Alex Saab cae: el golpe financiero más duro a Maduro

En un operativo coordinado que pocos veían posible, agentes del FBI y fuerzas venezolanas han detenido a Alex Saab, el empresario colombiano señalado desde hace años como uno de los principales operadores financieros del chavismo. No se trata —subrayan fuentes judiciales— de un arresto más, sino del intento más serio hasta ahora de romper el blindaje económico que ha sostenido al círculo de Nicolás Maduro en plena crisis del país.
La operación se ha saldado también con la captura de Raúl Gorrín, magnate de medios y empresario buscado por la justicia federal de Florida, acusado de participar en tramas de corrupción y blanqueo de capitales vinculadas a la cúpula bolivariana. Juntos, Saab y Gorrín concentraban el control de estructuras societarias y financieras por las que habrían circulado más de 350 millones de dólares en contratos opacos y esquemas de cambio.
La pregunta, ahora, es si este movimiento es el inicio de un verdadero desmantelamiento de la arquitectura económica del chavismo o sólo un golpe quirúrgico para renegociar poder y sanciones.

Un golpe al corazón financiero del chavismo

La captura de Saab no es un caso aislado, sino el resultado de años de investigaciones cruzadas en Estados Unidos, Colombia y Europa sobre la financiación del régimen venezolano. Para los instructores del caso, el empresario encarnaba algo más que un simple contratista: era el engranaje que permitía convertir contratos públicos inflados en divisas, propiedades y sociedades offshore lejos del escrutinio interno.

En el dosier que manejan las autoridades se habla de redes que abarcan al menos 15 jurisdicciones, con sociedades abiertas y cerradas en un plazo de apenas cinco años, cuentas en paraísos fiscales y operaciones trianguladas que pasaban por bancos europeos, latinoamericanos y asiáticos. En la práctica, Saab se convirtió en el intermediario imprescindible cuando las sanciones y el colapso económico dejaron al chavismo sin acceso al circuito financiero convencional.

La coordinación entre el FBI y agentes venezolanos —impensable hace apenas un par de años— añade otra capa de lectura: el operativo sugiere que una parte del aparato de seguridad en Caracas ha decidido sacrificar a figuras emblemáticas de la corrupción a cambio de ganar margen de maniobra ante Washington. El mensaje hacia dentro es igual de contundente: si cae el hombre que conocía las cuentas, nadie está a salvo.

El operador en la sombra: así funcionaba la red Saab

Alex Saab llevaba años en el radar de las unidades antilavado. Su nombre aparecía vinculado a contratos millonarios para la importación de alimentos, materiales de construcción y suministros médicos, muchos de ellos adjudicados sin concurso y con sobreprecios que superaban, según informes de investigadores, el 100% del valor real. La fórmula era siempre la misma: el Estado pagaba en divisas preferenciales, el proveedor entregaba productos de peor calidad o en menor cantidad, y la diferencia se perdía en una cadena de sociedades fantasma.

En paralelo, la Fiscalía de Colombia había documentado operaciones de blanqueo por al menos 25 millones de dólares entre 2004 y 2011, utilizando empresas de exportación textil como pantalla. A partir de 2013, ya bajo el paraguas del Gobierno de Maduro, el volumen de dinero movilizado se disparó. En algunos años, según fuentes financieras, las compañías vinculadas a Saab llegaron a registrar crecimientos de tres dígitos, imposibles de justificar con actividad real.

La estructura operativa combinaba ocho o diez empresas de fachada en distintas jurisdicciones, testaferros locales y una red de bancos dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de comisiones. El diagnóstico es inequívoco: Saab no era un “empresario exitoso” al uso, sino el arquitecto de una maquinaria diseñada para extraer recursos de un Estado en crisis y ponerlos a salvo lejos de las fronteras venezolanas.

Raúl Gorrín, la otra pieza clave que cae

La detención de Raúl Gorrín en la misma operación amplifica el alcance del golpe. Gorrín, dueño de un importante canal de televisión venezolano y señalado desde hace años por la justicia estadounidense, estaba acusado de haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de acceso privilegiado al sistema de cambio oficial. Ese esquema le habría permitido adquirir dólares baratos y revenderlos a precios de mercado, generando ganancias extraordinarias en un país devastado por la hiperinflación.

La justicia federal en Florida lo perseguía por conspiración para lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con penas que podían superar los 30 años de prisión. Su captura en territorio venezolano, y en coordinación con agentes estadounidenses, indica una fractura interna en el aparato que lo protegía hasta ahora.

La combinación Saab–Gorrín es demoledora para el chavismo. Entre ambos controlaban canales críticos para: colocar deuda, mover fondos de programas sociales, operar el negocio de los alimentos subsidiados y gestionar activos en el exterior. Para los analistas, la doble detención equivale a “cerrar el grifo” de buena parte de los ingresos extraordinarios que mantenían cohesionadas a las élites políticas y militares.

