Trump: petróleo sancionado a precio de mercado y control del dinero para Venezuela y EE. UU.

En un mensaje que redefine el concepto de tutela económica, Donald Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que ese crudo “de alta calidad y sancionado” se venderá a precio de mercado, no a descuento.
Lo más llamativo no es solo el volumen, sino la arquitectura financiera: los ingresos, entre 1.800 y 3.000 millones de dólares según la horquilla de precios actual, quedarán bajo el control directo del propio presidente, que se arroga la responsabilidad de decidir cómo se usarán “para beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.
Trump ha ordenado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar el plan “de inmediato”, utilizando buques de almacenamiento que llevarán el crudo directamente a terminales estadounidenses.
La jugada va mucho más allá de un simple contrato de suministro: inaugura un modelo en el que un país sancionado cede recursos estratégicos mientras la caja se gestiona desde la Casa Blanca, con consecuencias profundas para la gobernanza venezolana, el mercado global de crudo y el equilibrio geopolítico.

Un anuncio sin precedentes: petróleo y caja en manos de Washington

El texto del mensaje de Trump no deja espacio para interpretaciones amables. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos”, afirma, en una fórmula que rompe con los esquemas habituales de cooperación financiera o ayuda internacional.
Hasta ahora, los ingresos por exportaciones —aunque estuvieran sometidos a supervisión o cuentas bloqueadas— permanecían vinculados institucionalmente al país de origen, gestionados por bancos centrales, ministerios de Finanzas o fondos de reconstrucción supervisados por organismos multilaterales.

En este caso, el diseño es otro:

• El volumen de crudo se sitúa entre 30 y 50 millones de barriles, equivalente a entre un día y medio y casi tres días de consumo de petróleo de Estados Unidos, que ronda los 20 millones de barriles diarios.

• Los ingresos previstos se mueven en una horquilla de 1.800 a 3.000 millones de dólares, tomando como referencia precios en torno a los 60 dólares por barril.

• Y la llave de esos fondos la tendrá directamente el Despacho Oval, no un fondo de transición ni una agencia internacional.

Este hecho revela un salto cualitativo: Estados Unidos ya no se limita a sancionar o desbloquear activos; ahora administra los ingresos futuros de un recurso que sigue siendo propiedad soberana de otro país, según el derecho internacional.

Petróleo “sancionado” a “precio de mercado”: la paradoja

Trump recalca que se trata de “High Quality, Sanctioned Oil” que se venderá a “Market Price”. La combinación es paradójica. Un producto bajo sanciones suele negociarse con descuentos significativos respecto a las referencias internacionales (Brent, WTI), precisamente porque no todos los compradores están dispuestos a asumir el riesgo jurídico y reputacional.

Sin embargo, el esquema que plantea la Casa Blanca persigue lo contrario:

• El sello estadounidense elimina el riesgo para el comprador, que adquiere un crudo ya “blanqueado” por Washington.

• Al mismo tiempo, Estados Unidos captura la prima de precio, vendiendo ese barril al mismo nivel que cualquier otro en el mercado abierto.

De este modo, el coste reputacional y legal se transforma en una renta económica para quien controla la sanción, no para el país sancionado. Venezuela aporta el recurso; Estados Unidos captura el diferencial entre el precio deprimido que se pagaría en la sombra y el precio pleno que permite su paraguas jurídico.

La consecuencia es clara: el petróleo sancionado deja de ser un lastre y se convierte en un activo político de alto rendimiento para la potencia que domina el sistema financiero y el comercio marítimo.

La caja bajo llave en la Casa Blanca

Que el propio presidente se reserve el control del dinero abre un amplio abanico de interrogantes. ¿En qué se gastará? ¿Qué mecanismos de auditoría existirán? ¿Quién representará a los venezolanos en la toma de decisiones?

En teoría, Trump sostiene que los fondos se usarán para “beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, una formulación deliberadamente vaga. Esto podría traducirse en:

• Programas de ayuda humanitaria condicionada, canalizados a través de organizaciones seleccionadas por Washington.

