Cárcel y latigazos: las nuevas sanciones de Singapur contra la importación de vapers
El Gobierno de Singapur ha aprobado un endurecimiento sin precedentes de las penas por la importación y venta de cigarrillos electrónicos. Desde septiembre de 2025, los infractores podrán enfrentarse a décadas de prisión, castigos físicos y fuertes sanciones económicas.
Singapur ha vuelto a mostrar su determinación de mantenerse como uno de los países más estrictos en materia de control sanitario y consumo de tabaco. A partir del 1 de septiembre de 2025, entrarán en vigor nuevas medidas que buscan frenar el comercio ilegal de vapers y dispositivos electrónicos con sustancias prohibidas, como el etomidato, popularmente conocido como K-pods.
El marco legal endurecido contempla penas de hasta 20 años de cárcel y 15 latigazos para quienes importen estos productos al país. En el caso de los vendedores locales, la sanción podrá alcanzar hasta 10 años de prisión y 5 latigazos, lo que convierte a Singapur en una de las jurisdicciones más severas del mundo frente al vapeo ilegal.
El régimen sancionador también afecta al consumidor final. Los adultos que porten cigarrillos electrónicos no autorizados deberán pagar multas de hasta 700 dólares singapurenses (unos 389 dólares estadounidenses), mientras que los menores serán sancionados con 500 dólares singapurenses (aproximadamente 233 dólares). Para los reincidentes, las sanciones económicas pueden ascender a 2.000 dólares singapurenses.
Las autoridades han sido claras: la medida no solo busca desalentar el consumo, sino cortar de raíz las redes de importación que han proliferado en los últimos años. “El vapeo no tiene cabida en Singapur, y cualquier intento de introducir estos dispositivos será castigado con el máximo rigor”, señalaron fuentes gubernamentales.
Además, el impacto se extiende a los extranjeros que residan en el país. En caso de infringir la normativa, se enfrentarán no solo a sanciones penales, sino también a la expulsión inmediata y la pérdida de derechos de residencia.
Con esta política, el Gobierno singapurense refuerza su estrategia de salud pública, alineada con un enfoque de tolerancia cero hacia las drogas y sustancias nocivas. En un contexto en el que el vapeo se ha normalizado en gran parte del mundo, Singapur mantiene su línea dura, convencido de que las medidas extremas son necesarias para proteger a su población.
