OpenAI ofrece a Trump el 5% y abre una guerra por la IA
La propuesta trasladaría parte del capital al Estado norteamericano y convertiría los beneficios futuros de la inteligencia artificial en un asunto político de primer orden.
Un 5% de OpenAI en manos del Gobierno de Estados Unidos. Esa es la idea que Sam Altman ha puesto sobre la mesa en conversaciones iniciales con la Administración Trump, según el Financial Times. El movimiento, todavía preliminar, va mucho más allá de una operación corporativa: plantea que los ciudadanos participen en las plusvalías de la inteligencia artificial y que Washington entre, aunque sea de forma limitada, en el capital de una de las compañías más influyentes del mundo tecnológico. La consecuencia es clara: la IA deja de ser solo una carrera empresarial para convertirse en una cuestión de soberanía económica.
Un 5% cargado de significado
La cifra parece modesta, pero su alcance político es enorme. Una participación del 5% no daría al Gobierno el control de OpenAI, pero sí abriría la puerta a un precedente inédito: que el Estado participe directamente en el valor creado por empresas privadas de inteligencia artificial.
Según la información publicada, Altman habría defendido que la propiedad pública permitiría que los ciudadanos compartieran los beneficios financieros de la IA. Lo más relevante no es solo la propuesta, sino los interlocutores: el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent. La compañía estaría buscando encaje político en un momento en el que la IA concentra inversiones, empleo cualificado, consumo energético y poder geoestratégico.
El Estado entra en Silicon Valley
El planteamiento supone un giro cultural para Estados Unidos. Durante décadas, Silicon Valley creció sobre una premisa clara: innovación privada, financiación privada y beneficios privados. Sin embargo, la inteligencia artificial rompe ese equilibrio porque sus efectos pueden extenderse al mercado laboral, la defensa, la sanidad, la educación y la seguridad nacional.
Este hecho revela una tensión de fondo. Si la IA genera una nueva ola de riqueza comparable a internet o al petróleo, Washington quiere evitar que todo el valor quede concentrado en un puñado de accionistas. La propuesta recuerda, en parte, a los fondos soberanos: el Estado captura una porción del crecimiento y la redistribuye, directa o indirectamente, a la población.
Presión política y blindaje regulatorio
La lectura empresarial también es evidente. Para OpenAI, ceder una participación minoritaria podría funcionar como seguro político. En un sector expuesto a controles regulatorios, investigaciones antimonopolio y presiones por seguridad, tener al Gobierno como socio reduce riesgos y mejora la posición negociadora.
Sin embargo, el coste reputacional no es menor. Una empresa que nació con una misión de beneficio amplio podría ser acusada de buscar protección institucional justo cuando su poder económico se dispara. El diagnóstico es inequívoco: la IA ya no compite solo por usuarios o modelos más potentes; compite por legitimidad ante el Estado.
El efecto sobre Anthropic, Google y Meta
El plan podría extenderse a otros desarrolladores estadounidenses de IA, aunque no está claro que rivales como Anthropic, Google o Meta acepten una fórmula semejante. Ahí aparece el principal problema: si OpenAI entrega un 5% y sus competidores no lo hacen, el mercado podría interpretar la operación como una ventaja política encubierta o como una cesión asimétrica.
El contraste resulta delicado. Google y Meta ya son gigantes cotizados, con accionistas, consejos de administración y reglas bursátiles muy definidas. Anthropic, por su parte, compite en el mismo terreno estratégico que OpenAI. Obligar, incentivar o sugerir participaciones públicas en varias compañías abriría un debate jurídico de gran calado.
El precedente Sanders
La propuesta llega en un clima político cada vez más receptivo a la idea de propiedad pública sobre la IA. El senador Bernie Sanders ha defendido un fondo soberano estadounidense que tomaría una participación del 50% en grandes empresas de inteligencia artificial mediante un impuesto extraordinario sobre acciones. La diferencia con el plan atribuido a OpenAI es abismal: 5% voluntario frente a 50% obligatorio.
Ese contraste explica el movimiento. Una cesión limitada puede ser una forma de anticiparse a propuestas más agresivas. En otras palabras: entregar una porción pequeña hoy para evitar una intervención mayor mañana. Lo más grave para las empresas no sería la pérdida de capital, sino la pérdida de autonomía estratégica.
La riqueza de la IA, en disputa
El fondo del debate no es técnico, sino distributivo. ¿Quién debe capturar el valor de una tecnología entrenada con datos masivos, apoyada en infraestructuras críticas y con potencial para sustituir millones de tareas? La respuesta tradicional del mercado ya no convence a todos.
Si la productividad aumenta, pero los salarios no acompañan, la presión política crecerá. Si las compañías concentran beneficios mientras la automatización destruye empleos administrativos, jurídicos o creativos, el Estado tendrá incentivos para reclamar una parte. La IA promete eficiencia, pero también puede acelerar una concentración de riqueza difícil de justificar socialmente.
Un pacto todavía incierto
Las conversaciones están en fase inicial y podrían requerir encaje legal o incluso aprobación del Congreso, según las informaciones publicadas. Nada garantiza que la propuesta prospere. Pero el mensaje ya está lanzado: OpenAI asume que su futuro no dependerá solo de servidores, modelos y clientes, sino también de Washington.
La compañía intenta situarse en el centro de un nuevo contrato económico: innovación privada, participación pública y reparto parcial de las ganancias. El problema es que, una vez abierta esa puerta, será difícil cerrarla. La inteligencia artificial ya no se mide únicamente en parámetros, chips o ingresos recurrentes. También se medirá en poder. Y el poder, tarde o temprano, siempre acaba entrando en política.
