El Pentágono rompe con la Harvard "woke": cancela becas y entrenamiento militar

El Pentágono ha decidido cortar por lo sano: Harvard dejará de formar a oficiales del Ejército estadounidense a partir del curso 2026-2027. La medida pone fin a décadas de programas conjuntos, becas y estancias de oficiales en la universidad más prestigiosa del país, convertida ahora en símbolo de todo lo que la Administración Trump denuncia como “woke” y “globalista”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue explícito: Harvard “ya no responde a las necesidades del Departamento de Guerra ni de los servicios armados”. La acusación va mucho más allá de lo académico y se instala de lleno en la guerra cultural: el Pentágono sostiene que los oficiales regresan de Cambridge con “ideologías radicales” que no mejoran la capacidad de combate.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca mantiene un pulso paralelo por la financiación: ya ha recortado miles de millones en fondos federales de investigación y exige ahora 1.000 millones de dólares como condición para estudiar una posible normalización. Harvard, que ha llevado el caso a los tribunales y acumula ya dos victorias en primera instancia, denuncia una campaña de represalia política.

El resultado es un choque frontal sin precedentes entre el poder militar y el académico en Estados Unidos, con implicaciones que van mucho más allá de un solo campus y que pueden reconfigurar la relación entre la élite universitaria y el Estado federal.

Una ruptura sin precedentes en la historia reciente

El anuncio del Pentágono no es un ajuste técnico, sino una ruptura institucional de gran calado. Desde hace décadas, Harvard ha sido uno de los destinos preferentes para la formación avanzada de oficiales estadounidenses, especialmente a través de programas en la Escuela de Gobierno y en centros especializados en seguridad y relaciones internacionales.

A partir del curso 2026-2027, el Departamento de Defensa dejará de enviar a sus oficiales a cualquier programa dependiente de la universidad: se cancelan la formación militar de posgrado, las becas individuales y los certificados específicos diseñados para mandos intermedios y altos. Solo se respetará la situación de quienes ya están cursando estudios, que podrán terminar su programa actual pero no renovar ni ampliarlo.

La decisión llega tras meses de tensión larvada entre la institución y la administración federal, que ya había forzado una revisión interna de los convenios y presionado para que Harvard aceptara condiciones políticas sobre contenidos, enfoques y selección de profesores. La universidad se negó a introducir esos filtros y defendió su autonomía académica como línea roja.

Lo que hasta hace poco se negociaba en despachos discretos salta ahora al primer plano con un mensaje claro: el Gobierno está dispuesto a utilizar toda su capacidad de contratación y financiación para disciplinar a las universidades que considera alineadas con agendas ideológicas contrarias a su visión.

Del prestigio académico al “enemigo ideológico”

El comunicado de Hegseth no deja margen para la ambigüedad. «Demasiados de nuestros oficiales han vuelto pareciéndose demasiado a Harvard», afirmó, en alusión a lo que describe como “ideologías globalistas y radicales” presentes en el campus. En un mensaje en redes sociales, remató: «Harvard es woke; el Departamento de Guerra no».

La retórica encaja de lleno en la campaña de la Administración Trump contra lo que denomina “Estado profundo académico”. Harvard ha sido desde el primer mandato uno de los blancos favoritos del presidente, que la presenta como el epicentro de una élite desconectada del país real. La brecha se ensanchó después de que la universidad rechazara una serie de exigencias del Ejecutivo el pasado abril, entre ellas cambios en sus órganos de gobierno y compromisos explícitos sobre determinados contenidos.

El resultado ha sido una escalada gradual: primero, recortes de miles de millones en financiación federal para proyectos de investigación; después, intentos de restringir la llegada de estudiantes extranjeros; ahora, la desconexión de la estructura de formación militar. Cada paso refuerza el mensaje de que el Gobierno está dispuesto a utilizar todo su arsenal administrativo para doblegar a las instituciones académicas que percibe como hostiles.

Paradójicamente, el propio Hegseth es exalumno de Harvard: cursó allí un máster que, años después, devolvió en un gesto televisado, escribiendo «Return to sender» sobre el diploma. El episodio, rescatado ahora por las cuentas oficiales del Pentágono, busca subrayar la idea de una “desilusión” convertida en política de Estado.

Qué programas se cancelan y a quién afecta

La ruptura afecta a un conjunto amplio de iniciativas que, en algunos casos, llevaban más de 30 años funcionando. En la práctica, el Pentágono dejará de financiar:

• Plazas para oficiales en programas de posgrado en políticas públicas, seguridad y administración.

• Becas y estancias de investigación de uno o dos años en centros especializados.

• Certificados de liderazgo y gestión adaptados a mandos militares.

Fuentes académicas estiman que, en un año normal, entre 150 y 250 oficiales pasaban por alguna de estas modalidades, con un coste directo para el Departamento de Defensa que podía rondar los 20-30 millones de dólares anuales, incluyendo matrículas, manutención y sustitución temporal de los mandos en destino.

