Alberto Mera: “Bitcoin descuenta ya el fracaso rotundo de la Ley de Claridad de Cripto”
La gran ley estadounidense para ordenar el mercado de criptoactivos encara su momento más delicado.
La Clarity Act necesita respaldo bipartidista, superar el umbral de 60 votos en el Senado y resolver las diferencias entre varios textos legislativos antes del receso de agosto.
Los mercados de predicción reducen ya su probabilidad de aprobación en 2026 a alrededor del 41%. Mientras Washington negocia, Wall Street ha tomado la delantera: Morgan Stanley acaba de habilitar operaciones directas con Bitcoin, ether y solana.
La regulación permanece bloqueada, pero el negocio ya no espera.
La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2025 la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como HR 3633. El proyecto llegó al Senado con el objetivo de crear una estructura federal para la emisión y negociación de activos digitales, pero su recorrido se ha complicado por las divisiones políticas y por la necesidad de armonizarlo con las propuestas de los comités bancario y agrícola.
El 7 de agosto no constituye una fecha de caducidad jurídica, sino un límite político próximo al receso estival. Superarlo reduciría notablemente el tiempo disponible antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La división no es tan sencilla
Presentar la ley como un reparto en el que la CFTC controla Bitcoin y la SEC todas las altcoins resulta demasiado simplificador. El texto pretende otorgar a la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas autoridad sobre los mercados al contado de aquellos tokens considerados “materias primas digitales”.
La SEC conservaría competencias sobre valores, ofertas de inversión y activos comercializados mediante contratos sujetos a la legislación bursátil. La batalla real consiste, por tanto, en determinar cuándo un token deja de representar una inversión en un proyecto y pasa a negociarse como una materia prima descentralizada. Esa frontera condiciona costes, registros y responsabilidades legales.
Bitcoin tiene menos que perder
Bitcoin parte con ventaja porque existe un consenso regulatorio mucho mayor sobre su consideración como commodity. La incertidumbre afecta de manera más intensa a los emisores de tokens, plataformas de intercambio y protocolos descentralizados que todavía desconocen qué supervisor puede reclamar jurisdicción sobre sus operaciones.
Por ello, un fracaso legislativo no expulsaría necesariamente a Bitcoin del sistema financiero estadounidense. Los fondos cotizados, los productos de inversión y la demanda institucional continuarían funcionando bajo normas existentes. Las mayores víctimas serían los proyectos situados en la frontera entre valor financiero, utilidad tecnológica y materia prima digital.
Las stablecoins ya tienen una ley
La idea de que las stablecoins quedarían completamente desprotegidas sin la Clarity Act también necesita matices. Estados Unidos aprobó en 2025 la GENIUS Act, que estableció requisitos federales para los emisores de monedas vinculadas al dólar, incluidas reservas, registro y obligaciones de transparencia.
Lo pendiente es cómo interactúan esas monedas con plataformas DeFi, programas de recompensas y mercados secundarios. El conflicto entre bancos y empresas cripto se concentra especialmente en los rendimientos ofrecidos a los usuarios, que las entidades tradicionales consideran una alternativa poco regulada a los depósitos.
Morgan Stanley rompe la espera
Morgan Stanley ha demostrado hasta qué punto la adopción institucional avanza por una vía distinta. Su plataforma E*Trade permite ya comprar y vender directamente Bitcoin, ether y solana mediante una cuenta conectada con la empresa de infraestructura Zerohash.
El servicio aplica una comisión del 0,5% por operación y amplía una estrategia que incluye un fondo propio de Bitcoin y futuros productos vinculados a ether y solana. E*Trade dispone de alrededor de ocho millones de clientes, una escala capaz de trasladar los criptoactivos desde los círculos especializados hasta la banca minorista.
El bloqueo tiene un coste económico
La ausencia de una norma común obliga a las empresas a interpretar decisiones judiciales, orientaciones administrativas y reglas diseñadas antes de la aparición de las redes descentralizadas. El resultado son más abogados, mayores reservas de capital y proyectos que pueden trasladarse a jurisdicciones con marcos definidos.
La experiencia histórica muestra que una aplicación agresiva de la legislación estadounidense puede desplazar actividad hacia Europa y otros mercados. Un estudio sobre ofertas iniciales de monedas detectó un aumento medio cercano a 14 operaciones mensuales adicionales en regiones europeas tras el endurecimiento estadounidense iniciado en 2017.
No habrá un apagón hasta 2030
Un fracaso antes del receso no congelaría automáticamente la legislación durante cuatro años. El Congreso podría retomar el texto tras las elecciones, presentar una nueva versión o aprobar disposiciones parciales. Sin embargo, un cambio en la composición de las cámaras obligaría probablemente a reconstruir acuerdos y reiniciar parte de la negociación.
El problema no es la desaparición inmediata de Bitcoin. Es la posibilidad de que la innovación institucional avance más rápido que las garantías para consumidores y empresas. Wall Street puede operar gracias a sus recursos jurídicos; las compañías pequeñas no disfrutan de ese margen. La Clarity Act decidirá menos el futuro de Bitcoin que quién puede participar en él sin asumir una incertidumbre regulatoria prohibitiva.
