España, entre fondos bloqueados y Cercanías colapsadas

La sensación de “nada funciona” empieza a instalarse en la conversación pública española, pero lo hace de forma silenciosa, casi resignada. Tras meses de aparente calma social, las incidencias en infraestructuras clave –con Cercanías y Rodalies a la cabeza– han reabierto una pregunta incómoda: ¿dónde están los más de 120.000 millones de euros prometidos por la Unión Europea para modernizar el país? Mientras los usuarios encadenan retrasos, cancelaciones y averías, el relato oficial de éxito en la gestión de los fondos contrasta con la experiencia diaria de miles de ciudadanos. En ese hueco crece un malestar sordo, que la oposición intenta capitalizar y que apunta a un problema de fondo: mucha recaudación, poca sensación de servicio.

Fondos europeos que no llegan al andén

La cifra se repite como un mantra: más de 120.000 millones de euros en fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación y a distintos programas de cohesión y transición verde. Sobre el papel, una parte significativa debería destinarse a infraestructuras, movilidad sostenible y digitalización de servicios públicos. Sobre el terreno, la percepción mayoritaria es otra: el viajero que se queda tirado en un Cercanías no ve el menor rastro de esa lluvia de dinero.

Los datos oficiales hablan de porcentajes crecientes de “compromisos” y “convocatorias resueltas”, pero el ciudadano de a pie sólo ve dos variables: si el tren llega o no, y cuánto tiempo pierde cada semana. El desajuste entre anuncios de inversión y resultados visibles alimenta la sospecha de que una parte de los fondos se diluye en capas administrativas, consultorías, proyectos piloto y digitalizaciones parciales que tardan años en transformarse en mejoras tangibles.

La pregunta se repite en tertulias y redes: “Si tenemos tantos fondos, ¿por qué sigo tardando más en llegar al trabajo que hace diez años?”. No es un debate técnico, es una cuestión de credibilidad del Estado como gestor de recursos extraordinarios.

Cercanías y Rodalies, el símbolo de la desinversión acumulada

Pocas infraestructuras sintetizan mejor el malestar que Cercanías Madrid, Cercanías Barcelona y Rodalies. En algunas líneas, las asociaciones de usuarios contabilizan decenas de incidencias al mes, con retrasos recurrentes, averías en material rodante, fallos en señalización y saturación en horas punta. Cada cancelación supone miles de personas reubicadas, teletrabajo de emergencia o pérdida de horas efectivas de trabajo.

La red de proximidad arrastra un problema estructural: durante años, la prioridad inversora se ha centrado en alta velocidad y grandes proyectos, mientras se posponían renovaciones de vías, catenarias, estaciones y sistemas de control en los núcleos más utilizados a diario. El resultado es una especie de doble velocidad: infraestructuras de vanguardia para recorrer 600 kilómetros en poco más de dos horas y una red de cercanías donde un trayecto de 25 kilómetros puede convertirse en una incógnita diaria.

En este contexto, el ciudadano percibe los fondos europeos como la última oportunidad para corregir una desinversión acumulada que ya no se puede ocultar con campañas de comunicación. Cada incidente añade presión para que se explique cuánto dinero nuevo está llegando, en qué plazos y con qué objetivos concretos en la red de cercanías.

Opacidad percibida y auditorías que no llegan

La gestión de los fondos europeos no sólo se discute en clave de eficacia, sino también de transparencia. La negativa reiterada a abrir la puerta a auditorías independientes de amplio alcance alimenta la idea de una “caja negra” donde sólo unos pocos saben qué se aprueba, qué se ejecuta realmente y en qué condiciones.

El Gobierno esgrime la existencia de controles comunitarios, mecanismos internos de la intervención general y la revisión del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la complejidad técnica de los procedimientos, la fragmentación en múltiples ministerios y comunidades autónomas y la ausencia de informes de lectura sencilla para la ciudadanía convierten el sistema en prácticamente ininteligible para el público general.

El resultado es una ecuación peligrosa: más dinero, más complejidad y la sensación de menos control ciudadano efectivo. La demanda de transparencia no se limita a la publicación de PDFs, sino a la posibilidad de seguir el rastro del euro, desde que llega de Bruselas hasta que se transforma –o no– en una vía renovada, un hospital modernizado o una escuela con mejores recursos.

