El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo, condenado a 23 años de prisión
Un tribunal de Seúl ha condenado a 23 años de cárcel al ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, por su papel en el intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial a finales de 2024. La sentencia subraya que su pasividad y respaldo implícito fueron determinantes en un episodio que puso en jaque al orden constitucional del país.
Una sentencia de gran calado político
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó este miércoles una de las sentencias más severas de la historia política reciente del país al condenar a Han Duck-soo, ex primer ministro, a 23 años de prisión. El fallo está directamente vinculado a su implicación en el intento de imponer la ley marcial impulsado por el entonces presidente Yoon Suk Yeol a finales de 2024, un episodio que sacudió los cimientos institucionales de Corea del Sur.
Nada más conocerse la sentencia, Han fue detenido y trasladado bajo custodia, en una imagen que simboliza la contundencia del mensaje lanzado por la Justicia surcoreana frente a cualquier intento de subvertir el orden democrático.
“La insurrección pudo haberse evitado”
En su argumentación, el tribunal fue especialmente duro con el ex primer ministro. “La insurrección podría haberse evitado si Han hubiera cumplido con su deber”, señalaron los jueces, subrayando que su responsabilidad no fue solo por acción, sino también por omisión.
Según la sentencia, lejos de oponerse a la iniciativa presidencial, Han aprobó de facto las actuaciones de Yoon al no mostrar ningún tipo de resistencia institucional. Para el tribunal, esta falta de oposición resultó clave para que el intento de imponer la ley marcial avanzara durante horas críticas.
El papel clave del Gobierno en la crisis
Uno de los elementos más graves recogidos en el fallo es que Han aceptó una propuesta del entonces ministro del Interior, Lee Sang-min, que contemplaba cortar el suministro de electricidad y agua a los medios de comunicación. Esta medida, de haberse ejecutado plenamente, habría supuesto un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información.
Los jueces consideraron probado que el ex primer ministro no solo conocía estas propuestas, sino que no hizo nada para frenarlas, contribuyendo así a la escalada de un plan que el tribunal califica como insurreccional.
Un intento de ley marcial sin precedentes recientes
El intento de imponer la ley marcial a finales de 2024 supuso un shock político y social en Corea del Sur, un país con una historia marcada por regímenes autoritarios en el siglo XX, pero que desde hace décadas se presenta como una democracia consolidada en Asia.
La iniciativa de Yoon Suk Yeol fue percibida como un retroceso histórico y provocó protestas masivas, una rápida reacción del Parlamento y una respuesta judicial que ahora culmina con condenas de gran dureza para los principales responsables.
La situación judicial de Yoon Suk Yeol
El expresidente Yoon Suk Yeol ya fue condenado anteriormente a cinco años de prisión en una primera sentencia relacionada con estos hechos. Sin embargo, su situación judicial dista de estar cerrada. Yoon aún espera el veredicto de otros procesos abiertos, en uno de los cuales la Fiscalía ha solicitado incluso la pena de muerte.
Este dato subraya la magnitud de la crisis institucional vivida por Corea del Sur y la determinación del sistema judicial de depurar responsabilidades al más alto nivel del Estado.
Un mensaje claro del poder judicial
La condena a Han Duck-soo envía un mensaje inequívoco: la Justicia surcoreana no tolerará la pasividad ni la complicidad de altos cargos frente a intentos de ruptura constitucional. El tribunal dejó claro que la responsabilidad de un primer ministro no se limita a ejecutar órdenes, sino que incluye la obligación de defender el orden democrático.
Expertos legales destacan que esta sentencia sienta un precedente relevante, al considerar penalmente responsable no solo al impulsor directo de la medida, sino también a quienes, desde posiciones clave, permitieron que avanzara.
Repercusiones políticas e institucionales
En el ámbito político, la condena ha reabierto el debate sobre los límites del poder ejecutivo y los mecanismos de control dentro del Gobierno. Diversos partidos han reclamado reformas para reforzar los contrapesos institucionales y evitar que una concentración excesiva de poder pueda derivar en crisis similares.
Asimismo, la sentencia ha sido recibida como una reafirmación del Estado de derecho, tanto dentro como fuera del país, en un momento en que varias democracias afrontan tensiones internas y desafíos autoritarios.
Una democracia puesta a prueba
El caso Han-Yoon ha puesto de manifiesto que incluso democracias consolidadas pueden verse amenazadas desde dentro. La respuesta judicial, firme y sin concesiones, busca cerrar una de las páginas más oscuras de la política surcoreana reciente y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
Para muchos analistas, la dureza de la condena refleja no solo la gravedad de los hechos, sino también la voluntad del sistema de marcar un antes y un después frente a cualquier intento de imponer soluciones de fuerza al margen de la legalidad.
Un precedente con alcance internacional
Más allá de Corea del Sur, el caso es observado con atención por la comunidad internacional. La condena de un ex primer ministro a 23 años de prisión por su papel en un intento de ley marcial constituye un precedente contundente en la defensa judicial de la democracia.
El episodio deja una lección clara: la responsabilidad política y penal alcanza a todos los niveles del poder cuando se pone en riesgo el orden constitucional.
