz con la capitulación ante el agresor, ni el populismo irresponsable de tertulia que promete simultáneamente más gasto social, menos impuestos y seguridad mágica sin esfuerzo. Se impone una reafirmación serena pero absolutamente firme de la alianza atlántica como garantía última de nuestra seguridad colectiva, una inversión decidida y sostenida en defensa —no contra pueblos sino contra regímenes que han hecho de la violencia su razón de ser— y una política exterior clara, sin ambigüedades ni equidistancias cobardes, hacia los narcoestados, las teocracias terroristas y los imperios revisionistas que desde Caracas hasta Teherán, pasando por Moscú y Pekín, desafían abiertamente el orden internacional basado en normas que construimos