El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva imponiendo sanciones económicas y restricciones de viaje a personas vinculadas con investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses y aliados como Israel. Se trata de una medida similar a la que implementó durante su primer mandato en 2020.
Sanciones en medio de la visita de Netanyahu
La decisión de Trump coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, quien se ha apresurado a agradecerle a su homólogo estadounidense esta medida. Tanto él como su exministro de Defensa, Yoav Gallant, son objeto de órdenes de arresto de la CPI por la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, aún no se ha confirmado cuándo se anunciarán los nombres de las personas sancionadas.
En su primera administración, Trump ya había recurrido a este tipo de medidas contra la CPI. En 2020, su gobierno sancionó a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a un alto asesor en respuesta a la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán.
Respuesta de la CPI
La Corte Penal Internacional ha condenado este viernes la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos que impone sanciones a sus funcionarios, calificándola de ataque a la independencia del tribunal. La CPI reafirmó su compromiso con la justicia e instó a sus 125 Estados miembros y a la comunidad mundial a oponerse a la medida. «La Corte se mantiene firme con su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes», reza el comunicado.
¿Cómo afectan las sanciones?
Las medidas incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos de los individuos sancionados, así como la prohibición de ingreso al país tanto para ellos como para sus familiares.
La CPI, que cuenta con 125 países miembros, tiene la facultad de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión cuando ocurren en el territorio de los Estados firmantes o son cometidos por sus ciudadanos. Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte del tribunal.
Respaldo republicano y bloqueo demócrata
Trump emitió la orden después de que los senadores demócratas bloquearan un intento republicano de aprobar una legislación que estableciera un régimen de sanciones permanentes contra la CPI.
Ante la posibilidad de sanciones, el tribunal ha tomado precauciones. Según fuentes de Reuters, la CPI ha adelantado el pago de los salarios de su personal por tres meses para mitigar el impacto de posibles restricciones financieras que podrían afectar su funcionamiento.
En diciembre, la jueza Tomoko Akane, presidenta del tribunal, advirtió que las sanciones estadounidenses podrían debilitar la operatividad de la CPI y comprometer su existencia.
Rusia también ataca a la CPI
Estados Unidos no es el único país que ha tomado represalias contra la CPI. En 2023, el tribunal emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por el presunto crimen de guerra de deportar ilegalmente a niños ucranianos. En respuesta, Rusia prohibió la entrada al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y colocó a él y a dos jueces del tribunal en su lista de personas buscadas.
Con estas nuevas sanciones, la administración Trump refuerza su postura contra la CPI y su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y aliados, dejando abierta la puerta a futuras acciones en caso de nuevas investigaciones.