La oposición eleva el tono: Abascal y el mensaje de “nada funciona”

En este caldo de cultivo, la oposición intenta articular el malestar difuso en una narrativa política. En un acto público en Alcañiz, el líder de Vox, Santiago Abascal, puso voz al diagnóstico más duro: “no se trata simplemente de callar, sino de exigir que se investigue a fondo”. Su mensaje no se limita al juego partidista clásico; apunta a la “esencia misma” de cómo se gestionan los recursos y servicios públicos.

Abascal se apoya en una percepción que va más allá del electorado de su partido: la idea de que, mientras los ciudadanos sienten que pagan más por casi todo, los servicios básicos se degradan. Su reclamación de investigaciones exhaustivas y explicaciones claras conecta con una demanda transversal: saber qué falla en la ejecución, no solo escuchar que la culpa es de “cuellos de botella” o “trámites europeos”.

Otros partidos de la oposición, con un tono distinto, convergen en un punto: la necesidad de evaluación independiente y de rendición de cuentas regular sobre la ejecución de los fondos y el estado real de las infraestructuras.

Hacienda, la única maquinaria que parece funcionar

En medio del coro de “nada funciona”, hay una excepción casi unánime, aunque teñida de ironía: el Ministerio de Hacienda. Incluso entre quienes critican la gestión global, pocos dudan de su eficacia recaudatoria. Los ingresos tributarios baten récords año tras año, con subidas de recaudación de dos dígitos en algunos ejercicios, impulsadas por la inflación, la recuperación del empleo y una mayor presión sobre determinadas figuras.

El contraste es llamativo: Hacienda funciona como un reloj; otros servicios públicos, no tanto. Para muchos ciudadanos, la ecuación se reduce a un mensaje contundente: más impuestos, menos servicios. Aunque el resumen simplifica una realidad compleja, refleja una sensación extendida de desequilibrio: el Estado parece muy eficiente para cobrar, pero mucho menos para transformar esos recursos en mejoras visibles en transporte, sanidad o educación.

Este desequilibrio abre un debate más profundo sobre prioridades presupuestarias, eficiencia del gasto y capacidad de ejecución. No se trata sólo de cuánto se recauda, sino de qué retorno percibe el contribuyente en forma de servicios.

Sanidad, carreteras y educación: los otros frentes del desgaste

El ferrocarril es el foco más visible, pero no el único. En la sanidad pública, varias comunidades autónomas llevan meses advirtiendo de plantillas ajustadas al límite, listas de espera crecientes y dificultad para cubrir plazas en atención primaria y especialidades clave. En carreteras, se acumulan quejas por baches, falta de mantenimiento y retrasos en obras de mejora. En educación, directores de centros señalan problemas de infraestructuras envejecidas y recursos insuficientes para atender a aulas cada vez más complejas.

Ninguno de estos sistemas está colapsado, pero todos muestran signos de desgaste simultáneo. La percepción de “mal servicio” no se ciñe a una anécdota, sino a una trayectoria: pequeñas incidencias que dejan de ser excepciones y pasan a formar parte de la normalidad. La suma de esos “microfallos” diarios alimenta una sensación de declive estructural, difícil de revertir solo con mensajes de optimismo o con anuncios de inversiones futuras.

Una tensión social silenciosa, pero acumulativa

El elemento más inquietante del momento es que la tensión social no se manifiesta, de momento, en grandes explosiones, sino en una mezcla de cansancio, desafección y descreimiento. No se ven manifestaciones masivas todos los días, pero crece un clima en el que la confianza en la capacidad del sistema para corregirse se erosiona.

El riesgo no es sólo de protesta puntual, sino de desconexión ciudadana: menos participación, más voto de castigo, más espacio para discursos que señalan al conjunto del sistema como inservible. En ese contexto, la gestión de los fondos europeos y de las infraestructuras se convierte en una prueba decisiva: o se traducen en mejoras visibles en los próximos años, o se consolidará la idea de que España ha desaprovechado la que probablemente sea la mayor oportunidad de inversión pública en décadas.