• Contratos preferentes para empresas estadounidenses, tanto en infraestructuras como en servicios energéticos.

• O incluso usos internos en Estados Unidos, como rebajas fiscales sectoriales o inversiones en refino, justificadas como “beneficio indirecto” para la comunidad venezolana.

Sin un marco transparente, el riesgo es que la línea entre gestión pública y uso político del dinero se difumine. El precedente de fondos controlados desde el Ejecutivo, sin contrapesos parlamentarios claros ni participación del país de origen, abre un debate serio sobre la calidad democrática de este tipo de decisiones y sobre la capacidad real de los venezolanos para influir en el destino de su propio recurso.

Golpe a China, Rusia y a la vieja arquitectura de PDVSA

El acuerdo energético no puede entenderse sin el telón de fondo geopolítico. Durante años, China, Rusia, Irán y Cuba fueron los principales apoyos de Caracas, tanto en financiación como en compra de crudo y asistencia técnica. El nuevo esquema diseñado por Trump busca desplazar a esos actores y sentar las bases de un monopolio de facto estadounidense sobre la producción exportable venezolana.

Al centralizar los ingresos en Estados Unidos, la Casa Blanca:

• Debilita la capacidad de Pekín y Moscú para recuperar préstamos e inversiones pactados en épocas anteriores.

• Reorienta el flujo de barriles hacia puertos estadounidenses, restando volumen disponible para contratos de largo plazo con Asia.

• Y se reserva la capacidad de premiar o castigar a la cúpula venezolana según su grado de alineamiento, restringiendo o ampliando futuros paquetes de crudo.

En paralelo, la vieja PDVSA estatizada queda relegada a un papel instrumental, sin acceso directo a la mayoría de las divisas. El control del grifo —y de la caja— ya no estará en Caracas, sino en Washington, al menos en lo que respecta a los volúmenes incluidos en este acuerdo.

Impacto limitado en precios, enorme en señales

En términos puramente cuantitativos, 30-50 millones de barriles no son suficientes para mover de forma duradera el mercado global del petróleo, que consume del orden de 100 millones de barriles diarios. Es, como mucho, un paquete equivalente a medio día de consumo mundial.

Sin embargo, su valor reside en la señal:

• A corto plazo, los anuncios han contribuido a que el Brent pierda el umbral de los 60 dólares, reforzando la percepción de que no hay escasez estructural de crudo pese a las tensiones geopolíticas.

• A medio plazo, el mensaje a otros países sancionados —Irán, Rusia— es directo: si aceptan la tutela económica de Estados Unidos, pueden transformar parte de su petróleo “tóxico” en barriles plenamente negociables.

Para los mercados financieros, el movimiento refuerza la idea de que la Casa Blanca está dispuesta a utilizar la maquinaria de sanciones y licencias no solo como castigo, sino como herramienta de reconfiguración de cadenas de valor. Eso añade una prima de riesgo político a cualquier proyecto energético que dependa de regímenes cuestionados por Washington.

El coste en términos de soberanía venezolana

Desde la perspectiva de Venezuela, la ecuación es mucho menos halagüeña. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, cerca del 18 % del total, pero el acuerdo con Estados Unidos convierte una parte de esas reservas en instrumento de negociación bajo control extranjero.

El Gobierno interino, acorralado por la crisis económica y por la necesidad de reconocimiento internacional, puede presentar el acuerdo como única vía rápida para obtener liquidez y aliviar la emergencia humanitaria. Pero el precio político es mayúsculo:

• Renuncia práctica a decidir cómo se usan los ingresos de su principal recurso.

• Reconocimiento implícito de que la legitimidad interna no basta sin la bendición de Washington.

• Y consolidación de una imagen de país administrado desde fuera, que lastra la capacidad de negociar en igualdad de condiciones con otros socios en el futuro.

La pregunta que se hacen muchos venezolanos es simple: si el dinero lo decide otro, y el petróleo también, qué queda realmente dentro de la soberanía nacional.