Más allá de las cifras, el impacto es cualitativo. Estos programas generaban una red informal de contactos entre el mundo militar, la academia y el sector privado, alimentando un ecosistema en el que los oficiales se exponían a debates sobre política exterior, economía y tecnología con profesores y compañeros de todo el mundo.

Al cortar esa vía, el Pentágono apuesta por reforzar la formación interna en colegios de guerra y centros militares propios, más alineados con la visión estratégica del Gobierno actual. La cuestión de fondo es si la institución castrense gana cohesión ideológica a costa de perder exposición al pensamiento crítico y a los cambios que se están produciendo en un entorno internacional cada vez más complejo.

Un conflicto entre “woke” y libertad académica

La Casa Blanca justifica su ofensiva contra Harvard alegando que la universidad ha tolerado, e incluso alimentado, sesgos contra estudiantes judíos y voces conservadoras en el campus. Bajo ese argumento, presenta los recortes de fondos y la retirada de programas militares como un castigo legítimo a una institución que no habría cumplido sus obligaciones legales.

Harvard ofrece un relato radicalmente distinto. Sostiene que está siendo objeto de represalia política por negarse a asumir la agenda ideológica de la Administración y por proteger la libertad académica. La universidad ha presentado ya dos demandas federales contra el Gobierno, en las que denuncia la violación de la Primera Enmienda y del principio de separación de poderes. En ambas, los jueces de primera instancia le han dado la razón, emitiendo órdenes que frenan temporalmente las medidas más agresivas del Ejecutivo.

El Gobierno ha recurrido esas decisiones, abriendo un nuevo frente jurídico que puede prolongarse durante meses. Mientras tanto, la batalla se libra también en la esfera pública: la acusación de “antisemitismo tolerado” convive con las denuncias de acoso político a la libertad académica.

En ese contexto, la retirada del Pentágono funciona como una señal dirigida al resto de la educación superior: si Harvard, con su peso simbólico y recursos, puede sufrir un castigo de esta magnitud, cualquier otra universidad sabe que la línea que separa el debate ideológico de las sanciones materiales se ha vuelto mucho más fina.

El golpe económico y reputacional para la universidad

La desconexión con el aparato militar se suma a una ofensiva económica de enorme envergadura. En los últimos años, la Administración ha recortado miles de millones de dólares en financiación federal a Harvard, afectando a proyectos de investigación en campos tan diversos como la inteligencia artificial, la biomedicina o la transición energética.

Ahora, el presidente eleva el listón: exige 1.000 millones de dólares como parte de cualquier acuerdo para restaurar una parte de los fondos. La cifra duplica la cantidad que el propio Trump había planteado en negociaciones previas y funciona como gesto político tanto como como herramienta de presión.

Para una institución con un endowment superior a los 40.000 millones de dólares, el impacto no es inmediato en términos de supervivencia, pero sí altera su modelo de financiación y su margen de maniobra. Menos fondos federales significan más dependencia de donantes privados, muchos de los cuales pueden tener sus propias agendas o líneas rojas políticas.

En el plano reputacional, el daño es doble. Por un lado, Harvard se convierte en símbolo de resistencia frente a la injerencia política; por otro, corre el riesgo de ser percibida por una parte del país como una burbuja ideológica ajena a las preocupaciones de la mayoría. Ese equilibrio entre prestigio elitista y legitimidad social se vuelve cada vez más delicado.

Qué se juega el Pentágono en la batalla educativa

La ofensiva contra Harvard plantea también interrogantes sobre el futuro de la propia formación militar. Durante décadas, el Ejército estadounidense ha combinado la educación en academias y colegios de guerra con estancias en universidades civiles de primer nivel. Esa mezcla producía, en teoría, mandos capaces de moverse tanto en el campo de batalla como en los centros de decisión política y económica.

Al romper con Harvard y anunciar que revisará programas similares en otras universidades de la Ivy League, el Pentágono se aleja de un modelo basado en la exposición a visiones diversas y se orienta hacia una formación más homogénea e ideológicamente alineada con el discurso de la actual Administración.

Sus defensores argumentan que, en un contexto de competencia geopolítica intensa, lo prioritario es reforzar la cohesión doctrinal y evitar lo que consideran “contaminación ideológica” procedente de campus dominados por el progresismo. Sus críticos replican que un ejército de grandes dimensiones necesita mandos capaces de comprender entornos complejos, manejar herramientas académicas avanzadas y dialogar con aliados y socios que no comparten los códigos internos de la institución castrense.

La cuestión no es menor: más de 10.000 oficiales estadounidenses pasan cada año por algún tipo de formación en instituciones civiles dentro y fuera del país. Lo que hoy ocurre con Harvard puede ser el primer paso hacia una redefinición profunda de esa relación, con consecuencias a largo plazo para la forma en que Estados Unidos piensa y ejecuta su política de defensa.