Trump congela 2.100 millones en obras de infraestructura de Chicago
El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de EE. UU., Russell Vought, anunció la paralización de 2.100 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura en Chicago, citando que esos contratos podrían incurrir en criterios basados en raza. Entre los proyectos afectos figuran expansiones del metro y modernización de líneas esenciales. Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para condicionar financiamiento a ciudades gobernadas por demócratas durante una coyuntura de cierre parcial del gobierno federal.
La estabilidad del tejido urbano y la promesa de mejoras en transporte público en Chicago recibieron un fuerte golpe cuando la Administración de Donald Trump suspendió 2.100 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), justificó la decisión para “asegurar que los fondos no fluyan mediante contratos basados en raza”. Entre los planes afectados se encuentran la extensión de la línea roja del metro y obras de modernización de las líneas roja y púrpura.
La medida no es aislada: apenas unos días antes, el gobierno federal detuvo 18 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York bajo argumentos similares. Al observar esta pauta, queda claro que la administración busca imponer una nueva interpretación normativa sobre criterios de contratación pública, particularmente en ciudades con gobiernos demócratas. La autoridad federal ha insinuado su intención de aprovechar el cierre parcial del gobierno para recortar de forma permanente proyectos en jurisdicciones consideradas “antagonistas”.
El argumento de Vought —y del gobierno— se asienta en la denuncia de que ciertos contratos locales aplican prácticas discriminatorias de contratación prometiendo beneficios especiales para empresas pertenecientes a minorías raciales, prácticas conocidas como “discriminación positiva” o “affirmative action”. Sin embargo, los opositores ven en esta maniobra un nuevo instrumento político para debilitar estructuras locales y recortar inversiones en ciudades desfavorables al partido republicano.
Para Chicago, los efectos son significativos: la extensión de la línea roja del metro y la modernización de líneas estratégicas no solo representan mejoras urbanas, sino también proyectos con alto retorno social y económico. Las interrupciones pueden retrasar años planes de movilidad, generar pérdidas millonarias en contratistas locales y deteriorar la confianza de inversores.
Por otro lado, el hecho de que proyectos federales puedan quedar sujetos a una revisión ideológica de criterios contractuales abre incertidumbres para planificadores, autoridades estatales y distritos. No basta con obtener aprobación técnica: los proyectos deberán demostrar que no emplean criterios raciales como condición de asignación, lo que implicará auditorías, redefiniciones de requisitos y potenciales litigios.
Desde la óptica política, esta estrategia se inscribe en una ofensiva más amplia del Gobierno federal contra entidades locales con mayorías demócratas. El empleo del cierre gubernamental como herramienta para condicionar el financiamiento revela una voluntad de fragmentar la distribución de recursos y centralizar el control sobre los fondos federales con criterios alineados al partido en el poder.
Las cláusulas de no discriminación y la supervisión federal ganarán protagonismo en los próximos meses, mientras que los estados y ciudades deberán ajustar sus políticas de contratación para no quedar descalificados de recibir fondos. También veremos con atención si tribunales federales intervienen para definir los límites constitucionales de esta revisión, en especial cuando entra en juego la autonomía local.
En definitiva, la decisión de paralizar 2.100 millones en Chicago no es solo un recorte presupuestario: es una señal política y regulatoria que redefine las reglas del juego entre el gobierno federal y las urbes, condicionando no solo qué proyectos se ejecutan, sino cómo y bajo qué criterios.