Consecuencias inmediatas para el régimen de Maduro

En términos políticos, el arresto de Saab reconfigura el equilibrio de fuerzas en Caracas. Nicolás Maduro pierde a uno de sus hombres de máxima confianza en materia financiera, mientras otros actores —militares, altos funcionarios y nuevos empresarios leales— se mueven para ocupar ese espacio.

A corto plazo, el riesgo para el régimen es doble. Por un lado, se complica la capacidad de esquivar sanciones y de seguir importando bienes críticos a través de circuitos grises, lo que puede traducirse en más escasez y presión sobre una población que ya arrastra años de contracción económica superior al 70% del PIB acumulado. Por otro, la detención envía un mensaje peligroso para las élites: la lealtad al sistema no garantiza inmunidad eterna.

El chavismo intentará presentar el caso como una muestra de voluntad de lucha contra la corrupción, tratando de convertir un golpe impuesto desde fuera en un gesto propio de “limpieza interna”. Sin embargo, lo más probable es que el relato choque con una realidad evidente: durante más de una década, el Estado fue el principal facilitador de los negocios que ahora se califican de delictivos.

El laberinto judicial: de Florida a los tribunales internacionales

Desde el punto de vista judicial, el caso Saab abre un laberinto procesal que podría alargarse años. Estados Unidos lo vincula a operaciones de lavado por más de 350 millones de dólares, canalizados a través de bancos en Florida y Europa, y a esquemas de sobreprecio en contratos de vivienda y alimentos. Venezuela, por su parte, tratará previsiblemente de retener jurisdicción y minimizar la cooperación, salvo que decida utilizar su figura como moneda de cambio en negociaciones más amplias.

La eventual extradición —o un acuerdo de cooperación judicial— podría tener efectos en cascada. Si Saab decide colaborar, podría aportar documentación y testimonios sobre cuentas, sociedades y beneficiarios finales en diversos países. Esto pondría bajo presión no sólo a jerarcas del chavismo, sino a intermediarios financieros, despachos de abogados y bancos que facilitaron las operaciones.

En paralelo, el caso alimentará los expedientes abiertos en instancias internacionales, donde se investiga el presunto desvío sistemático de recursos de programas sociales —como la distribución de alimentos subvencionados— hacia redes de corrupción. La frontera entre caso penal y causa política será, una vez más, difusa.

Riesgos económicos y sociales para Venezuela

El impacto económico de la detención no se limita a las altas esferas. La ruptura de canales informales de financiación puede agravar, a corto plazo, el acceso a divisas para importaciones esenciales. Durante años, estructuras como las de Saab suplieron, de forma opaca, parte de las carencias del Estado venezolano en la obtención de alimentos, medicinas o repuestos industriales.

Si esos canales se cierran de golpe, sin alternativas transparentes, el país podría enfrentarse a nuevos episodios de escasez y subidas de precios, con una inflación que ya se mueve de forma crónica en tasas de dos y tres dígitos anuales. La población, que no participó ni se benefició de los esquemas de corrupción, corre el riesgo de pagar otra vez la factura.

Sin embargo, a medio plazo, la caída de estos “gestores en la sombra” podría abrir espacio para reformas mínimas de transparencia: contratos más vigilados, mayor control parlamentario, acuerdos supervisados por organismos multilaterales. El contraste con otros países de la región que han afrontado escándalos similares —como Brasil tras la Lava Jato— resulta demoledor: sin instituciones sólidas, el riesgo es que la red se regenere con nuevos nombres.

La batalla por la cooperación y las delaciones

Una de las incógnitas centrales es si Saab estará dispuesto a colaborar con la justicia a cambio de reducir una eventual condena, que podría superar los 20 años de cárcel en el caso de que se le apliquen todos los cargos de lavado y conspiración. Su conocimiento detallado de contratos, flujos de dinero y beneficiarios lo convierte en una pieza extremadamente valiosa tanto para fiscales como para servicios de inteligencia.

“Si Saab habla, el mapa del dinero del chavismo puede quedar al descubierto en cuestión de meses”, advierten fuentes jurídicas conocedoras de tramas similares. Pero ese escenario implicaría también riesgos personales y familiares para el empresario, cuya red de intereses se extiende a propiedades, empresas y socios en varios países.

Estados Unidos intentará, previsiblemente, presentar la cooperación como un caso ejemplar de lucha contra la corrupción transnacional, mientras que Caracas hará todo lo posible por deslegitimar cualquier confesión como “montaje” o “extorsión judicial”. Entre ambas narrativas, se jugará buena parte de la batalla por la opinión pública dentro y fuera de Venezuela.